El asesinato de María Belén Cortés no es un hecho aislado, sino la consecuencia más extrema de un problema estructural que los educadores sociales llevan denunciando desde hace años.
Por Ricardo Guerrero | 11/03/2025
El pasado domingo 9 de marzo de 2025, la ciudad de Badajoz se vio sacudida por un trágico suceso que ha puesto en el centro del debate las precarias condiciones en las que trabajan los educadores sociales en España. María Belén Cortés Flor, una educadora social de 35 años, fue brutalmente asesinada en un piso tutelado de la Junta de Extremadura, ubicado en la Urbanización Guadiana, a manos de tres menores de edad —una chica de 17 años y dos chicos de 14 y 15— a los que estaba supervisando. Según las primeras investigaciones, la joven, natural de Castuera, fue golpeada y asfixiada con un cinturón, un acto de violencia extrema que ha conmocionado a la sociedad y al gremio de los trabajadores sociales.
María Belén no era una desconocida en su entorno laboral. Vocacional y entregada, había estudiado Magisterio y se dedicaba con pasión a la reinserción de menores en situación de vulnerabilidad o en cumplimiento de medidas judiciales. Sin embargo, esa noche, como tantas otras, estaba sola en el turno nocturno, sin apoyo de personal de seguridad ni sistemas de vigilancia que pudieran protegerla ante una situación de riesgo. Tras el crimen, los tres menores huyeron en su propio coche, protagonizando una fuga caótica que terminó con un accidente cerca de Torremayor y su posterior detención en Mérida. Este desenlace, lejos de cerrar el caso, ha abierto una herida profunda en el sistema de protección de menores y en las condiciones laborales de quienes lo sostienen.
La falta de recursos: un problema estructural
El asesinato de María Belén Cortés no es un hecho aislado, sino la consecuencia más extrema de un problema estructural que los educadores sociales llevan denunciando desde hace años: la falta de recursos y apoyo institucional para desempeñar su labor en condiciones de seguridad. En España, los pisos tutelados como el de Badajoz, gestionados por entidades privadas bajo la supervisión de las administraciones autonómicas, suelen operar con personal reducido y sin medidas de protección adecuadas. En este caso concreto, la vivienda, alquilada por la Junta de Extremadura en febrero de 2025, no contaba con cámaras de seguridad ni vigilantes nocturnos, dejando a la educadora en una situación de total vulnerabilidad frente a menores con antecedentes de conflictividad.
Compañeros de María Belén, como Sheila Gómez, trabajadora social en el Centro de Menores Marcelo Nessi de Badajoz, han alzado la voz para denunciar esta desprotección. “Estamos desamparados. No tenemos vigilantes, no tenemos cámaras, y al final ha pasado lo que tanto temíamos”, lamentaba Gómez durante una concentración de protesta el lunes siguiente al crimen. Las cifras respaldan esta sensación de abandono: según datos del Consejo General del Trabajo Social, los recortes presupuestarios en los últimos años han mermado los recursos destinados a la atención de menores en conflicto con la ley, dejando a los educadores sociales con ratios insuficientes y sin herramientas para gestionar situaciones de alta complejidad.
Menores cada vez más agresivos y un sistema desbordado
El perfil de los menores implicados en el asesinato pone de manifiesto otro desafío: la creciente agresividad y el historial delictivo de algunos de los jóvenes que pasan por estos centros. Dos de los detenidos, de 14 y 15 años, se habían fugado del mismo piso tutelado durante los Carnavales de Badajoz, el 1 de marzo, y fueron localizados días después en Villafranca de los Barros. Uno de ellos, conocido por la Policía, acumulaba decenas de delitos, incluidos robos de vehículos, mientras que el otro había agredido repetidamente a su padre. Apenas 24 horas después de ser devueltos al piso, cometieron el crimen junto a una tercera menor de 17 años.
Este patrón de reincidencia y violencia evidencia las limitaciones del actual modelo de atención a menores en España. La Ley de Responsabilidad Penal del Menor, vigente desde el año 2000, prioriza medidas educativas sobre el internamiento, pero los recursos para implementarlas son escasos. Los pisos tutelados, pensados como espacios de reinserción, se convierten con frecuencia en escenarios de tensión donde los educadores, desprovistos de apoyo, quedan expuestos a riesgos que no pueden controlar. “No podemos manejarlos. Necesitamos más apoyo y más seguridad”, afirmaba otra trabajadora durante las protestas en Badajoz.
