El derecho al aborto, en peligro: de Ohio a Arkansas

Texas ha restringido a partir del 2 de diciembre los fármacos inductores del aborto: precisamente los más utilizados para interrumpir los embarazos antes de las seis semanas.

Giovanna Branca – In Manifesto Global. Traducción de Lucas Antón

Sólo en 2021, se han promulgado hasta ahora 106 restricciones al acceso al aborto por parte de los estados norteamericanos gobernados por los republicanos: la cifra más elevada, según el Instituto Guttmacher, desde la sentencia Roe versus Wade de 1973, que convirtió el aborto en un derecho garantizado por la Constitución. Se sabe que la supermayoría conservadora del Tribunal Supremo es la máxima impulsora de la legislación provida, y está previsto que se pronuncie sobre Roe v. Wade, muy probablemente en verano, para cuando, según numerosas predicciones, lo revocará, señalando así el final del derecho al aborto.

Hasta la sentencia del viernes, que parecía una victoria parcial contra la ley de Tejas que prohíbe el aborto a partir del momento en que sea detectable el latido del feto (unas seis semanas), «casi invita a otros estados a imitar el enfoque de Tejas, creando la posibilidad de un mayor caos constitucional», según Mary Ziegler, de The Atlantic,. Y eso es exactamente lo que están haciendo los estados gobernados por el Partido Republicano.

En Ohio, un proyecto de ley -el SB13- sigue el mecanismo del SB8 de Tejas, que otorga a los ciudadanos particulares el papel de cazarrecompensas y que va mucho más allá del límite de 6 semanas de la otra ley: prohíbe el aborto desde el momento en que se fecunda el óvulo, y lo permite sólo si la vida de la madre está en peligro. Y como muchos otros estados, Ohio también está preparando su propia prohibición “con gatillo”: una ley estatal que entraría automáticamente en vigor, prohibiendo cualquier forma de aborto, si el Tribunal Supremo dictaminara que el aborto ya no es un derecho constitucionalmente garantizado, autorizando a los estados a legislar sobre la materia como consideren oportuno. Y esto a pesar de que el 55% de los habitantes de Ohio, según una encuesta de la Universidad de Quinnipiac de 2019, afirma que el aborto debería ser legal en «todos» o en «la mayoría» de los casos. Sin embargo, sus representantes, debido a la manipulación electoral republicana, son “provida” en una proporción de dos tercios, como declaró Kellie Copeland, directora de NARAL (National Abortion and Reproductive Rights Action League) Ohio, al Washington Post.

En Arkansas, los legisladores republicanos están impulsando un proyecto de ley que también pretende prohibir todas las formas de aborto, y que incluye una escandalosa comparación de la condición de persona de un feto con la de los afroamericanos: el Tribunal Supremo, escriben los legisladores de Arkansas, debe rectificar las injusticias cometidas con los fetos, tal como ha hecho con los ciudadanos negros de los Estados Unidos en el pasado.

Texas, a la vanguardia de los ataques al derecho al aborto, además de haber promulgado la «Ley del Latido», ha restringido a partir del 2 de diciembre los fármacos inductores del aborto: precisamente los más utilizados para interrumpir los embarazos antes de las seis semanas.

El escenario distópico que se vislumbra en el horizonte de los Estados Unidos se manifiesta, en una de sus múltiples encarnaciones, en la batalla sobre el aborto, potencialmente dañina para el funcionamiento mismo de la democracia estadounidense y sus instituciones, empezando por el Tribunal Supremo, tal como señaló la juez Sonia Sotomayor durante la audiencia sobre la ley de Misisipi que pretende anular Roe versus Wade: «¿Sobrevivirá esta institución al hedor que esto levanta en la opinión pública…de que la Constitución y su lectura no son más que actuaciones políticas?»

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