Es hora de que el Estado asuma su responsabilidad y apueste por una sanidad pública de calidad como pilar fundamental de una sociedad justa e igualitaria.
Por Redacción NR | 12/03/2025
En los últimos diez años, España ha experimentado un crecimiento notable en el número de personas que contratan pólizas de salud privadas. Según datos de la Asociación Empresarial del Seguro (UNESPA), en 2013 había aproximadamente 9,2 millones de asegurados en el sector privado de salud, mientras que en 2023 esta cifra supera los 12 millones, lo que representa un aumento de más del 30% en una década. Este incremento no es casual: el deterioro progresivo de la sanidad pública, con listas de espera interminables, falta de personal y recursos insuficientes, ha empujado a muchas familias a buscar alternativas en el sector privado. Sin embargo, este fenómeno plantea serios problemas, especialmente para la clase trabajadora, que se ve atrapada entre un sistema público colapsado y un sector privado que prioriza el lucro sobre el bienestar.
Un negocio con la salud
El primer gran problema del auge de las pólizas privadas es su naturaleza empresarial. Las aseguradoras no son entidades benéficas, sino compañías que buscan maximizar beneficios. Esto se traduce en prácticas que afectan directamente a los sectores más vulnerables de la sociedad, como las personas mayores y de pocos recursos. A medida que los asegurados envejecen y su probabilidad de requerir atención médica aumenta, las tarifas de las pólizas se disparan. No es raro que una persona de la tercera edad vea cómo su prima anual se duplica o triplica, llegando a ser tan costosa que resulta inalcanzable. En muchos casos, las aseguradoras directamente rechazan renovar la póliza a clientes de edad avanzada, argumentando que no son ‘rentables’. Esta exclusión deja a los mayores en una situación de desamparo, especialmente si han dependido del sistema privado durante años y ya no pueden reintegrarse fácilmente al público.
Exclusión por enfermedades graves o preexistentes
Otro aspecto preocupante es la discriminación hacia personas con enfermedades graves o patologías previas. Las aseguradoras privadas suelen realizar una evaluación inicial para aceptar o rechazar clientes, y aquellos con condiciones preexistentes —como diabetes, cáncer o enfermedades cardíacas— son frecuentemente descartados. Incluso quienes logran entrar en el sistema corren el riesgo de ser expulsados si desarrollan una enfermedad costosa de tratar. Este modelo de selección de riesgos convierte la salud en un privilegio reservado para los sanos y los ricos, dejando a los más necesitados sin cobertura. Para la clase trabajadora, que a menudo no tiene ahorros suficientes para hacer frente a tratamientos privados sin seguro, esto puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.
El colapso de la sanidad pública como catalizador
El auge de las pólizas privadas no puede entenderse sin el contexto del deterioro de la sanidad pública fruto de las políticas económicas liberales. Años de recortes presupuestarios, especialmente tras la crisis económica de 2008, han dejado al sistema público en una situación crítica. Según el Ministerio de Sanidad, las listas de espera quirúrgicas alcanzaron en 2022 un récord de más de 700.000 pacientes, con tiempos medios de espera que superan los 120 días. La falta de médicos, el cierre de camas hospitalarias y la saturación de los centros de atención primaria han generado una desesperación que empuja a muchos a recurrir al sector privado, esperando una atención más rápida. Sin embargo, esta ‘solución’ es solo accesible para quienes pueden pagarla, profundizando la desigualdad social y dejando a la clase trabajadora en una posición de vulnerabilidad extrema.
Un problema sistémico
Para las familias trabajadoras, el aumento de las pólizas privadas supone una carga económica insostenible. Aunque las primas iniciales puedan parecer asequibles —alrededor de 50-70 euros al mes por persona—, los costes ocultos (copagos, exclusiones de tratamientos, subidas anuales) terminan convirtiendo el seguro en un lujo. Además, el modelo privado no garantiza una atención integral: procedimientos costosos o enfermedades crónicas suelen quedar fuera de la cobertura, obligando a los pacientes a asumir gastos adicionales o a volver al sistema público en el peor momento. Esta dualidad entre un sistema público colapsado y un privado excluyente crea un círculo vicioso que perjudica especialmente a quienes no tienen recursos para sortearlo.
Una sanidad 100% pública y de calidad
El crecimiento descontrolado de las pólizas privadas no es una solución al problema, sino la consecuencia del sistema capitalista, que antepone los beneficios privados al derecho a la salud. La salud no puede ser un negocio, sino un derecho universal garantizado por el Estado. Por ello, el gobierno debería tomar medidas drásticas: prohibir las pólizas de salud privadas y redirigir esos recursos hacia la reconstrucción de un sistema público robusto, eficiente y accesible para todos. Esto implicaría aumentar la inversión en sanidad, contratar más personal médico, reducir las listas de espera y garantizar que nadie quede excluido por su edad, enfermedad o nivel de ingresos. Solo así se podrá frenar la mercantilización de la salud y devolver a la clase trabajadora la seguridad de que su bienestar no depende de su poder adquisitivo.
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