La muerte de la periodista palestina Shireen Abu Akleh conmocionó a la opinión pública mundial. Aunque el gobierno de Israel niega su responsabilidad sobre los hechos, no son pocos los que lo sindican como autor del crimen y piden que se lo excluya como parte de cualquier investigación, sobre todo tras la feroz represión de las fuerzas policiales durante el funeral de la reportera.
Por Ezequiel Kopel / Nueva Sociedad
En esta ocasión no hubo calma que precediera a la tormenta. Luego de un turbulento mes de Ramadán con una ola de atentados en ciudades israelíes y una conducta extremadamente violenta de sus fuerzas de seguridad contra militantes palestinos en Cisjordania y fieles musulmanes que rezaban en su mes santo, sucedió lo que nadie se había imaginado: el asesinato de la periodista Shireen Abu Akleh mientras cubría una redada del ejército israelí contra milicianos en la ciudad cisjordana de Jenin.
El miércoles 11 de mayo por la mañana, la periodista palestina que trabajaba desde hace 25 años en la cadena qatarí Al Jazeera, había salido como de costumbre desde su casa en Jerusalén Este (la parte árabe de la ciudad) hacia el norte de la Cisjordania ocupada. Su misión era cubrir las intensas operaciones de las fuerzas israelíes contra la insurgencia palestina. Mientras trataba de acercarse a la escena de los enfrentamientos junto a su productor Ali Al-Samudi (quien también resultó herido y se encuentra estable), Abu Akleh fue asesinada de un tiro en la cabeza a pesar de estar provista de un chaleco antibalas que llevaba en letras grandes la leyenda «PRENSA» sobre el pecho.
A partir de ese momento, aparecieron diversas versiones sobre el asesinato. Sin embargo, todos los periodistas que se encontraban trabajando junto a Shireen no dudaron en colocar unánimemente la responsabilidad del crimen en manos del ejército, argumentando que ellos se encontraban mucho más cerca del lado israelí que del palestino. A solo media hora del asesinato de Abu Akleh, el aparato de relaciones públicas de Israel comenzó a desarrollar en una estrategia de desvío de información.
El periodista israelí Barak Ravid reveló en un informe en hebreo en el sitio web Walla que «hubo una consulta urgente de la Sede Nacional de Hasbara (órgano de propaganda) junto con representantes de la oficina del primer ministro, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las Fuerzas de Defensa de Israel. Decidieron que el objetivo principal era tratar de defenderse de la narrativa que comenzaba a aparecer en los medios de comunicación internacionales, según la cual Abu Akleh había sido asesinada por fuego israelí».
Así, horas después de su muerte, la Cancillería israelí publicó un video que mostraba a guerrilleros palestinos disparando contra blancos no definidos, al mismo tiempo que comentaban entre ellos que creían que habían herido a un soldado israelí. Para el Ministerio de Relaciones israelí esto era prueba suficiente de una supuesta responsabilidad palestina, debido a que en ese día no se habían reportado heridos en las fuerzas ocupantes. No obstante, la organización de derechos humanos israelí B’Tselem contradijo rápidamente la versión de su servicio exterior y mediante otra filmación que geolocalizaba de manera precisa la escena de los dos hechos (el asesinato y los disparos de los militantes) dejaba en claro que los protagonistas palestinos del video se encontraban demasiado lejos de la escena y no tenían ninguna trayectoria posible para realizar los disparos que causaron el deceso de Abu Akleh. Incluso en un vergonzoso tuit, la Cancillería de Israel elucubraba que el chaleco y el casco que comúnmente utilizan los periodistas en zonas de conflicto habría confundido a los militantes palestinos. Pero la renombrada organización de investigación periodística Bellingcat –conocida por su estudio del uso de armas químicas por parte del gobierno sirio y los ataques rusos contra civiles en Ucrania– estableció las diferentes ubicaciones de los protagonistas del incidente, incluidos Shireem Abu Akleh, el ejército israelí y los militantes palestinos a través de un análisis forense de audio.
A través de ese análisis se pudo indicar fehacientemente que los posteriores disparos contra un hombre que intentaba rescatar a la ya moribunda Shireen se realizaron desde unos 180 metros de distancia. Esto colocaba al tirador cerca de las posiciones del ejército israelí y muy lejos de las posiciones militantes palestinas. El informe agrega que las fuerzas israelíes estaban en una posición más directa para realizar el disparo, en contraste con «las posiciones más obstruidas y distantes de los grupos armados palestinos».
