En el capitalismo, el Estado no es un árbitro por encima de las clases. Es el comité de negocios de la burguesía.
Por Javier Siscart | 30/06/2026
El escándalo de corrupción que sacude a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) no es un caso aislado de “manzanas podridas”. Es la expresión concreta de cómo funciona el capitalismo: un Estado que, lejos de ser neutral, actúa como instrumento al servicio del capital privado, canalizando recursos públicos hacia empresas y grupos empresariales afines, mientras una casta política dirigente se enriquece gestionando esa transferencia de riqueza.
La SEPI, creada supuestamente para defender el interés público y las participaciones industriales del Estado, ha terminado convertida en una máquina de rescates selectivos y adjudicaciones opacas. Durante la pandemia y en los años posteriores, inyectó cientos de millones de euros en empresas como Plus Ultra, Air Europa o Tubos Reunidos, bajo la forma de préstamos y ayudas que, según la investigación judicial en curso en la Audiencia Nacional, habrían estado plagadas de irregularidades. Al mismo tiempo, se investiga el amaño de contratos públicos en entidades dependientes de la SEPI (Enusa, Mercasa y otras), con comisiones irregulares que habrían rondado los 700.000 euros en varias operaciones.
Los nombres que aparecen en el sumario son reveladores: Leire Díez (exdirectiva de la SEPI y militante socialista), Vicente Fernández (expresidente de la entidad), el empresario Antxon Alonso y, según el juez, con un rol de “jerarquía superior”, Santos Cerdán, entonces número tres del PSOE. La última pieza del rompecabezas la puso el propio juez Santiago Pedraz el 29 de junio de 2026: citó como investigada a la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, junto a otras 24 personas, por su supuesta participación activa en rescates y adjudicaciones irregulares.
El Estado como correa de transmisión del capital
En el capitalismo, el Estado no es un árbitro por encima de las clases. Es el comité de negocios de la burguesía. La SEPI lo demuestra con claridad: cuando una empresa privada entra en crisis (por mala gestión, especulación o por la propia lógica destructiva del mercado), el dinero público aparece para salvar el capital invertido. Los accionistas y directivos evitan pérdidas; los trabajadores, en el mejor de los casos, conservan temporalmente el empleo bajo condiciones de precariedad creciente.
Los rescates de aerolíneas son el ejemplo más descarnado. Mientras se destinaban decenas o cientos de millones a compañías privadas, se mantenía una política de contención salarial y recortes en el sector público. El resultado es siempre el mismo: socialización de las pérdidas y privatización de las ganancias. Cuando la empresa se recupera, los beneficios vuelven a manos privadas. Cuando no, el Estado asume el coste y la casta política ya se ha asegurado sus comisiones o colocaciones futuras.
Esta dinámica no es un error de gestión. Es el mecanismo estructural mediante el cual el capital privado utiliza al Estado para externalizar sus riesgos y maximizar sus beneficios. La SEPI, con su enorme capacidad de decisión sobre miles de millones de euros públicos, se convierte en el espacio ideal para esa operación.
La casta dirigente: corrupción como forma de gestión
Lo que diferencia a esta casta política no es solo que gobierne contra los intereses de la clase trabajadora (precariedad, inflación, desindustrialización, pensiones insuficientes), sino que se lucra personalmente de esa misma dinámica.
Los investigados no son empresarios privados ajenos al poder. Son cuadros del partido gobernante que ocupan cargos clave en el aparato estatal. Utilizan su posición para orientar contratos, colocar a personas de confianza y, según las pesquisas, obtener réditos económicos directos o indirectos. La corrupción no aparece aquí como una desviación moral individual, sino como el complemento lógico de un sistema en el que quienes controlan el Estado lo usan también para su enriquecimiento personal.
El hecho de que todo esto ocurra bajo un gobierno que se presenta como “progresista” y de “izquierdas” es especialmente instructivo. Demuestra que la alternancia entre partidos del régimen (PSOE y PP) no altera la función básica del Estado: servir al capital. Cambian los nombres y las siglas, pero la lógica permanece: rescates para las grandes empresas, austeridad o contención para los de abajo, y puertas giratorias o comisiones para quienes gestionan el negocio desde las instituciones.
Contra los trabajadores, a favor del capital
Mientras la SEPI inyectaba dinero público en empresas deficitarias o en rescates dudosos, la clase trabajadora seguía sufriendo las consecuencias de la desindustrialización, la temporalidad y los bajos salarios. Las empresas rescatadas o favorecidas no tienen obligación de mantener empleos estables ni de reinvertir en el país. El capital se mueve donde le conviene; el Estado solo garantiza que las pérdidas no las asuman los dueños del capital.
La corrupción, en este contexto, no es un accidente que “ensucia” el sistema. Es uno de los engranajes que permiten que la transferencia de riqueza funcione con fluidez. Cuando los procedimientos públicos se amañan, cuando las decisiones se toman en despachos opacos y cuando los responsables políticos acaban imputados pero rara vez condenados con penas ejemplares, se refuerza el mensaje de que el poder está al servicio de quien tiene influencia y conexiones.
El caso SEPI, por tanto, no es solo un escándalo judicial más. Es una radiografía del capitalismo español contemporáneo: un Estado que rescata al capital con dinero de todos, una casta política que se enriquece gestionando ese rescate y una clase trabajadora que paga la factura, tanto en impuestos como en condiciones de vida deterioradas.
Mientras no se cuestione la propiedad privada de los medios de producción y el carácter de clase del Estado, casos como este seguirán reproduciéndose. La corrupción no se combate con más controles dentro del mismo sistema; se combate cuestionando el sistema que la hace necesaria y funcional.
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