En cuanto a quienes han postergado su veredicto sobre el genocidio israelí, ninguna razón puede absolverlos. Serán juzgados por la historia.
Por Ramzy Baroud | 7/08/2025
La organización israelí de derechos humanos B’Tselem publicó un informe exhaustivo el 27 de julio en el que califica la guerra israelí contra Gaza de genocidio. Sin embargo, la demora en publicar dicha acusación es preocupante y agrava el problema existente de los procesos de toma de decisiones políticamente motivados que, a su vez, han prolongado los crímenes de guerra israelíes.
El informe acusó a Israel de cometer genocidio, conclusión a la que se llegó tras un análisis detallado de la intención de la campaña militar, la destrucción sistemática de la vida civil y la hambruna provocada por el gobierno. Este hallazgo es significativo porque se suma al enorme corpus de pruebas legales y testificales que confirman la postura palestina de que las acciones de Israel en Gaza constituyen un genocidio.
Además, el hecho de que B’Tselem sea una organización israelí es doblemente importante. Representa una denuncia desde dentro de las horribles masacres y la hambruna provocada por el gobierno en la Franja, lo que desafía directamente el argumento infundado de que acusar a Israel de genocidio constituye un acto de antisemitismo.
Los medios occidentales mostraron especial interés en este informe, a pesar de que numerosos informes e investigaciones palestinas de primera mano suelen ser ignorados o minimizados. Este doble rasero continúa alimentando un problema crónico en la percepción mediática de Palestina e Israel.
Las denuncias palestinas sobre crímenes de guerra israelíes han sido históricamente ignoradas por los grandes medios de comunicación y el mundo académico. Ya sea la masacre de Tantura perpetrada por la milicia sionista en 1948, el número real de palestinos y libaneses asesinados en las masacres de Sabra y Chatila en el Líbano en 1982, o los sucesos que dieron lugar a la masacre de Yenín en Cisjordania en 2002, los medios de comunicación han ignorado con frecuencia el relato palestino. A menudo, este solo obtiene cierta validación si cuenta con el respaldo de voces israelíes u occidentales.
El último informe de B’Tselem no es una excepción. Pero cabe preguntarse: ¿por qué B’Tselem tardó casi dos años en llegar a una conclusión tan obvia? Los grupos israelíes de derechos humanos, en particular, tienen mucho más acceso a la conducta del ejército israelí, las declaraciones de políticos y la cobertura mediática hebrea que cualquier otra entidad. Por lo tanto, tal conclusión debería haberse alcanzado en cuestión de dos meses, no de dos años.
Este tipo de retraso intencional ha definido hasta ahora la posición de muchas instituciones, organizaciones e individuos internacionales cuya autoridad moral habría ayudado a los palestinos a establecer los hechos del genocidio a nivel mundial mucho antes.
Por ejemplo, a pesar del histórico fallo de la CIJ del 26 de enero de 2024, que determinó que existen motivos plausibles para la acusación de Sudáfrica contra Israel de genocidio, la corte aún no puede, o no está dispuesta, a emitir un fallo concluyente. Un fallo definitivo habría ejercido una importante presión sobre Israel para que pusiera fin a su masacre en Gaza.
En cambio, por ahora, la CIJ espera que Israel se investigue a sí mismo, una expectativa muy poco realista en un momento en que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, promete a sus ministros extremistas que Israel alentará la limpieza étnica de Gaza.
La misma acusación de demoras intencionales y politizadas puede atribuirse a la Corte Penal Internacional. Si bien emitió órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa el 21 de noviembre de 2024, no se han tomado medidas concretas. En cambio, es el fiscal jefe de la corte, Karim Khan, quien se ve atacado por el gobierno y los medios de comunicación estadounidenses por tener la valentía de seguir adelante con la investigación.
También algunas personas, especialmente aquellas asociadas con la política «revolucionaria», como la congresista Alexandria Ocasio-Cortez y el senador Bernie Sanders, entre otros, se han mostrado reacias a actuar. El 22 de marzo de 2024, Ocasio-Cortez se negó a usar el término «genocidio» en Gaza, llegando incluso a afirmar que, si bien presenciaba un «genocidio en desarrollo», ella aún no estaba preparada para usar el término.
Sanders, por otro lado, quien se ha pronunciado repetidamente y con firmeza contra Netanyahu, describiéndolo en una entrevista con CNN el 31 de julio como un «mentiroso repugnante», ha tenido reiterados deslices morales desde el comienzo de la guerra. Cuando muchos políticos, mucho menos radicales, utilizaron el término genocidio, Sanders redobló sus esfuerzos durante una conferencia en una universidad de Irlanda. Dijo que la palabra genocidio le «incomoda» e instó a la gente a ser «cautelosa».
Estas no son simplemente oportunidades perdidas ni ejemplos de ambigüedad moral. Han tenido un impacto profundo y directo en el comportamiento de Israel. La oportuna intervención de gobiernos, instituciones internacionales, tribunales superiores, medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos habría cambiado radicalmente la dinámica de la guerra. Dicha presión colectiva podría haber obligado a Israel y sus aliados a poner fin a la guerra, salvando potencialmente miles de vidas.
Las demoras derivadas del cálculo político y el temor a represalias han otorgado a Israel el espacio crucial que necesitaba para llevar a cabo su genocidio. Israel está explotando activamente esta falta de claridad jurídica y moral para persistir en su masacre de palestinos.
Esto debe cambiar. La perspectiva palestina, su sufrimiento y sus verdades deben ser respetadas y honradas sin necesidad de validación israelí ni de otras fuentes. La voz palestina y sus derechos deben ser verdaderamente centralizados, no como un cliché académico o jerga política, sino como una realidad cotidiana e innegable.
En cuanto a quienes han postergado su veredicto sobre el genocidio israelí, ninguna razón puede absolverlos. Serán juzgados por la historia y por las súplicas desesperadas de las madres y los padres de Gaza, quienes intentaron sin éxito salvar a sus hijos de la maquinaria de exterminio israelí y del silencio o la inacción colectiva del mundo.
Ramzy Baroud es periodista y editor de The Palestine Chronicle. Fue también editor jefe de Middle East Eye y de Brunei Times y editor jefe adjunto de Aljazeera online, y en su momento dirigió el departamento de Investigación y Estudios en inglés de Al Jazeera. Es autor de seis libros, “En busca de Yenín: Testimonios de la invasión israelí” (2003), “La Segunda Intifada Palestina: Crónica de la lucha de un pueblo” (2006), “Mi padre fue un luchador por la libertad: La historia jamás contada de Gaza” (2010), “ La Última Tierra: Una Historia Palestina” (2018), “Estas cadenas se romperán: Historias palestinas de lucha y desafío en las cárceles israelíes” (2019).
Su último libro, coeditado con Ilan Pappé, “Nuestra visión para la liberación: Líderes e intelectuales palestinos comprometidos se expresan” (2022). Es también investigador sénior no residente del Centro para el Islam y Asuntos Globales (CIGA).
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