La necesidad de una reforma integral
El caso de María Belén Cortés ha reavivado las demandas de una reforma integral del sistema de atención a menores en conflicto con la ley. Los sindicatos UGT, USO y CSIF, junto al Consejo del Trabajo Social, han exigido “medidas urgentes” para garantizar la seguridad de los profesionales, incluyendo el aumento de personal, la instalación de sistemas de videovigilancia y la presencia de vigilantes en los centros. Además, han pedido revisar la edad penal, argumentando que muchos menores, plenamente conscientes de sus actos, aprovechan la laxitud del sistema actual, donde “matar les sale muy barato”, en palabras de Sheila Gómez.
Sin embargo, la solución no pasa solo por endurecer las penas, sino por abordar las carencias estructurales del modelo. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, expresó su “consternación” por el suceso y reconoció que “no se puede permitir que las educadoras trabajen en estas condiciones”. No obstante, las palabras no bastan: el colectivo reclama un incremento sustancial del presupuesto para el sector, que permita no solo proteger a los trabajadores, sino también ofrecer una atención adecuada a los menores, evitando que la falta de recursos perpetúe un ciclo de violencia.
Un presupuesto para la integridad y la esperanza
El asesinato de María Belén Cortés no debe quedar en una cifra más de las estadísticas. Su muerte es un recordatorio doloroso de que los educadores sociales, pilares fundamentales en la reinserción de menores vulnerables, trabajan al límite de sus posibilidades, jugándose la vida en un sistema que los abandona. Incrementar el presupuesto destinado a este sector no es un lujo, sino una necesidad imperiosa para garantizar la integridad de quienes, como Belén, dedican su vida a construir un futuro mejor para los demás.
La concentración convocada por el gremio en Badajoz, las pancartas con lemas como “En casa nos esperan” y el luto de tres días decretado en Castuera son un clamor unánime: no puede haber más víctimas. Es hora de que las administraciones escuchen y actúen. La reforma del modelo de atención a menores y el refuerzo de los recursos para los educadores sociales no solo honrarían la memoria de María Belén, sino que evitarían que su tragedia se repita. Porque trabajar por el bienestar de los demás no debería costar la vida.
Gracias por este artículo, soy trabajadora social, educadora social y profesora, y he ido cambiando de profesión debido a las lamentables condiciones laborales que como educadora social experimenté. El intrusismo en nuestra profesión es inadmisible, María Belén de formación era maestra, por lo tanto esto debe de empezar a cambiar, no pueden desde diferentes profesiones ser contratadas/os como educadoras sociales sin esa formación específica, al igual que yo como educadora social, no puedo trabajar como maestra.
Ratios muy altos, temas de salud mental graves como esquizofrenia, trastorno limite de la personalidad, proxenetas, son algunos de los casos que yo he llevado en una mancomunidad, no cabe todo para la educación social, va en detrimento de las profesionales y de las personas usuarias.
Sueldos de autentica miseria, de ahí que muchas personas que amamos una profesión tan bonita y dura, en donde sin en el vínculo que debes generar es imposible, acompañar en los procesos, la mayoría abandonemos para tener una calidad de vida mayor.
Las/os ATE trabajando de noche, y la formación que tienen no es desde luego, bajo mi criterio, la necesaria para trabajar, que es ESO o bachiller, he trabajo en pisos de mujeres victimas de vg, con ATE que venían de trabajar del mundo del calzado como vendedoras, y estaban toda la noche hablando con las usuarias de tú a tú, se cargan la intervención, ya que se desdibuja la relación y el trabajo que de forma individual se realiza, en la mañana al intentar trabajar rutinas y normas, estaban dormidas,por ejemplo, lo que genera un conflicto innecesario.
La cualificación y profesionalización deben ser nuestra bandera, y por supuesto un trabajo coordinado y en red, con un equipo multidisciplinar-psicosocial. Respeten de una vez, la profesión. No deleguen en empresas y subcontratas que tiran los presupuestos para obtener el pliego y por ende, recurren a personal no cualificado, en sustitución de las educadoras sociales, sueldos y convenios obsoletos y ratios imposibles de trabajar.
Las noches deben ser cubiertas por educadores sociales, en parejas en estos casos mixtas, faciliten herramientas para que esto no vuelva a ocurrir, es necesario una reforma estructural.