El escándalo del Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz demuestra que es imperativo legislar de manera decisiva para excluir por completo el capital privado del sector público.
Por Marta Vital | 4/12/2025
En un giro que ha sacudido el debate sobre la sanidad en España, han salido a la luz unos audios comprometedores del consejero delegado del Grupo Ribera, Pablo Gallart, quien gestiona el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz en Madrid. En estas grabaciones, Gallart ordena a sus directivos reducir la actividad asistencial, rechazar pacientes y alargar las listas de espera para maximizar los beneficios económicos de la empresa, apuntando a un margen de «cuatro o cinco millones» de euros. Sin embargo, este escándalo no debería sorprender a nadie. La privatización de la sanidad pública, impulsada por modelos como el de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid, implica precisamente eso: colocar un servicio esencial y básico para la población en manos de empresas privadas cuyo objetivo primordial es el lucro, a menudo en detrimento de la calidad asistencial y el bienestar de los pacientes.
Las filtraciones, publicadas inicialmente por El País, capturan a Gallart en una reunión interna arengando a su equipo para «ajustar» la gestión del hospital. «Hacemos actividad que nos perjudica», afirma, refiriéndose a procedimientos médicos que, aunque necesarios para los pacientes, reducen los márgenes de ganancia de la empresa. En concreto, insta a derivar pacientes «no contributivos» —es decir, aquellos cuya atención no genera suficientes ingresos— a otros centros, y a limitar intervenciones quirúrgicas para evitar sobrecostos. Estas instrucciones no solo priorizan el balance financiero sobre la salud pública, sino que evidencian cómo el modelo concesional permite que una empresa privada dicte las reglas en un hospital financiado con fondos públicos.
El Grupo Ribera, que facturó 808 millones de euros en 2023 —un incremento del 37,7% respecto al año anterior—, opera bajo un contrato de concesión que le permite gestionar recursos públicos mientras persigue rentabilidad privada. Este caso no es aislado; representa la esencia del sistema privatizador implementado por el Gobierno de Ayuso, donde la sanidad se convierte en un negocio.
Por su parte, el Gobierno regional de Madrid ha respondido minimizando el impacto, afirmando que no ha detectado «ningún incumplimiento» en la gestión del hospital y anunciando una reunión de urgencia con la gestora, junto con el envío de un equipo para verificar el servicio in situ. La Consejería de Sanidad defiende la «transparencia y eficacia» de las listas de espera, pero estas declaraciones no ocultan la tensión inherente: un modelo donde el afán de lucro choca con la obligación de prestar atención universal y de calidad. Opositores como PSOE-M y Más Madrid ya preparan acciones legales contra el Ejecutivo de Ayuso, argumentando que estas prácticas violan el derecho a la salud y priorizan el beneficio empresarial sobre el bienestar colectivo.
Este incidente reabre un debate largamente pendiente: ¿puede la lógica empresarial convivir con la sanidad pública? La respuesta, a la luz de estos audios, es un rotundo no. La privatización, como la promovida por Ayuso, transfiere el control de servicios esenciales a entidades privadas que, por definición, buscan maximizar ganancias. Esto inevitablemente lleva a decisiones como las de Gallart: reducir actividad asistencial para inflar beneficios, lo que se traduce en listas de espera más largas, rechazo de pacientes y una atención selectiva basada en rentabilidad, no en necesidad.
En Madrid, este modelo ha sido criticado por perpetuar desigualdades y erosionar la universalidad del sistema sanitario. Aunque el Gobierno regional insista en su eficacia, casos como este revelan una «tensión estructural» entre rentabilidad y atención, exigiendo una revisión profunda de las concesiones privadas.
Para frenar estos abusos, no bastan investigaciones puntuales o reuniones de urgencia. Es imperativo legislar de manera decisiva para excluir por completo el capital privado del sector público. Solo blindando la sanidad pública del afán de lucro empresarial se puede garantizar un sistema que responda verdaderamente a las necesidades de la población, priorizando la salud sobre el beneficio. El escándalo de Torrejón no es una anomalía; es la consecuencia lógica del capitalismo.
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