El extraño caso de la reforma laboral

La reforma laboral, que debía ser una de las medidas estrella de la legislatura, acabó siendo un esperpento, un galimatías y una astracanada, que de todo hubo en la sesión parlamentaria del 3 de febrero. Una cuestión tan decisiva como esta encontró un escenario en el que unos no llegan a cumplir lo que prometen, los que parecían amigos dejan de serlo, se reconcilian los antaño enemigos, otros traicionan y al final aparece en escena un actor no previsto que decanta el resultado. Un extraño caso -podría ser el título de la obra- Valle Inclán diría que “El sentido trágico de la vida española sólo puede darse con una estética sistemáticamente deformada”.

El Gobierno, dividido en el proceso previo de negociación, logró un acuerdo con la patronal y los sindicatos CCOO y UGT. Los pros y contras de ese acuerdo los analizamos en Sin Permiso, reconociendo los avances en el terreno de la negociación colectiva y en las medidas contra la precariedad y temporalidad, pero teniendo muy en cuenta que el gobierno se saltaba su promesa de derogar la reforma del PP y, por lo tanto, se dejaba en la gatera medidas importantes impuestas por el PP, como la reducción de la cuantía del despido, la potestad de las empresas para seguir decidiendo sobre los procesos de reestructuración, la eliminación de los salarios de tramitación o la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales.

El acuerdo debía ser validado en el Parlamento, por lo que se necesitaba reunir la mayoría necesaria. El Gobierno quizás pensó que una reforma apoyada por la CEOE debilitaría los argumentos de las derechas. ¡Error! También que, como CCOO y UGT estaban de acuerdo, a las otras fuerzas de izquierdas no les quedaría otro remedio que apoyarla. ¡Otro error! Ya durante todo el proceso previo de negociación se ninguneó al llamado bloque de investidura, las fuerzas de izquierdas, soberanistas e independentistas que han ido dando apoyo parlamentario al Gobierno. Se ninguneó también a otras fuerzas sindicales con enorme peso en sus comunidades, como el País Vasco y Galicia. Si, además, no se derogaba la reforma del PP de 2012, el conflicto estaba servido.

Cuando una cosa no empieza bien es fácil que no acabe bien. En ciertos partidos y organizaciones sindicales cuesta reconocer que el bipartidismo pasó de moda, que existen diferentes nacionalidades en el Estado español y distintas opciones y sensibilidades que hay que tener en cuenta y que hay que trabajar para lograr acuerdos. Los trágalas no funcionan. Enseguida se pudo comprobar que no era tan histórico el acuerdo y que las condiciones impuestas por la CEOE de no tocar una coma del acuerdo aún harían más difícil reunir la mayoría suficiente. ¿Qué se podía negociar si no era posible modificar nada? Ya de por sí es más que discutible que el Parlamento, donde se dice que reside la soberanía nacional, no pueda enmendar una ley que le presentan. Así, los que no elige el pueblo impusieron sus condiciones en el acuerdo -en sus propias palabras, manteniendo las cuestiones más importantes de la reforma del PP- y, posteriormente, asegurándose de que el Parlamento no cambiara nada. La votación dio 175 síes por 174 noes, gracias a que un diputado del PP se equivocó.

Fracaso de la geometría variable

Las cabezas pensantes del PSOE resucitaron la idea, siempre acariciada, de un acuerdo con Ciudadanos al que sumar otras fuerzas de derecha, como el PDCAT, lo que queda del pujolismo catalán, o incluso la UPN, el viejo reaccionarismo y centralismo navarro. Recordemos que ya se tuvieron que repetir las elecciones en 2019 porque Sánchez prefería pactar con C,s antes que con Unidas Podemos, haciendo caso omiso a la militancia socialista, que gritaba “¡Con Rivera, no!”. Finalmente, las urnas no le dejaron otra opción que el acuerdo con Unidas Podemos y el apoyo de lo que se viene denominando bloque de investidura (ERC, PNV, Bildu, Más País, Compromís, Teruel Existe). Era otra ocasión -pensaron los cerebros- de volverlo a intentar. Y se le encargó la tarea a Félix Bolaños, actual ministro de Presidencia, al mismo que cosechó el rotundo fracaso de la operación Murcia (un intento de desbancar al PP en la región mediante un acuerdo PSOE-C,s, que desencadenó elecciones en Murcia y en Madrid, con la victoria de Ayuso). ¡Pues se ha vuelto a lucir!

