Mientras que para combatir los efectos económicos de la pandemia, las organizaciones empresariales se sentaron a negociar, ahora se muestran incapaces de controlar la avaricia de muchos empresarios.
Por Francisco Javier López Martín
Nos cuentan que el coste de la vida modera su crecimiento, que está por debajo del 10%, que se encuentra en el 8’9%, por debajo de la media europea. Que han bajado este mes la electricidad, los carburantes, el transporte público. Sin embargo, los alimentos han subido un 14’4% interanual.
Nadie puede hacer otra cosa que especular sobre cómo subirán los precios en los próximos meses, porque en un mundo como el nuestro, es imposible controlar la evolución de acontecimientos que hoy son imprevisibles, desde la interminable guerra en Ucrania, hasta los destrozos del clima, las pandemias desencadenadas, las tensiones sociales en ascenso.
Suben los precios en general, suben los precios de los alimentos, suben los tipos de interés siguiendo recetas clásicas para contener las subidas de los precios, pero eso hace que suban también los costes de las hipotecas y los precios de las viviendas.
Sin embargo, los salarios crecen muy por debajo de los precios, más o menos un 1’8%. Este porcentaje es el resultado de sacar la media del 2’6% que han subido los convenios negociados para 7’6 millones de trabajadores y del 0% que han subido los salarios de 3’5 millones de trabajadoras y trabajadores que aún no han negociado sus subidas anuales.
Solo uno de cada cuatro trabajadores ha conseguido una cláusula de garantía salarial, en el caso de que la vida suba por encima de la subida salarial pactada en convenio, cuando hace década y media este tipo de cláusula afectaba al 70% de los trabajadores.
Es cierto que hay empresas que suben los precios para intentar compensar las subidas de sus costes de producción, especialmente los costes de la energía. Pero también es verdad que muchos empresarios dan dos vueltas de rosca a las subidas, para compensar costes y para incrementar sus beneficios.
Podemos así asistir a una intensa subida de precios y a un estancamiento del consumo. Es lo que los economistas llaman estanflación, que viene a significar que la economía se estanca al mismo tiempo que los precios suben. Y lo peor es que mientras que para combatir los efectos económicos de la pandemia, las organizaciones empresariales se sentaron a negociar, ahora se muestran incapaces de controlar la avaricia de muchos empresarios.
Por eso han rechazado un pacto de rentas con los sindicatos. Un pacto que hable de subidas salariales negociadas en las empresas que compensen la carestía de la vida. Pero también un pacto que reparta los esfuerzos fiscales para poder contar con los recursos necesarios para evitar que haya personas y familias que se queden estancadas, al margen, en la cuneta del camino de la vida.
Un pacto que tenga un componente de control de precios de alquileres de viviendas y de locales industriales, o comerciales. O que permita poner orden en los precios de la energía y preparar un escenario para eso que tan pomposamente llaman transición verde y que no es otra cosa que una economía baja en carbono y menos contaminante, lo cual exigirá compromisos y nuevas formas de vida.
El problema no son las medidas del gobierno, aunque algunas de ellas se han puesto en marcha sin suficiente atención y decisión. El problema no es el Ingreso Mínimo Vital (IMV), ni los ERTEs, las bonificaciones del transporte público, la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), o las ayudas de emergencia a las familias y a las empresas.
El problema son las empresas como las energéticas, eléctricas, de refino y distribución de carburantes, las que primero deberían contener su avaricia. Las familias españolas ya hemos sufrido suficiente con la pandemia, sus consecuencias económicas y, ahora, con los efectos derivados de una crisis global.
Un millón de personas vive hoy en hogares donde no entra ingreso alguno. Son muchas las familias que se enfrentan al invierno con problemas de poder hacer frente a los costes de la luz, del gas, los derivados del transporte personal, los costes de la vivienda, el brutal crecimiento de los precios alimentarios.
Es cierto que el problema de la inflación desbocada afecta a toda Europa, pero no con la misma intensidad. Los países bálticos muy por encima del 20%. Reino Unido, Italia, Alemania, España, o Portugal, rondando el 10%, por debajo de la media europea, mientras que otros países como Francia, con un 5´9%, o Suiza, con un 3´3% se mueven en mejor escenario, lo cual no ha impedido la reacción sindical francesa ante las pérdidas de poder adquisitivo de los salarios.
No es extraño que en España los sindicatos calienten motores, con manifestaciones anunciadas para las próximas semanas, al tiempo que colectivos sociales y vecinales, se lanzan a convocatorias contra las amenazas que pesan sobre el futuro de las pensiones, o las subidas abusivas de precios.
Convocatorias que recuerdan aquellas impresionantes manifestaciones contra la carestía de la vida de finales de los años 70 del siglo pasado. Conviene recordar que los Abogados que fueron asesinados en el despacho de Atocha, 55, eran abogados defensores de las organizaciones vecinales, precisamente en un momento de intensas movilizaciones laborales y sociales.
En este país aprendemos poco, solemos repetir los errores, olvidamos que tarde o temprano los conflictos sociales enquistados y los problemas no resueltos terminan por estallar cuando menos nos lo esperamos. Esperemos que los sectores empresariales no pretendan cargar el peso de la crisis sobre los habituales costaleros, la clase trabajadora y los sectores de rentas más bajas. Sería un error con un alto coste económico, generador de un incierto escenario político y de numerosos conflictos sociales.
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