Rápidamente, las máximas autoridades de Israel se sumaron a la rauda negativa sobre la responsabilidad en los hechos. El primer ministro Naftali Bennett, sostuvo que existía la «posibilidad considerable» de que los culpables hayan sido «palestinos armados, que dispararon salvajemente». Con más experiencia en cuestiones de responsabilidad, el ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, dijo: «pueden ser los palestinos quienes le dispararon. Trágicamente, también podría ser alguien de nuestro lado. Lo estamos investigando».
En lo que sí coincidieron las autoridades israelíes es en que debía existir una investigación conjunta entre israelíes y palestinos. Los líderes palestinos se negaron terminantemente a ello. La Autoridad Palestina afirmó el sábado pasado que agradecería la participación de organizaciones internacionales en la investigación sobre la muerte de la reportera, pero sostuvo que a Israel aún no se le permitiría unirse a su investigación, citando el pasado israelí de autoexculparse en casi todos los casos en los que fue acusado de atacar, deliberadamente o no, a la prensa y a civiles palestinos. Asimismo, los propios familiares de la periodista palestina asesinada, quienes creen firmemente que los soldados israelíes son los responsables de su muerte, rechazaron los pedidos israelíes para una investigación compartida. «Apoyamos la participación de cualquier parte en la investigación, excepto de los israelíes. Si te acusan de un delito, no tiene sentido que lo investigues», sentenciaron. Estados Unidos, el aliado más cercano que tiene Israel, se sumó a los pedidos de una investigación rápida y efectiva, debido a que Abu Akleh era también ciudadana estadounidense. Sin embargo, Washington no se hace ilusiones con los resultados de la investigación. Y no le faltan razones. En enero de este año el palestino Omar Andalmajeed As’ad, que había vuelto a Cisjordania después de vivir cuatro décadas en Estados Unidos, perdió la vida luego al ser detenido en el norte de Ramallah mientras se dirigía tarde en la noche de regreso a su casa. Abdalmajeed As’ad murió de un paro cardiaco, esposado en el suelo en medio del frío y dentro de una obra en construcción donde los soldados israelíes lo habían amordazado y vendado los ojos después de golpearlo. El comandante del pelotón y el de la compañía de las tropas fueron reprendidos y excluidos de cualquier puesto de mando por los próximos dos años, pero los soldados no fueron castigados.
Los palestinos también citan los casos del periodista Yasser Murtaja, del joven de 14 años Mohamed Ayoub y de la médica Razan al Najar, todos asesinados por francotiradores israelíes durante las protestas contra el bloqueo de Gaza en 2018. El primero fue muerto por una bala en el abdomen mientras lucía un chaleco protector con la leyenda de «Prensa», el segundo recibió un tiro en la cabeza mientras estaba a una distancia considerable de la cerca que separa a la Franja de Gaza de Israel y la tercera fue abatida mientras atendía a un grupo de heridos. El caso de Al Najar mereció una exhaustiva pesquisa del respetado Equipo de Investigaciones Visuales del New York Times, que dejó en claro la responsabilidad de francotiradores israelíes en su deceso. 180 palestinos fueron asesinados por balas israelíes en el marco de las protestas de ese año en Gaza, lo que suscitó una investigación interna del propio ejército israelí encabezada por el brigadier general Moti Baruch, quien concluyó que ninguna de todas esas muertes fueron «intencionales», sino producto de «percances operativos».
Vale la pena recordar que, de acuerdo a la organización Reporteros sin Fronteras, 35 periodistas fueron asesinados trabajando en Israel y los territorios palestinos desde 2000. El año pasado, en medio de una guerra de baja intensidad entre Israel y el grupo islámico Hamas, misiles israelíes derribaron un edificio de 11 pisos donde se ubicaban las redes de medios palestinos y la agencia estadounidense Associated Press. Israel justificó la destrucción diciendo que Hamás estaba utilizando el edificio para refugiarse, pero aún no ha aportado pruebas concluyentes para sostener la acusación. «Con el debido respeto hacia nosotros, digamos que la credibilidad de Israel no es muy alta en tales eventos», afirmó Nachman Shai, actual ministro de Asuntos de la Diáspora Judía y famoso ex-portavoz del ejército durante la Guerra del Golfo de 1991. A solo dos días del asesinato de Shireen Abu Akleh, en una discusión interna del Estado Mayor de Israel se sostenía que «la posibilidad de que soldado israelí le haya disparado (de manera no intencional) a la periodista de Al Jazeera es muy razonable».