¿Qué se podía negociar con el PNV y las izquierdas, si no se podía tocar una coma? O aceptaban el trágala o nada. Y fue nada. Así que el PSOE, y detrás todo el Gobierno, claro, cambiaron de aliados y se fueron a buscar votos en las derechas (C,s, PDCat y UPN). Unos fueron leales y otros les traicionaron (como también pasó en Murcia), y el desastre aún hubiera sido mayor si un diputado del PP no se hubiera equivocado. Lo dicho, se necesita un Valle Inclán del siglo XXI.

De lo que no hay duda es de que la única gobernabilidad posible, la única mayoría parlamentaria real es la del bloque de investidura. Todas las demás opciones son ficticias y, además, dividen y debilitan a las izquierdas, y lo que se necesita para enfrentarse a las derechas es cumplir los compromisos con los votantes, desmontar el entramado neoliberal y antidemocrático que impuso el PP de Rajoy, trabajar y colaborar con los aliados y reforzar así el bloque de izquierdas, soberanista e independentista.

Corrupción

Como es inevitable en este régimen, las operaciones políticas o económicas importantes llevan aparejados algunos o muchos elementos de corrupción. El rey emérito ha dado buenas lecciones; con el tamayazo el PP compró a dos diputados socialistas para poder mantener su poder en la Comunidad desde hace casi 30 años; el PP ha sido condenado varias veces por corrupción y con numerosos juicios pendientes; la Convergencia de Pujol prácticamente desaparecida por sus comisiones del 3%; los diputados de Murcia de C,s que fueron comprados por el PP para evitar perder el gobierno de la Comunidad; los socialistas andaluces que fueron condenados por el abuso de los ERE, y ahora los dos diputados de UPN, comprados también por el PP, y quizás por Vox, pues ambos grupos sabían que iban a votar en contra saltándose el acuerdo de la dirección de su partido.

No hay duda de que la principal responsabilidad es del corrompido y de quien lo compra, pero, conociendo el percal de lo que se mueve por la vida política de las derechas, no era imprevisible lo sucedido. Los mismos diputados de UPN jugaron al ratón y al gato durante la jornada de la votación, pero también es irresponsable el intercambio de cromos realizado por los dirigentes socialistas. Porque ese supuesto voto que no cuajó se prometió a cambio de que los socialistas no reprobaran al alcalde de Pamplona (de UPN) por unas bochornosas declaraciones al estilo de Vox contra jóvenes inmigrantes, y a cambio de 27 millones de inversión para la ciudad. O sea, para contentar a la CEOE no se podía cambiar una coma del acuerdo, pero sí se podían ir ofreciendo “compensaciones” para reunir unos votos.

Y para que el espectáculo fuera completo, el diputado que se equivocó en la votación, Alberto Casero, no es un simple diputado de a pie, es responsable de organización del PP, mano derecha del segundo de a bordo, Teodoro García Egea, y, ¡cómo no!, como buen dirigente del PP, tiene pendiente una causa judicial por presunta prevaricación en contratos públicos cuando era alcalde de Trujillo, entre 2011 y 2019. El círculo parece cerrarse: algo huele a podrido, que diría el bardo inglés.

Se podía derogar

Se ha utilizado la supuesta presión de la Unión Europea para defender el limitado contenido de la reforma acordada, condición para recibir parte de los fondos europeos prometidos. Pero la presión de la UE se limitaba a lo relativo a contratación y temporalidad, no al resto de lo que la CEOE ha logrado mantener. Y, sin embargo, se podría haber derogado, se podría haber ido más allá. Tanto las organizaciones sindicales (algunas tan importantes como ELA, LAB o CIG, u otras como CGT) como las izquierdas parlamentarias querían mejorar el acuerdo, querían cumplir con lo que el Gobierno había prometido. Incluso Más País y Compromís, que votaron a favor, lo hicieron declarando que el acuerdo no era de su entera satisfacción.

