Durante al menos medio año, David Sánchez, el hermano del presidente Pedro Sánchez, simuló residir en un hotel de Elvas (Portugal) para declarar su residencia fiscal en el país vecino.
Por Fernando Ariza | 9/10/2025
En el turbulento panorama político español, un escándalo rodea a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano menor del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Lo que comenzó como una denuncia por irregularidades en un empleo público en la Diputación de Badajoz ha escalado hasta implicar presuntos fraudes fiscales, malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. En septiembre, una exclusiva de El Debate destapó que David Sánchez vivió de forma oculta durante varios meses en el Palacio de la Moncloa, simulando residir en Portugal para beneficiarse de un régimen impositivo más favorable, mientras disfrutaba de lujos pagados con dinero público. Este escándalo, que salpica directamente al entorno familiar del presidente, ha reavivado las acusaciones de nepotismo y ha puesto en jaque la credibilidad del Gobierno.
El origen: Un puesto de trabajo ‘a medida’ en Badajoz
La historia se remonta a 2017, cuando David Sánchez, un músico con una trayectoria discreta en el mundo de la ópera y la dirección de orquestas, fue contratado como coordinador de conservatorios en la Diputación de Badajoz, presidida por el PSOE. El puesto, de alta dirección con un salario anual de alrededor de 123.000 euros, fue creado específicamente para él, según sostiene la jueza Beatriz Biedma, instructora del caso en el Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz.
La investigación judicial revela que el proceso se paralizó temporalmente en octubre de 2016, cuando Pedro Sánchez dimitió como secretario general del PSOE, y se reactivó en mayo de 2017, coincidiendo con su campaña para recuperar el liderazgo del partido. Apenas dos días antes de que Pedro Sánchez fuera reelegido, la Diputación publicó las bases de la convocatoria, que Sánchez ganó de forma discrecional, sin oposición real de otros candidatos.
Durante su declaración como investigado en enero de 2025, David Sánchez admitió no saber exactamente dónde se encontraba su oficina: «No le podría decir. Imagino que en mi despacho». Además, describió sus funciones con vaguedad: «Es la oficina que se encarga de… No sé, de las artes escénicas». Testimonios de opositores, como el violinista Nersés Avakimyán, apuntan a que no se siguieron criterios objetivos en la evaluación, y que Sánchez carecía de la convalidación de su título de músico obtenido en el extranjero, requisito indispensable para el puesto. La jueza Biedma ha concluido que el cargo se adaptó a las «preferencias personales» de Sánchez, permitiéndole centrarse en proyectos como Ópera Joven, mientras dos profesoras asumían las tareas reales de coordinación de conservatorios.
En febrero de 2025, Sánchez dimitió del puesto, alegando el «impacto emocional» de la presión mediática, pero no antes de que la Diputación creara otro cargo para su colaborador cercano, Luis María Carrero —un exasesor de Moncloa que le escribía discursos a Pedro Sánchez—. Este nuevo empleo, de jefe de sección de actividades transfronterizas, se adjudicó en solo tres meses, con Carrero como único candidato, y con un tono de «hermanito» en los correos electrónicos intervenidos. La Audiencia Provincial de Badajoz rechazó los recursos en septiembre de 2025, abocando a David Sánchez y a otras diez personas, incluido el expresidente de la Diputación Miguel Ángel Gallardo, a juicio por prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación.
La ‘doble vida’ en Moncloa: Evasión fiscal y lujos a cargo del erario público
El escándalo alcanzó su punto álgido en septiembre de 2025, cuando se reveló que, tras una excedencia en Tailandia, David Sánchez regresó a España a finales de 2021 y se instaló en el Palacio de la Moncloa junto a su esposa, la judoca japonesa Kaori Matsumoto. Durante al menos medio año —de noviembre de 2021 a marzo de 2022—, el hermano del presidente simuló residir en un hotel de Elvas (Portugal), a solo diez minutos de la frontera, para declarar su residencia fiscal en el país vecino y acogerse al régimen de no habituales, que permite pagar solo un 20% de IRPF en lugar del 45% español, ahorrándose miles de euros en impuestos.
Para mantener la farsa, Sánchez dio de baja su línea telefónica española y utilizó «black phones» —móviles a nombre de terceros, una práctica habitual en fraudes fiscales— durante más de un año. Realizaba compras recurrentes en supermercados portugueses para generar facturas que aparentaran una vida cotidiana en Elvas, mientras su autocaravana permanecía estacionada en el aparcamiento restringido de Moncloa durante más de dos años. La Guardia Civil, en un informe de la UCO, ha destapado esta «doble vida», incluyendo desplazamientos en vehículos oficiales y el uso de servicios del palacio: comidas, bebidas, lavandería, limpieza, ropa de cama y productos de aseo, todos asumidos por el erario público. Presidencia del Gobierno admitió estos gastos en octubre de 2025, pero se negó a detallarlos, argumentando «intimidad familiar».
Juristas consultados por El Debate califican esto como una simulación de mudanza que podría constituir fraude a Hacienda y a la Seguridad Social, además de malversación de fondos públicos al utilizar Moncloa como «hotel de lujo secreto». Pedro Sánchez, al saber de la estancia de su hermano, podría ser considerado cómplice, según las fuentes judiciales. La Agencia Tributaria ya había concluido en agosto de 2024 que Sánchez era «incapaz» de justificar un patrimonio de 1,7 millones de euros, pese a sus ingresos declarados.
Implicaciones políticas y judiciales
El caso David Sánchez no solo cuestiona la integridad del hermano del presidente, sino que erosiona la confianza en el Gobierno. Pedro Sánchez ha guardado silencio, protegiendo la «intimidad familiar», mientras la oposición lo acusa de blindaje institucional.
La jueza Biedma ha enviado el caso a juicio, y la Audiencia de Badajoz ha avalado los indicios de que el puesto se creó «para el ‘hermanísimo'», con intervención directa de Pedro Sánchez en el PSOE extremeño. Si se demuestra el fraude fiscal y la malversación, las penas podrían superar los 10 años de prisión.
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