El mismo 13 de mayo se vieron imágenes que dieron la vuelta al mundo e hicieron desconfiar aún más a la comunidad internacional de que los israelíes pudiesen realizar una investigación justa y transparente. Todo empezó la misma tarde del asesinato de Abu Akleh, cuando la policía israelí se apersonó en un velorio improvisado sin el cuerpo y le exigió a la familia de la periodista que bajasen las banderas palestinas de la puerta del recinto donde se realizaba el servicio fúnebre. Ante la negativa, se desplegó a la temida policía de frontera israelí que, junto al oficial a cargo, procedió a secuestrar las banderas. Es importante recalcar que, desde la sanción de los Acuerdos de Oslo, no está penado por la ley mostrar o flamear las banderas palestinas en Israel, por lo que la policía se atribuyó una peligrosa prerrogativa que la coloca por encima de la propia ley del estado judío. No contentos con ese vergonzoso atropello sobre los dolientes, lo peor estaba aún por llegar.
Durante el funeral de Abu Akleh, que sin duda ha sido uno de los más concurridos de la historia palestina de los últimos 50 años (personalmente solo recuerdo el de Faisal Husseini con una cantidad de concurrentes similar), la policía israelí procedió a reprimir no solo a los asistentes, sino también a quienes llevaban en andas al féretro hacia el cementerio cristiano del Monte Zion en Jerusalén (la periodista profesaba esa confesión religiosa y vivía en la histórica ciudad). Aún para quienes desde hace décadas cubrimos desde el terreno las terribles vicisitudes del conflicto israelí-palestino, las imágenes de las fuerzas de seguridad israelíes golpeando violentamente con bastones a los portadores del féretro en un día de recogimiento fueron brutalmente singulares y serán difíciles de olvidar. En esta ocasión, la policía también intentó ensayar una justificación de lo injustificable, esgrimiendo que había intervenido a pedido de la familia (que supuestamente no quería que se llevase el féretro en andas hasta el cementerio) y solo luego de que la multitud hubiera agredido a los oficiales. Para respaldar la acusación, la policía volvió a compartir otro video, en este caso filmado por un dron, en el que se ve a un hombre arrojando una botella (sin que esté claro si es de vidrio o plástico) desde detrás de la multitud. Pero el video no explica que el acto se produjo solo luego de que la policía irrumpiese en el hospital donde estaba el cuerpo ni da razones de la violencia de los uniformados contra las personas que cargaban el ataúd, pues no hay imagen alguna donde se muestre que ellos hayan iniciado un ataque contra la policía. El mismo video muestra a un hombre utilizando una bandera palestina contra la policía, aunque esa acción se produce como acto de defensa después de que la policía comenzara con los golpes.
Anton Abu Akleh, el hermano mayor de Shireem que trabaja para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), descartó de plano las declaraciones de las fuerzas israelíes: «Les informamos [a las fuerzas de seguridad] sobre los arreglos que habíamos hecho, los caminos que planeábamos hacer, desde la Puerta de Jaffa hasta el Monte Sion. Exigieron que no levantáramos la bandera palestina ni coreáramos consignas alusivas». Anton Abu Akleh también rechazó terminantemente los pedidos israelíes para una investigación conjunta y dijo que cree que los soldados israelíes son los responsables de matar a su hermana. Observando las imágenes de la represión en el funeral donde se ve a la policía israelí arrancar la bandera palestina del coche fúnebre queda claro que no sería apropiado confiar en un actor que trata a los palestinos de esa manera (y que se encuentra comprometido en la acusación) para realizar una investigación imparcial. ¿O acaso alguien exigiría una investigación conjunta ruso-ucraniana por cada uno de los siete periodistas asesinados por las fuerzas rusas en Ucrania?
¿Cómo puede Israel animarse a reprimir en el mismo funeral de la persona de la que está acusada de asesinar (de manera intencional o involuntaria)? ¿Por qué hace esto Israel? La respuesta es simple: porque puede. La gran mayoría de los ciudadanos israelíes no le han prestado la más mínima atención al asesinato de la periodista palestina, que solo ocupa un pequeño segmento de los clásicos noticieros del país. Es evidente que Israel no sufrirá ninguna condena internacional efectiva y que la situación seguirá siendo igual. De hecho, el mismo día del asesinato de Shireem Abu Akleh, colonos judíos en la ciudad palestina de Hebrón –donde 800 israelíes viven custodiados entre 250.000 palestinos– tomaron una casa palestina sin los permisos necesarios para hacerlo. En esa misma jornada, otros colonos israelíes de un asentamiento en las colinas del sur de Hebrón golpearon a palestinos y a activistas israelíes que protestaban por una decisión de la Corte Suprema que avaló la destrucción de ocho poblados palestinos en áreas ocupadas y administradas por el poder militar israelí (Israel gobierna la Cisjordania ocupada con un órgano militar llamado, en lo que parece un verdadero chiste, «Administración Civil»). La excusa empleada por Israel para la expulsión de 1.800 personas –lo que constituye el mayor desplazamiento de palestinos desde la década de 1970– resulta difícil de comprender: arguye que los palestinos tienen sus poblados en una zona reservada por el ejército para la «práctica de tiro» en territorio ocupado.
