El derecho penal y la izquierda

Por Carlos Martínez

Una vez cometido el delito, la pena funciona como una venganza legal e institucionalidad mediante la cual se castiga al autor del hecho

El tsunami de la ideología dominante es tan potente que arrastra a  personas de izquierdas en cuestiones tan sensibles como es el papel del derecho penal en las sociedades contemporáneas y avanzadas. Siendo un niño asistí a una charla de “El Lute”, en libertad tras muchos años en la prisión donde pudo estudiar y graduarse en derecho. Una mujer mayor, trabajadora, tomó la palabra y citando a la Pasionaria, pidió que las cárceles fueran sustituidas por escuelas. No me consta que Dolores Ibárruri dijese eso, pero en una entrevista que le hizo Jesús Quintero le preguntó si era verdad que abrió las cárceles. a lo que Dolores contestó que “Claro que abrí las cárceles cuando se proclamó la república. Fue entonces, creo. En el 36, en Oviedo”. Repreguntada por el periodista que “¿Y qué hizo? ¿Cogió las llaves y abrió las puertas para que salieran todos los presos?”, la dirigente comunista afirmó que “Claro. Y no pasó nada. Salieron”. 

Por supuesto que no pediría que hoy se excarcelaran todos los presos como se hizo al inicio de la II República, pero sí que deberíamos recuperar el espíritu de esa izquierda transformadora que estaba convencida de que la cárcel no es la solución y que el derecho penal es utilizado como un mecanismo de dominación por la clase dominante contra los desposeídos. Cierto es que hay delitos muy graves que atacan a las personas más vulnerables, como son los menores y las mujeres  y que la sociedad debe protegerse frente a individuos violentos e indeseables.

Ante las conductas violentas, la izquierda no puede sumarse al ruido amplificado por los medios y a pedir mayores penas de cárcel, el cumplimiento íntegro o sentencias ejemplarizantes. Con este tipo de reivindicaciones lo único que se consigue es reforzar un sistema que, a la postre, volverá cual boomerang y golpeará a aquellos que pidieron una justicia más dura. Pero es que, además, se está renunciado a prevenir el delito mediante soluciones colectivas y duraderas, así como se desiste al proceso de reinserción del delincuente. 

Ante este maremágnum informativo de delitos y delincuentes, no está de más recordar algo muy básico que no oigo en tertulias ni leo en columnas. La justicia penal no sirve para reparar las consecuencias de los delitos más graves. Los homicidios, lesiones, malos tratos no se restauran con la indemnización económica (si es que se cobra). El derecho penal solo previene el delito de forma indirecta, mediante los mecanismos de prevención general y especial. Estos consisten en que la población en general, y el delincuente en particular conocen que si cometen un delito deberán afrontar las consecuencias, generalmente, la privación de libertad en un establecimiento penitenciario. Pero una vez cometido el delito, la pena funciona como una venganza legal e institucionalidad mediante la cual se castiga al autor del hecho, lo que en modo alguno repara a la víctima, si acaso solo en el sentido de que los perjudicados puedan creer que se “ha hecho justicia”. 

Si se igualan las penas se está favoreciendo al delincuente que cometa más daño. 

Ni más ni menos que en  1764, Cesare Beccaria escribió la obra “De los delitos y las penas”. Dos ideas básicas de aquel libro  quiero recuperar en este breve artículo, la primera es que “uno de los mayores frenos del delito no es la crueldad de las penas, sino su infalibilidad”. Es decir, no importa tanto los años de cárcel como que el sujeto que pretende delinquir tenga la certeza de que va a ser enjuiciado rápidamente y va a cumplir condena. Por tanto, ante los delitos que causan alarma social, lo que deberíamos reclamar es que la policía judicial, la fiscalía y los juzgados estén servidos por profesionales competentes y trabajadores, así como dotados de los medios materiales adecuados.  

Además el jurista italiano  abogaba por “lograr una rigurosa proporcionalidad entre delitos y penas.  Lo contrario además de injusto, es socialmente perjudicial, porque ante delitos de igual pena y de diferente gravedad, el delincuente se inclinará casi siempre por el más grave, que probablemente le reportará mayor beneficio o satisfacción”.  Por ejemplo, no se puede pedir que tenga la misma pena para el abuso sexual como para la agresión sexual. El antiguo delito de “violación” se ha desdoblado en estas dos figuras penales. En ambos delitos se protege el bien jurídico de la libertad sexual. Pero no puede castigarse quien abusa de una mujer inconsciente que quien además de abusar sexualmente de la mujer le pone un cuchillo en el cuello o la retiene contra su voluntad, pues en estos casos además del atentado contra su libertad sexual se pone en riesgo la vida y la salud de la agredida. Si se igualan las penas se está favoreciendo al delincuente que cometa más daño. 

Otras de las fake news que corren por las redes sociales es la cuestión de la reincidencia de los delincuentes condenados por delitos contra la libertad sexual. La realidad nos demuestra que en este tipo de delincuentes la reincidencia es baja, alrededor de un 10% de las condenas. Por tanto no se trata tanto de aumentar las penas o imposibilitar la reinserción social del delincuente sino de que cada hombre que agreda la libertad e indemnidad sexual de otra persona sea enjuiciado, condenado y cumpla su pena.  Todo ello con el máximo respeto a la intimidad de la víctima. La cobertura informativa desproporcionada perjudica más a la perjudicada del delito que a los autores.

La última reforma del Código Penal que efectúo el PP para introducir la cadena perpetúa, se aprovechó para penalizar delitos de opinión y políticos

Por último, deberíamos reflexionar la razón de la vuelta del periodismo sensacionalista que confiere a las páginas de sucesos un peso muy importante en el conjunto de la “información”.  Es notorio que estamos en momento histórico de auge del conservadurismo y, por tanto, que en la eterna dialéctica entre seguridad y libertad, la seguridad está ganando la batalla. Las noticias sensacionalistas crean un clima de inseguridad que es totalmente irreal que favorecen la adopción de políticas represivas cuando no son necesarias. Por ejemplo, la última reforma del Código Penal que efectúo el PP para introducir la cadena perpetúa, se aprovechó para penalizar delitos de opinión y políticos que han llevado a la detención, condena y prisión a titiriteros, raperos y tuiteros. 

Estas peticiones  de más penas y más largas son totalmente innecesarias. En relación con los países de nuestro entorno tenemos unas tasas de criminalidad bajas, sin embargo tenemos las penas más duras de prisión y el segundo porcentaje de población reclusa.  A pesar de estos datos, cada vez que se comete un execrable crimen, las televisiones nos bombardean con información morbosa y no falta el representante de la ciudadanía que pide más prisión. 

El factor determinante que causa más delincuencia y más violenta es la desigualdad económica, que genera la existencia de un amplio lumpen proletariado. La segunda causa es la accesibilidad a las armas de fuego. Cuando concurren los dos requisitos nos encontramos con sociedades violentas y enfermas como lo son Brasil, Sudáfrica o USA. Al contrario, a mayor igualdad económica, inclusión social y cultura, menos delincuencia. La receta es sencilla a la vez que olvidada por los actuales actores de la supuesta izquierda.  Además, nunca deberíamos sumarnos a campaña que pongan en peligro la presunción de inocencia, el derecho a la defensa, a un proceso judicial con todas las garantías y la reinserción del delincuente. Son derechos que nos benefician a todos.