El Benidorm Fest y el problema de la participación popular

DEl mismo modo que el jurado de Eurovisión impide que vaya la candidata elegida por la gente, el poder judicial tumba leyes sociales que han sido impulsadas y aprobadas por mayorías.

Por Tomàs Alfonso

Mucho se ha escrito en los últimos días sobre lo ocurrido en el Benidorm Fest, el festival en el cual se eligió a la representante española en Eurovisión. Más allá de las opiniones de los críticos culturales y demás personas que se han animado a hablar (y a escribir) sobre el tema, creo que la respuesta más acertada ya nos la anticipó hace unos meses Vargas Llosa cuando, en medio de una tertulia, espetó con una fría tranquilidad que lo verdaderamente importante en democracia era «votar bien», -evidentemente- según su criterio.

Con este desafortunado mensaje, Vargas Llosa explicó una cuestión fundamental para comprender el funcionamiento de nuestra sociedad: la participación popular es efectiva en sus resultados siempre que no contravenga la voluntad de quienes realmente mandan, ya que de lo contrario siempre se buscarán herramientas que puedan matizar o suspender la validez de la opinión mayoritaria.

Lo verdaderamente trágico del Benidorm Fest, más allá de los resultados, es que mucha gente se ha chocado con esta realidad. Y no solo personas politizadas, también muchas otras ajenas a la actualidad política que de buena fe querían participar en la elección de su representante en Eurovisión.

Fíjense. En el año 2008, la gente eligió al personaje Rodolfo Chikilicuatre como candidato español para la competición musical. Evidentemente, su show era humorístico y su calidad musical prácticamente nula, pero es indudable que a la ciudadanía le gustó y que se hizo viral. Estoy seguro de que muchas y muchos de ustedes todavía recordarán parte de la letra y del baile, lo que da fe de cómo caló en la sociedad. Pues bien, ese año fue el último en el que la gente pudo votar a su representante. El mensaje por parte de la dirección de RTVE fue claro: si os damos poder de decisión votáis lo que no debéis, no os vamos a dejar votar más. 

Curiosamente, ese año se iniciaría la crisis que, tiempo después, terminaría haciendo saltar por los aires el sistema bipartidista en las elecciones del 2015. En ellas, y esto es importante, además del quebrantamiento del sistema de partidos clásico, también se vio claramente que la voluntad política de la gente se desplazaba hacia la izquierda, si se quiere entender la política en estos términos.

Como bien saben, desde estos comicios  hubo números que permitían echar a Rajoy de La Moncloa. Si no se hizo, fue por intereses ajenos al pueblo, el cual mayoritariamente había votado un cambio de Gobierno. Creo que todas recordamos al ahora Presidente admitiendo con una valiente vulnerabilidad que había recibido presiones para no pactar un Gobierno de coalición con Podemos  en el que hubiera ministras y ministros a la izquierda del PSOE.

Y esto no ocurrió en una sola ocasión, sino que se repitió en las sucesivas elecciones que se convocaron en los siguientes años, en las cuales la mayoría de la población, de forma inequívoca, indicó con su voto que quería un Gobierno de izquierdas. Lo que ocurrió, tal y como defiende Vallín, es que en España hubo un secuestro de la voluntad popular durante cuatro años (2015-2019).

Sin embargo, por esta autonomía relativa de la que goza la política con respecto a la voluntad de la élite, en ocasiones el pueblo puede ganar, y finalmente se formó un Gobierno coherente con lo expresado en las urnas. Además, por motivos que no entraré a explicar, este año se emplazó a la ciudadanía a participar en la elección de su representante en Eurovisión, que se elegiría en el Benidorm Fest.

Si la historia terminara aquí, probablemente podríamos convenir que se trata de un final feliz en ambos casos. Desafortunadamente, para que un punto y final se convierta en un punto y seguido basta con que a continuación alguien decida proseguir con la acción. Y siempre va a haber quienes –por interés- estén dispuestos a que esto sea así.

Lo grave de la situación es que en aquellos casos en los que ya no es posible o deseable en términos de popularidad y legitimación cancelar o suspender la voluntad popular, siempre hay un órgano supervisor que intenta corregir o matizar lo dicho por la gente. De esta manera, la mirada del supuesto experto servirá para matizar la voluntad general. La idea de fondo es que la ciudadanía en ocasiones no sabe lo que lo conviene y vota mal (recordemos el chikilicuatre), por lo que debe haber un jurado profesional que subsane los errores que ha cometido el pueblo.

De este modo, llegamos a lo vivido el pasado sábado. Al respecto de lo ocurrido en el Benidorm Fest, no importa que la gente haya puesto en primera posición una canción en galego y, en segundo lugar, un tema que se puede considerar feminista (dejando de lado la acertada crítica trans). Tampoco hubiese importado que hubiera ocurrido al contrario. Lo verdaderamente importante en este asunto es que ambas canciones fueron consideradas por los que de verdad mandan como muy ‘progres’ o politizadas como para representar a España en Eurovisión. En definitiva, no importa lo que gente vote, sino lo que la gente que manda decide. La opinión de la gente es válida siempre que ‘vote bien’, esto es, siempre que se adapte al criterio de los poderosos.

En consecuencia, si la población ha tenido la cabezonería de votar un Gobierno de coalición y no hay forma de evitarlo, deberán intervenir los «jurados profesionales» de turno para garantizar que esto de la participación popular tampoco tenga demasiados efectos.  En esta línea, del mismo modo que el jurado de Eurovisión impide que vaya la candidata elegida por la gente, el poder judicial tumba leyes sociales que han sido impulsadas y aprobadas por mayorías. Y todo esto, que no se les olvide, aludiendo a un supuesto interés general del cual se pretenden garantes.

Antes de acabar, conviene decir  que existen herramientas políticas y mayorías parlamentarias que nos invitan a pensar que esto no tiene porqué ser siempre así, ya que mediante la mayoría del bloque de investidura se podrían realizar las reformas pertinentes en RTVE y en el poder judicial para evitar  la suspensión o matización de la voluntad popular.

Desgraciadamente, es el PSOE quien tiene esta llave y, de momento, no parece dispuesto a dar la espalda por completo al Partido Popular y a su agenda conservadora para contribuir a la construcción de una dirección de Estado progresista y plurinacional, la cual que podría ayudar a que los resultados políticos fueran coherentes con la voluntad mayoritaria

Sin embargo, ante la inacción de este partido, mucho me temo que de momento estas reformas no se producirán y que, al igual que en los anteriores años, a las personas progresistas de este país no nos quedará más que criticar al poder judicial y boicotear a Israel en Eurovisión.