La ocupación militar israelí sobre los palestinos ya ha durado demasiado. De los 74 años de vida del Estado de Israel, 55 han sido de ocupación militar sobre los palestinos. Durante dicha dictadura militar sobre otro pueblo, Israel ha desarrollado uno de sus mayores proyectos nacionales: la construcción de más de 120 asentamientos (hay otros cien que aún no han recibido autorización oficial, pero todo parece indicar que solo es cuestión de tiempo) donde 700.000 israelíes gozan de derechos exclusivos entre millones de palestinos. Las colonias no son pequeños parajes, sino que algunos ya se han convertido en ciudades (Modin Illit, Maaleh Adumin, Ariel, etc.).
Israel se considera a sí misma una democracia para todos, pero no lo es: se trata de una democracia con derechos de privilegio para los judíos (cualquier judío del mundo que quiera emigrar a puede convertirse en ciudadano israelí al instante), pero limitada e imperfecta para los árabes que viven dentro de Israel (que estuvieron bajo dominio militar dentro de Israel desde la fundación del estado hasta 1966 y al día de hoy no pueden instalarse en cualquier zona del país). Los palestinos de Cisjordania y Gaza están en el último peldaño de la pirámide. Son ellos quienes deben lidiar día a día con el sistema que «la única democracia en Medio Oriente» ideó para ellos: un régimen pergeñado para que este sector nunca experimente tal democracia.
La gran mayoría de los palestinos está dispuesta a aceptar un compromiso que les otorgue todos los territorios previos a la conquista israelí en la Guerra de los Seis Días de 1967, es decir solo 22% de todo lo que ellos mismos denominan como la «Palestina Histórica» (concepto de por sí controvertido, pero que comprende lo que hoy es Israel, Cisjordania y Gaza). Esta constituye una concesión enorme de su parte. Sin embargo, los israelíes sostienen que no es suficiente y continúan votando masivamente a representantes que consideran a Cisjordania (los israelíes llaman a esa zona con el nombre bíblico de Judea y Samaria) como parte de Israel. Si se conduce por cualquier ruta israelí, en los carteles que indican cómo ir a Tel Aviv o Haifa también se señala como llegar a las colonias de Betar Illit o Alfei Menashe, entre muchas otras. Muchos israelíes argumentan que es imposible la paz con los palestinos, algo que será difícil corroborar mientras Israel mantenga su presencia militar y civil en sus territorios. Incluso si los palestinos no quisieran tener paz con los israelíes, no existe excusa alguna para desarrollar un enorme y millonario proyecto colonial en sus tierras. Líbano, por ejemplo, no desea hoy la paz con Israel y dicho país no fue perforado como un queso por colonias judías durante la pasada ocupación israelí. Israel podría incluso esgrimir que mantiene su presencia militar en Cisjordania para garantizar una supuesta seguridad, pero los asentamientos israelíes indican otra cosa. No es solo una lucha por la supervivencia, sino una guerra de dominio y control.
La periodista palestina Shireem Abu Akleh no tenía por qué estar en Jenin relatando cómo el ejército israelí daba caza a «terroristas», que es como cualquier noticiero televisivo de Israel denomina a los palestinos armados, sin importar que operen o no en ciudades israelíes o que resistan contra una potencia militar en territorio colonizado. Uno puede estar en completo desacuerdo con la estrategia armada de lucha palestina (siete décadas de ella comprueban que la misma solo consigue polarizar el sentimiento israelí de estar constantemente amenazados), pero Israel tampoco ve con buenos ojos la forma no violenta de la desobediencia civil palestina. Es más, esta estrategia pone aún más nervioso al gobierno y sus fuerzas de seguridad, pues no saben cómo contrarrestarla, lo que quedó en evidencia en la Primera Intifada o en el funeral de Shireem.
El asesinato de Abu Akleh y la extrema represión de su procesión fúnebre han generado una indignación mundial que los israelíes no deben ignorar. Sin la protesta extranjera, la muerte de la reconocida periodista hubiese sido un número más entre las víctimas palestinas. No existe algo parecido a una ocupación militar justa o a un colonialismo sano. Es un contrasentido. Es preciso terminar con la dictadura militar sobre los palestinos lo más pronto posible, primero por su derecho a la autodeterminación, pero también por el propio bienestar israelí. Lo cierto es que, al contrario de lo esperado por muchos, la ocupación no se suavizará. Pero solo hay dos alternativas: o Israel termina con la ocupación o la ocupación terminará desde adentro con el Estado de Israel y el refugio que tienen los judíos en el mundo. Ya no hay tiempo que perder.
Este artículo fue escrito desde Jerusalén
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