El bochornoso silencio tras el gran apagón del 28A: reina la impunidad y la opacidad

El silencio del Gobierno y las empresas energéticas no es solo una afrenta a los ciudadanos, sino un peligro para la seguridad energética del país.

Por David Hurtado | 12/06/2025

El 28 de abril España vivió uno de los episodios más graves de su historia reciente en materia energética: un apagón masivo que sumió a la península ibérica en la oscuridad, paralizó el transporte, colapsó las telecomunicaciones y afectó a más de 50 millones de personas. Un suceso que evidenció la vulnerabilidad del sistema eléctrico y puso en el punto de mira la gestión gubernamental y empresarial del sector. A pesar de la gravedad de lo ocurrido, más de un mes después, el silencio oficial sobre las causas de este colapso es tan absoluto como bochornoso. Ni el Gobierno ni las empresas energéticas han ofrecido respuestas claras, y la prometida investigación para depurar responsabilidades parece haberse evaporado en un ejercicio de opacidad e impunidad que resulta inadmisible.

Un apagón sin explicación

Desde el primer momento, las autoridades, encabezadas por el presidente Pedro Sánchez, aseguraron que se investigaría exhaustivamente el origen del apagón. En sus comparecencias iniciales, Sánchez evitó descartar hipótesis, desde un ciberataque hasta un fenómeno atmosférico, y prometió transparencia. Red Eléctrica de España (REE), por su parte, apuntó preliminarmente a una caída en la generación solar, descartando un ciberataque, pero sin ofrecer detalles concluyentes. Sin embargo, transcurridas semanas, no se ha publicado ningún informe oficial, ni se han compartido datos técnicos que permitan entender qué falló en el sistema eléctrico. La ‘caja negra’ del sistema, que según el Gobierno contiene toda la información relevante, parece estar bajo llave, y la ciudadanía sigue sin respuestas.

Este mutismo contrasta con la gravedad del incidente. El apagón no fue un simple corte de luz: dejó hospitales funcionando con generadores, atrapó a miles de personas en trenes y metros, y generó pérdidas económicas millonarias para empresas y ciudadanos. Al menos ocho personas perdieron la vida en circunstancias relacionadas con el corte eléctrico. Un evento de esta magnitud exige no solo explicaciones, sino también la asunción de responsabilidades. Sin embargo, el Gobierno ha optado por el silencio, y las grandes eléctricas, como Iberdrola, Endesa o Naturgy, se han limitado a declaraciones vagas, negando fallos en sus instalaciones y desviando la responsabilidad hacia REE.

La impunidad como norma

La falta de avances en la investigación pone en evidencia una alarmante impunidad. El Gobierno anunció la creación de una comisión liderada por el Ministerio de Transición Ecológica para esclarecer los hechos, pero no hay noticias sobre sus trabajos ni resultados. Mientras tanto, las empresas energéticas, que operan en un sector estratégico, parecen inmunes a cualquier escrutinio. La Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) ha criticado la falta de transparencia de REE, pero sus propias compañías asociadas no han mostrado voluntad de colaborar plenamente, según denuncias en redes sociales y medios.

El presidente Sánchez, en un intento inicial de mostrar firmeza, afirmó que se exigirían ‘todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados’. Sin embargo, estas palabras han quedado en el aire. Ni un solo directivo ha dimitido, ni una sola empresa ha sido sancionada, y el Gobierno no ha tomado medidas para forzar la entrega de datos clave por parte de las eléctricas. Esta inacción es especialmente grave si se considera que, según algunas fuentes, el Ejecutivo podría haber estado al tanto de anomalías en la red desde horas antes del colapso.

Por otro lado, la oposición ha intentado capitalizar el incidente, con el Partido Popular acusando al Gobierno de ‘ocultar la verdad’ y exigiendo una investigación internacional. Sin embargo, estas demandas no han prosperado, y el debate político se ha diluido en un cruce de reproches sin consecuencias prácticas. La ciudadanía, según una encuesta del CIS, considera mayoritariamente que la información proporcionada por el Gobierno es ‘insuficiente’, con un 59,6% expresando su frustración. Este descontento refleja una creciente percepción de que las instituciones están más interesadas en proteger intereses políticos y corporativos que en rendir cuentas.

Un sistema energético en entredicho

El apagón del 28 de abril no solo expuso fallos técnicos, sino también las carencias de un modelo energético privatizado y con falta de inversión en infraestructuras, que además prioriza la transición hacia energías renovables sin garantizar la robustez de la red. Una infraestructura que no está preparada para gestionar la volatilidad de fuentes como la solar y la eólica, lo que genera desequilibrios que pueden derivar en colapsos. A esto se suma la falta de inversión en mantenimiento y modernización, un problema que algunos analistas atribuyen a la complacencia del Gobierno y a la influencia de las grandes eléctricas, que maximizan beneficios a costa de la resiliencia del sistema.

El silencio del Gobierno y las empresas energéticas no es solo una afrenta a los ciudadanos, sino un peligro para la seguridad energética del país. Un apagón de esta magnitud no puede quedar sin explicación ni consecuencias. Es imperativo que se publique un informe detallado sobre las causas del colapso, que se identifiquen las responsabilidades –sean técnicas, empresariales o políticas– y que se tomen medidas para evitar que algo así vuelva a ocurrir.

Los ciudadanos merecen saber por qué se quedaron sin luz, quiénes son los responsables y qué se hará para protegerlos en el futuro. Hasta que estas preguntas encuentren respuesta, el apagón del 28 de abril seguirá siendo una mancha en la credibilidad del Gobierno y del sector energético español. El silencio, lejos de apagar las críticas, solo aviva la indignación.