La posición actual de España no fue del todo una sorpresa. Fue la culminación de un cambio de actitud política que se venía gestando desde hacía tiempo.
Por Ramzy Baroud | 22/09/2025
En varios países europeos influyentes, la solidaridad con Gaza y el pueblo palestino finalmente se está traduciendo en acciones. Aunque estas acciones puedan parecer tardías considerando las decenas de miles de vidas perdidas en la Franja asolada por el genocidio, son, sin embargo, cruciales para el futuro de la causa palestina.
El cambio político en curso en Europa es un acontecimiento de importancia estratégica. Esto no se debe a que la voz de Europa tenga mayor valor en la escala de la solidaridad global, sino al papel central que históricamente ha desempeñado el continente en la creación de Israel, así como al sostenido apoyo político y financiero a su proyecto colonial.
Durante décadas, este apoyo ha proporcionado un escudo político y económico, permitiendo a Israel operar al margen del derecho internacional. Dado que Europa forma parte esencial del panorama político, jurídico y económico occidental, cualquier cambio fundamental de percepción aquí, sumado a la profunda solidaridad en el Sur Global, podría finalmente servir como catalizador para aislar a Israel en el escenario internacional, un requisito fundamental para la tan necesaria rendición de cuentas.
Si bien Irlanda ha servido históricamente como modelo de política sensata y ética en Palestina, no se pueden pasar por alto otros ejemplos, como Suecia, Noruega, Bélgica y Eslovenia. Las posturas de estos países, especialmente desde el inicio del genocidio israelí en Gaza, han estado en gran medida condicionadas por el grado de protestas populares y la movilización de la sociedad civil. Sus acciones, aunque variadas, señalan una creciente brecha entre la opinión pública europea y las políticas tradicionales proisraelíes de muchos gobiernos.
España, sin embargo, representa un caso crítico y exhaustivo. El cambio en marcha en Madrid es un modelo casi ideal porque se basa en tres pilares interconectados: una solidaridad civil vibrante y bien organizada; un cambio fundamental en el discurso político oficial y, lo más importante, una acción significativa y cuantificable.
El 6 de junio de 2024, España dio un paso audaz e histórico al decidir formalmente sumarse a la demanda de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, acusando a Israel de genocidio contra el pueblo palestino. Este paso, aunque moral y lógico, fue particularmente significativo en comparación con las posturas de otras grandes potencias europeas. Alemania, por ejemplo, se ha esforzado por defender a Israel contra dicha acusación, mientras que Gran Bretaña, a través de su ministro de Asuntos Exteriores, David Lammy, argumentó que el Reino Unido aún no estaba convencido de que las acciones de Israel constituyeran genocidio.
La postura actual de España no fue del todo sorprendente. Fue la culminación de un cambio de actitud política que se venía gestando desde hacía tiempo. En noviembre de 2023, la entonces ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, acusó abiertamente a Israel de «genocidio planificado» en un contundente discurso. Esta declaración pública marcó un cambio significativo en el discurso oficial, pasando de los tópicos diplomáticos a un lenguaje de claridad moral.
Este nuevo discurso finalmente condujo al reconocimiento de Palestina como Estado por parte de Madrid, una declaración conjunta que incluyó a Irlanda y Noruega. La decisión no solo se sumó a la creciente lista de naciones que reconocen la condición de Estado palestino, sino que también abrió el camino para más reconocimientos similares. Mientras algunos países utilizan su postura sobre un Estado palestino como táctica para distraer la atención de su incapacidad para tomar medidas punitivas, las acciones de España parecen estar en una onda política diferente. De hecho, el 8 de septiembre, España declaró un conjunto de nuevas sanciones contra Israel, que incluyen la prohibición de la venta de armas y la prohibición de que los buques militares que transporten equipo utilicen puertos españoles.
Para muchos en España, incluso estas medidas se consideran insignificantes ante una guerra que ha aniquilado a más de 20.000 niños. El pueblo español tiene razón al esperar medidas más significativas de su gobierno, y sus demandas se basan en una historia propia de la experiencia colectiva española.
En 1974, España se unió a muchos países del Sur Global al votar a favor de las Resoluciones 3236 y 3237 de la Asamblea General de la ONU, que reconocían la autodeterminación palestina. Unos años más tarde, el primer ministro Adolfo Suárez tuvo un gesto histórico al recibir al presidente de la OLP, Yasser Arafat, en Madrid. Estos gestos iniciales de apoyo continuaron durante un tiempo. Sin embargo, tras las conversaciones de Madrid, España se redefinió poco a poco como un intermediario neutral, repitiendo finalmente la misma retórica europea sobre el «derecho de Israel a defenderse» y similares.
La capacidad de España para mantener esta posición fue posible, en parte, gracias a que la Autoridad Palestina estaba mucho más preocupada por mantener su estatus como representante oficial del pueblo palestino —y los fondos internacionales y la legitimidad que ello conllevaba— que por exigir a Israel responsabilidades ante el derecho internacional. En aquel entonces, parecía impracticable que la sociedad civil intentara exigir a su gobierno estándares más altos que los exigidos por los propios líderes palestinos.
Sin embargo, el genocidio israelí en Gaza destrozó esa dinámica. La incesante campaña de exterminio israelí en Gaza y la resistencia palestina en la Franja hicieron que la AP fuera prácticamente irrelevante en el escenario mundial y centraron a Gaza en la verdadera representación de la experiencia colectiva palestina y de la magnitud de las acciones criminales de Israel.
Esto significó que el propio pueblo español asumió parcialmente el control de la postura de su gobierno sobre Palestina. En septiembre de 2024, más de 200 sindicatos y ONG convocaron una huelga general de 24 horas, elevando el límite de sus demandas a la ruptura total de todos los vínculos políticos, económicos y militares con Israel. Cada medida adoptada por el gobierno del presidente Pedro Sánchez desde entonces ha sido una respuesta directa a estas demandas y un intento de satisfacerlas.
Lo que está ocurriendo en España es auténtica solidaridad popular, libre de dobles discursos y bravuconería política. Se trata de una auténtica acción de la sociedad civil centrada en una experiencia histórica compartida y en la lucha contra la violencia de Estado y el fascismo. Si bien cada nación tiene su propia historia, la experiencia española está demostrando ser un modelo digno de estudio, emulación y, sin duda, de profundo respeto.
Este artículo se publicó originalmente en The Palestine Chronicle.
Ramzy Baroud es periodista y editor de The Palestine Chronicle. Fue también editor jefe de Middle East Eye y de Brunei Times y editor jefe adjunto de Aljazeera online, y en su momento dirigió el departamento de Investigación y Estudios en inglés de Al Jazeera. Es autor de seis libros, “En busca de Yenín: Testimonios de la invasión israelí” (2003), “La Segunda Intifada Palestina: Crónica de la lucha de un pueblo” (2006), “Mi padre fue un luchador por la libertad: La historia jamás contada de Gaza” (2010), “ La Última Tierra: Una Historia Palestina” (2018), “Estas cadenas se romperán: Historias palestinas de lucha y desafío en las cárceles israelíes” (2019).
Su último libro, coeditado con Ilan Pappé, “Nuestra visión para la liberación: Líderes e intelectuales palestinos comprometidos se expresan” (2022). Es también investigador sénior no residente del Centro para el Islam y Asuntos Globales (CIGA).
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