Pacientes y trabajadores de la sanidad pública madrileña atribuyen al gobierno de Ayuso una estrategia deliberada para el desmantelamiento progresivo de la Atención Primaria.
Por Gabriela Rojas | 15/04/2025
La sanidad pública de Madrid atraviesa una crisis sin precedentes, marcada por el colapso de los servicios, la falta de personal médico y la indignación de profesionales y pacientes. Las calles de la capital y de numerosos municipios de la Comunidad se han llenado de protestas en los últimos meses, con miles de ciudadanos exigiendo una solución urgente a un sistema que, según denuncian, ha sido sistemáticamente desmantelado por las políticas de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Los trabajadores del sector sanitario, respaldados por sindicatos y asociaciones, señalan a Ayuso como la principal responsable de una situación que pone en riesgo la salud de millones de madrileños, mientras su gobierno persiste en recortar recursos esenciales.
Una sanidad al borde del abismo
Según datos recientes, la Comunidad de Madrid enfrenta una carencia alarmante de profesionales sanitarios. Los sindicatos, encabezados por organizaciones como AMYTS, han alertado que el 72,7% de los centros de salud operan con plantillas médicas incompletas, y más de un centenar de ellos se encuentran en una situación crítica, con servicios prácticamente inoperativos. Esta escasez ha dejado a 760.000 madrileños sin médico de familia o pediatra asignado, una cifra que refleja el abandono de la Atención Primaria, el pilar fundamental del sistema sanitario público.
La falta de médicos no es un problema nuevo, pero se ha agravado bajo la gestión de Ayuso. Los profesionales denuncian condiciones laborales precarias, con jornadas extenuantes y agendas saturadas que les impiden ofrecer una atención de calidad. En muchos casos, los médicos de familia atienden hasta 60 pacientes por turno, lo que reduce el tiempo por consulta a apenas 5 minutos, un escenario que compromete tanto la salud de los pacientes como la del propio personal sanitario, que sufre altas tasas de agotamiento emocional y bajas por problemas de salud mental.
Protestas contra los recortes
El malestar ha estallado en forma de movilizaciones masivas. Desde finales de 2022, las calles de Madrid han sido escenario de manifestaciones históricas, como las del 13 de noviembre de 2022 y el 12 de febrero de 2023, que reunieron a cientos de miles de personas según la Delegación del Gobierno —y hasta un millón según los organizadores—. Bajo lemas como “Madrid se levanta por la sanidad pública” o “La sanidad no se vende, se defiende”, sanitarios, pacientes y colectivos vecinales han exigido el fin de los recortes, el aumento de la inversión en el sistema público y la mejora de las condiciones laborales para retener y atraer profesionales.
Estas protestas han puesto el foco en el desmantelamiento progresivo de la Atención Primaria, que los sindicatos atribuyen a una estrategia deliberada del gobierno de Ayuso. La reapertura caótica de las urgencias extrahospitalarias en 2022, sin personal suficiente y con medidas como consultas por videollamada, fue un punto de inflexión que desató una ola de indignación. Los centros
de salud, lejos de recuperarse, han seguido perdiendo recursos, mientras las listas de espera para consultas, pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas no dejan de crecer. En 2022, el tiempo medio para una operación se situó en 64 días, frente a los 47 de 2020, y muchos pacientes denuncian retrasos de hasta un año.
Ayuso, en el ojo del huracán
Isabel Díaz Ayuso, presidenta desde 2019, ha sido señalada como la artífice de una política sanitaria que prioriza los recortes y la privatización gradual en detrimento del sistema público. Los críticos acusan a su gobierno de implementar una agenda privatizadora que comenzó hace décadas con gobiernos del PP, pero que bajo su mandato ha alcanzado niveles críticos. La externalización de servicios, la reducción de camas hospitalarias —1.300 menos entre 2015 y 2021— y la infrafinanciación del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) son algunas de las medidas que han avivado las críticas.
A pesar de las protestas, Ayuso ha minimizado la crisis, tachando las movilizaciones de “políticas” y atribuyendo la falta de médicos a un problema nacional, una postura que ha indignado aún más a los profesionales. En 2022, llegó a afirmar que las huelgas no estaban justificadas porque “solo faltaban 34 médicos”, una declaración que fue calificada de “insultante” por los sindicatos. Mientras, su gobierno ha presumido de medidas como la conversión de contratos eventuales en interinos o la aprobación de incentivos salariales, pero estas iniciativas han sido consideradas insuficientes por los trabajadores, que exigen una inversión estructural y no parches temporales.
Un sistema en riesgo de colapso total
La situación actual de la sanidad madrileña tiene consecuencias directas en la población. Hospitales como La Paz o el Infanta Sofía reportan colapsos recurrentes en sus urgencias, con pacientes esperando en pasillos por falta de camas. La pediatría es otro punto crítico: la región necesitaría entre 900 y 1.200 pediatras, pero solo cuenta con 720, dejando a miles de niños sin atención especializada. Esta carencia, sumada a la sobrecarga de los médicos de familia, ha generado una percepción generalizada de abandono, especialmente en las zonas rurales y los barrios más desfavorecidos.
Organizaciones como la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) advierten que Madrid es la comunidad que menos invierte en Atención Primaria, con solo un
10,7% de su presupuesto sanitario, muy por debajo de la media nacional. Esta infrafinanciación, combinada con la falta de planificación y la fuga de profesionales a otras comunidades con mejores condiciones, está llevando al sistema público al borde del colapso total.
Las protestas no muestran signos de amainar. Los sanitarios, agotados pero determinados, continúan con paros, concentraciones y movilizaciones semanales, mientras los ciudadanos se suman a un movimiento que trasciende lo político y se centra en la defensa de un derecho fundamental. “La sanidad pública es la que salva vidas por igual”, declaraba una manifestante en una de las últimas marchas, resumiendo el sentir de una región que se niega a aceptar la precariedad como norma.
La crisis de la sanidad madrileña es, en última instancia, un reflejo de las prioridades de un gobierno que ha optado por desmantelar un servicio esencial que garantiza el acceso universal a la salud. Mientras Ayuso insiste en que la sanidad pública es una “prioridad”, los datos y las voces de los afectados cuentan una historia diferente: la de un sistema que se desmorona y una ciudadanía que no está dispuesta a aceptarlo.
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