El asesinato de Hipólito Quispe Huamán no es un hecho aislado, sino la manifestación visible de un sistema que falla de forma estructural.
Por Isabel Ginés | 18/08/2025
El 26 de julio de 2025, la violencia que desde hace décadas envenena la región de Madre de Dios volvió a golpear con brutalidad. Hipólito Quispe Huamán, reconocido defensor ambiental y dirigente agrícola, fue asesinado cuando regresaba a su hogar en el caserío Santa Rosa, tras pasar la jornada en la Feria Sabatina Apromin de Mazuko, donde cada semana vendía sus cultivos. El ataque fue directo y meticulosamente planeado: a la altura del kilómetro 285 de la carretera Interoceánica, dos hombres en motocicleta lo interceptaron y le dispararon dos veces, dejándolo sin vida junto a su motocarro.
Quispe Huamán no era un nombre desconocido en la región. Vicepresidente de la feria sabatina y fundador de la Asociación de Agricultores Nueva Esperanza, había formado parte del Comité de Gestión de la Reserva Nacional de Tambopata, una instancia creada para articular esfuerzos de agricultores y concesionarios forestales contra la minería ilegal y la degradación de la zona de amortiguamiento. Aunque se había apartado temporalmente por problemas de salud, estaba a punto de reincorporarse al comité, lo que podría haber reactivado tensiones con actores ilegales que operan en la zona.
Su asesinato no solo representa la pérdida de un líder local, sino que expone una problemática más profunda: la ineficacia del Mecanismo Intersectorial para la Protección de las Personas Defensoras de Derechos Humanos, una herramienta creada para prevenir precisamente este tipo de crímenes. Testimonios recabados indican que, tras el ataque, las llamadas a los teléfonos de emergencia del mecanismo no obtuvieron respuesta, obligando a los compañeros de Quispe a buscar ayuda en redes de aliados. El Comité de Gestión denunció que no existe un canal de atención disponible las 24 horas, lo que convierte la supuesta “protección” en un recurso prácticamente inútil en situaciones críticas.
No se trata de un caso aislado ni de una falla puntual. En abril de 2022, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia debían aprobar los lineamientos de actuación para implementar medidas urgentes de protección. Tres años después, estos lineamientos siguen sin publicarse. Mariano Castro, ex viceministro de Gestión Ambiental, lo resume de forma tajante: el Estado “incumple flagrantemente” su obligación de garantizar entornos seguros para quienes defienden el medio ambiente. Y mientras la norma se empantana en la burocracia, los defensores siguen cayendo bajo las balas.
A esta parálisis institucional se suman carencias materiales graves. Según Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), el mecanismo cuenta apenas con tres personas y carece de presupuesto para ejecutar medidas reales de protección. Las mesas regionales creadas son, en sus palabras, “espacios meramente protocolares, sin plan de trabajo ni impacto real”. En paralelo, el Congreso aprueba leyes que, lejos de proteger a los defensores, favorecen a quienes depredan los recursos naturales, como la reciente normativa sobre crimen organizado que reduce sanciones en determinados contextos.
La familia de Quispe, encabezada por su esposa Asunta Huaynasi, ha solicitado justicia y seguridad inmediata para ella y sus hijos. Las autoridades policiales sostienen la hipótesis de que el crimen estaría vinculado a disputas por invasiones para la minería ilegal, un patrón habitual en la región. La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Madre de Dios ha abierto una investigación por homicidio calificado, reconociendo la condición de defensor ambiental de la víctima.
El contexto es alarmante: entre 2000 y 2024, la CNDDHH documentó 14 asesinatos de líderes en Madre de Dios, cinco de ellos en la provincia de Inambari. En esta región, las economías ilegales vinculadas al oro, la madera y el tráfico de tierras se entrelazan con redes de corrupción que erosionan la acción del Estado y generan un clima de amenaza constante para quienes denuncian los abusos. La defensa ambiental en Madre de Dios se ha convertido en una actividad de altísimo riesgo, y quienes la ejercen lo hacen prácticamente desprotegidos.
En 2024, la presidenta Dina Boluarte prometió en su discurso del 28 de julio fortalecer el mecanismo de protección. Un año después, no hay avances tangibles, y en su último discurso el tema ni siquiera fue mencionado. Para muchos, este silencio institucional confirma que la voluntad política no acompaña la urgencia de la crisis.
El asesinato de Hipólito Quispe Huamán no es un hecho aislado, sino la manifestación visible de un sistema que falla de forma estructural. Su muerte simboliza el costo extremo que pagan quienes se interponen en el camino de las economías ilegales que destruyen la Amazonía. Y obliga a una reflexión incómoda: en Perú, proteger la naturaleza puede costarte la vida, y el Estado, lejos de ser un escudo, se convierte en un espectador tardío de la tragedia.
Si el Estado peruano no reforma de inmediato su sistema de protección, asigna recursos reales y garantiza un mecanismo operativo y eficaz, la muerte de Hipólito Quispe Huamán será solo una más en una lista que seguirá creciendo. Honrar su memoria no es colocar una placa o emitir un comunicado: es garantizar que ningún defensor ambiental más tenga que elegir entre callar o morir. La historia juzgará no solo a quienes apretaron el gatillo, sino a todos los que, teniendo el poder de evitarlo, optaron por la inacción.
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