El conflicto en la Patagonia sigue abierto y las pujas por la tierra auguran nuevos choques.
Fabián Kovacic
La nueva confrontación se inició el 18 de setiembre con el reclamo de tierras por la comunidad mapuche Quemquemtrew en la localidad de Cuesta del Ternero, zona cordillerana de Río Negro, donde tiene permiso de explotación un empresario maderero dedicado a sembrar pinos. Los indígenas denuncian que ese cultivo atenta contra el bosque nativo que manos privadas desmontan a pasos acelerados. Las tierras circundantes habían estado en manos de descendientes mapuches que fueron asesinados a balazos en 1993 en un caso aún sin aclarar. El capítulo actual estalló cuando la comunidad originaria decidió finalmente recuperar esas tierras y la Justicia ordenó su desalojo por la fuerza.
La Patagonia argentina viene siendo tierra de choques violentos entre los pueblos originarios y los poderes concentrados empresariales desde hace años. En agosto de 2017, ocurrió la desaparición y el asesinato de Santiago Maldonado en el río Chubut y, dos meses después, el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel en la localidad de Mascardi, Río Negro. En ambos casos, los jóvenes participaban de reclamos territoriales mapuches. El conflicto se reavivó con la detención del referente Facundo Jones Huala, su extradición a Chile un año más tarde, en setiembre de 2018, y su condena allí por delitos contra la propiedad. El mes pasado, el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, solicitó que se cumpliera el derecho internacional que asiste a Huala en el reclamo de prisión domiciliaria. El cruce diplomático tensó la relación bilateral y se metió de lleno en el escenario electoral argentino, a dos semanas de las parlamentarias.
«No son argentinos»
En medio del conflicto en el sur, el 19 de octubre el auditor general de la nación, Miguel Pichetto –excompañero de fórmula de Mauricio Macri en 2019–, encabezó un acto frente a la tumba del general y expresidente Julio Roca, líder de la llamada campaña al desierto, que llevó en 1879 al asesinato en masa y la esclavitud de los pueblos originarios de la Patagonia. Pichetto reivindicó la figura de Roca y reclamó «orden» para evitar «la construcción de un Estado mapuche en la Patagonia». «Hay acciones desde el gobierno nacional que convalidan estas ideas disparatadas», disparó y dio comienzo a una furibunda campaña mediática en los días siguientes.
El sábado 23, la gobernadora de Río Negro, la peronista opositora Arabela Carreras, dijo a Radio Mitre que los jerarcas del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) eran «cómplices», «instigadores» y «soporte económico» de grupos delictivos «que perjudican el normal funcionamiento de las instituciones». El lunes 25, el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, declaró a LN+ que Argentina es «un Estado nacional que parece ser amigo de los terroristas, porque les damos cobijo, les pedimos la libertad condicional, los vamos a representar cuando ellos mismos dicen que no son argentinos». La víspera, su par en la provincia de Buenos Aires, el oficialista Sergio Berni, manifestó a Radio del Plata que en el sur del país hay «terrorismo» y agregó: «No tengo ninguna duda de que es obligación del Estado nacional enviar tropas». Antes había ironizado en Twitter con que el gobierno «regala territorio nacional» a «autodenominados ciudadanos mapuches».
Esta semana, Magdalena Odarda, titular del INAI, dependiente del Ministerio de Justicia, afirmó a Página 12 que el discurso racista en auge ahora en Río Negro –provincia de la que fue senadora– y en la prensa conservadora de Buenos Aires tiene «una intencionalidad de cara a las próximas elecciones». La abogada Andrea Riele, referente de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y patrocinante de las familias afectadas en el conflicto de Cuesta del Ternero, coincide con Odarda y en diálogo con Brecha remarcó no solo el tinte electoral de la escalada antiindígena a dos semanas de las legislativas, «sino también el costado económico de los hechos». «Impulsan estas maniobras grupos de poder empresarial que vienen por los recursos naturales, con emprendimientos inmobiliarios, en el petróleo, la madera, el agua y la minería. Estos grupos están apoyados por un discurso mediático de violencia inusitada», afirmó.
Prórroga y gendarmes
Mientras tanto, el Senado argentino prorrogó la aplicación por otros cuatro años de la ley 26.160, llamada Ley de Emergencia Territorial Indígena, para dar tiempo a los estados provinciales a hacer el relevamiento catastral de tierras y definir cuáles corresponden a las comunidades originarias que tradicionalmente las ocuparon. Ahora falta que la Cámara de Diputados sancione la prórroga antes del 23 de noviembre, fecha de vencimiento de la norma. Sin esta extensión del plazo, las denuncias de los empresarios contra las comunidades originarias se convertirán en acciones legales directas que deberá determinar la justicia penal ordinaria.
Al mismo tiempo, el gobierno nacional decidió enviar fuerzas de Gendarmería a Río Negro en respuesta a un pedido de refuerzos de la gobernadora Carreras tras el incendio del Club Andino Piltriquitrón, ocurrido a mediados de octubre. Antes se habían producido incendios en una oficina de turismo de El Bolsón y en otra de vialidad nacional. Pero en el seno del Ejecutivo reclaman una mesa de diálogo para encaminar el conflicto. Máxime tras el anuncio del presidente en Glasgow, durante su intervención en la COP26, en la que aseguró que en Punta Colorada, Río Negro, se instalará la empresa australiana Fortescue, con una inversión de más de 8.000 millones de dólares para producir hidrógeno verde como vector energético. En la zona hay una docena de comunidades mapuches y, pese a que aún no hay precisiones sobre el proyecto, la alerta ya se encendió. El conflicto en la Patagonia sigue abierto y las pujas por la tierra auguran nuevos choques.
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