El diputado de Bildu, Oskar Matute, en su intervención parlamentaria recogió las propuestas que hubieran permitido el acuerdo. Propuso desde la tribuna: “Recuperar y establecer la prevalencia y prioridad aplicativa de los acuerdos y convenios colectivos provinciales y autonómicos, junto al blindaje jurídico de los acuerdos interprofesionales autonómicos allá donde existan […] que se incorporara a esta ley la necesaria autorización administrativa ante los despidos colectivos o expedientes de regulación de empleo. Bien saben de lo que hablo los trabajadores de PCB, de Tubacex, de Arcelor, de Arnova y de cientos y cientos de empresas. […] Planteábamos que se especificara, en el marco de esta ley o reforma, una revisión y modificación de la causalidad y procedimientos del despido, así como de los procesos de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, para que se dejen de esgrimir de una vez por todas las razones de causa económica, técnica y organizativa como el cajón o desván donde pueden meter los derechos y las vidas de los y las trabajadoras para seguir optimizando sus beneficios empresariales. […] incorporar en el texto la recuperación de la indemnización por despido improcedente de cuarenta y cinco días y un tope de cuarenta y dos mensualidades, lo que había antes de la reforma del 2012. […] recuperar los salarios de tramitación para los despidos improcedentes, para que ningún trabajador sea chantajeado en un largo periplo judicial”.

Son propuestas concretas y posibles, y había mayoría parlamentaria para hacerlo, pero no se ha hecho, quizás porque la voz de la CEOE pese más que cualquier parlamento o necesidad de miles y miles de trabajadores y trabajadoras afectados. Y no solo eso: se ha sabido que el jefe de la CEOE, Garamendi, aseguró al PNV que ellos aceptaban la prevalencia del convenio autonómico sobre el estatal, una de las condiciones que hubiera permitido el voto favorable del PNV y quizás de otras fuerzas políticas, pero parece que el PSOE prefirió seguir jugándosela con C,s. Lo contrario a una política que pudiera reforzar a las izquierdas, al sindicalismo y también al mismo bloque de investidura.

¿Decidirán los jueces?

Quizás nunca sepamos si el lapsus freudiano del diputado del PP fue o no intencionado, dado que sabían que los diputados de UPN iban a votar en contra, pero las derechas siguen subidas a la parra y quieren que los jueces decidan por el Parlamento, por el Gobierno y por los agentes sociales. ¡Atención! Todo puede pasar con este esperpéntico panorama.

¿Hace falta recordar que fue el Tribunal Constitucional quien se cepilló el Estatut catalán? ¿Es necesario decir que en estas semanas los jueces pretenden recortar la normativa que el Gobierno había preparado sobre la ley de vivienda, antes incluso de que se discutiera en el Parlamento? ¿O quizás recordar las sentencias sobre los violadores de la manada? No olvidemos que en su momento el PP se jactó de que controlaba por detrás alguna de las salas del Tribunal Constitucional. No subvaloremos ni al Poder Judicial ni a quien dice controlarlo.

Mirar hacia adelante

Lo que ha ocurrido en torno a la reforma laboral ha dejado un mal regusto y desconfianza. Quienes la apoyan tienen que aceptar que las cosas no han transcurrido por donde deseaban, y aunque sigan cantando sus bondades, no será un camino fácil. Las leyes pueden ayudar, pero sin la presión y la movilización no se llega muy lejos. Y a eso tendrán que ponerse todas las izquierdas y el sindicalismo, y para seguir desmontando las políticas del PP habrá que seguir luchando, por más complicado que sea después de lo sucedido.

Pero también hay que dejar de acusar y amenazar al otro (como lamentablemente se está haciendo en algunas redes sociales) y volver a poner sobre la mesa los problemas y las decisiones que hay pendientes, que no son pocas: ley de vivienda, derogación de la Ley Mordaza (¿esta sí que se derogará?), la mesa de diálogo con Cataluña, la transición ecológica, la aplicación de los fondos europeos, combatir la desigualdad social y la violencia de género contra las mujeres, qué hacer con la monarquía y abrir una perspectiva republicana. Y todo esto necesita del bloque de investidura. Los Comunes en Cataluña amenazaron con retirar el apoyo parlamentario (que básicamente fue en los Presupuestos) al Gobierno de la Generalitat. ¿Qué pretenden, que ERC amenace con retirarse del bloque de investidura?

Aunque a veces aparezcan escondidos en la realidad de cada día, el fondo de la polarización y los numerosos conflictos en la sociedad española tiene que ver con la debilidad del régimen político y con su falta de respuestas para la mayoría. Las derechas gritan y gritan y emponzoñan el clima político porque quieren dar un giro más neoliberal y más antidemocrático; algunas izquierdas se atan al actual régimen monárquico pensando que es mejor aguantar que buscar una salida más democrática, republicana y de ejercicio efectivo de los derechos… Y, sin embargo, lo que puede permitir dar un giro favorable a las clases trabajadoras es abrir una perspectiva de cambio social y democrático. A esto valdría la pena dedicar y aunar todos los esfuerzos.