Esta política tocó techo en 2008, cuando llegó a haber 755 miembros de EPPK en las cárceles, casi todos muy lejos de Euskal Herria y la práctica totalidad en primer grado, contrariamente al estándar aplicado al resto de personas presas en los dos estados.
Por Ramón Sola / Naiz / Viento Sur
La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Gobierno español, ha comunicado este viernes que los últimos presos vascos que quedaban fuera de Euskal Herria serán repatriados, lo que supone el fin de la política de alejamiento sistemático vigente en los últimos 34 años.
En concreto, ha dado a conocer el traslado a cárceles vascas de Irantzu Gallastegi (que está en Estremera, Madrid), Faustino Marcos (Daroca, Zaragoza), Asier Borrero (El Dueso, Cantabria), Garikoitz Etxeberria y Gregorio Eskudero (Dueñas, Palencia).
Únicamente queda fuera, por motivos procesales al estar pendiente de juicio en la Audiencia Nacional, Jaione Jauregi, encarcelada de modo preventivo en Alcalá (Madrid).
16 muertes y un sinfín de vulneraciones
El anuncio de traslados viene a suponer el fin de una política de castigo a personas presas y familiares que se ha prolongado durante 34 años. Si bien antes ya estaban alejados en Soria, Herrera o Puerto de Santa María, fue en 1989 (con Enrique Múgica como ministro de Justicia del Gobierno del PSOE) cuando se implantó una dispersión generalizada.
Llevaba parejo el alejamiento extremo (incluidas inicialmente las cárceles de Baleares, Canarias, Ceuta o Melilla), además de múltiples vulneraciones como el aislamiento, el primer grado generalizado y sin progresión, o las restricciones a las comunicaciones.
Esta política se ha cobrado la vida de 16 familiares y amigos, pero también la de presos a través de la mala asistencia sanitaria, el castigo síquico o el aislamiento.
Esta lacra se ha cobrado la vida de 16 familiares y amigos de presos a causa de accidentes producidos en los viajes (la última, la de Nati Junco en 2007). Pero también ha sido determinante en muertes de presos, bien por mala asistencia sanitaria, por derivar en suicidios…
Esta política tocó techo en 2008, cuando llegó a haber 755 miembros de EPPK en las cárceles, casi todos muy lejos de Euskal Herria y la práctica totalidad en primer grado, contrariamente al estándar aplicado al resto de personas presas en los dos estados.
Deshielo desde 2018 y nueva fase
La excepcionalidad no comenzó a desmontarse hasta 2018, siete años después del fin de la lucha armada de ETA, cuando el Gobierno francés inició una política de traslados a las prisiones cercanas de Mont de Marsan y Lannemezan. Las decisiones fueron vehiculizadas desde una comisión conjunta entre Estado y representantes vascos.
La llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa en ese mismo año trajo la afirmación categórica de que la política penitenciaria iba a cambiar, pero los traslados no se activaron realmente hasta 2020. Y desde entonces se han desarrollado con interrupciones, y habitualmente en dos botes, de modo que la persona presa era primero trasladada de una cárcel lejana a otra del entorno de Euskal Herria (Logroño, El Dueso, Soria, Zuera…) y en un segundo momento posterior era repatriada al fin.
El fin del alejamiento refuerza la segunda fase en marcha, con las excarcelaciones por la vía legal como objetivo.
Desde la asunción de la transferencia en octubre de 2021, el Gobierno de Lakua ha sido quien ha decidido a qué cárcel concreta era destinado cada preso repatriado y se han concedido varias docenas de terceros grados, si bien lejos aún de las cifras que correspondería y revertidos en ocasiones por la Audiencia Nacional vía recurso final.
En cuanto al Estado francés, se ha terminado de vaciar de vascos la cárcel de Mont de Marsan, con lo que casi todos los miembros de EPPK están en Lannemezan. Subsiste la anomalía de Ainhoa Ozaeta, presa en Réau, en parte por no haber módulo de mujeres cerca de Euskal Herria.
La recta final del fin del alejamiento ha sido larga y compleja, aunque la evolución de la cuestión hizo que Sare ya saludara la cercanía del «kilómetro cero» con un acto en octubre pasado en Donostia. Para esta primavera se han anunciado este mismo viernes los llamados ‘Etxera Eguna’ en decenas de localidades, que refleja la nueva fase de esta lucha. Se basa en lograr las excarcelaciones por la vía legal una vez consumado el fin del alejamiento.
Atrás quedan casi tres décadas y media de sufrimiento realmente imposible de medir, porque a las muertes se le suman las horas de vida gastadas en la carretera (con miles de viajes de hasta 2.000 kilómetros para 40 minutos de visita), el tremendo gasto económico generado, las afecciones a la salud…
Etxerat y Sare: Seguir trabajando
Tras conocerse la noticia, Etxerat ha valorado el fin de «este cruel e interminable tiempo» y ha recordado a las 16 víctimas mortales causadas por la dispersión. A partir de ahora, ha señalado, «queda trabajo para acabar de recorrer el camino de vuelta a casa de presos y refugiados y la ruta hacia la convivencia».
Otegi: Único «logro», prolongar el sufrimiento
La dimensión de la noticia ha motivado una comparecencia urgente del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, que antes que nada ha querido apuntar que «el único ‘logro’ de este ciclo ha sido la prolongación cruel del sufrimiento. Hay que manifestar con rotundidad que las políticas de alejamiento y dispersión nunca debieron haberse puesto en marcha y que no debieron haberse alargado tanto en el tiempo. Por eso, nuestra alegría de hoy debe ser contenida en ese sentido. No podemos olvidar tanto dolor y padecimiento».
«Las políticas de dispersión y alejamiento fueron la consecuencia de una decisión política, de una decisión de Estado sostenida en el tiempo por todos los gobiernos con plena consciencia de que conculcaban gravemente derechos humanos. No les importó ni saltarse su propia legalidad ni añadir sufrimiento gratuito e innecesario a los familiares de los presos y las presas», ha denunciado.
Ahondando en ello, Otegi, que como preso político también sufrió esta práctica, ha subrayado que «la política de dispersión y alejamiento ha sido una política de excepción diseñada y aplicada ‘ad hoc’ contra un colectivo concreto. Por lo tanto, su final no debiera escandalizar a nadie, pues obedece simplemente al estricto cumplimiento de la legalidad penitenciaria y de los derechos que debiera regular la misma. En términos democráticos, EH Bildu entiende, además, que el fin de la política de dispersión significa una manifestación (ciertamente tardía) de respeto a la amplísima mayoría social, sindical, política y popular que se ha pronunciado rotundamente contra la misma a lo largo de estas décadas».
EH Bildu: «Esperanza y confianza, seguiremos trabajando, seguiremos construyendo puentes y no trincheras»
Tras compartir la «alegría» de EH Bildu, especialmente con los familiares de presos y presas, y recordar a los que perdieron la vida por la dispersión («siempre estaréis en nuestros corazones, jamás os olvidaremos»), Otegi ha felicitado también a «todos los agentes políticos, sociales y sindicales que nos han acompañado en el camino durante todos estos años demandando el fin definitivo de una política que solo añadía dolor al dolor y sufrimiento al sufrimiento. El fin de la dispersión es una conquista de todos y todas».
Por último, ha mirado al futuro, para apuntar que aún existen políticas de excepción, pero que es momento de «un mensaje de esperanza y confianza al pueblo vasco. Seguiremos trabajando, seguiremos tejiendo consensos, seguiremos construyendo puentes y no trincheras. Nuestro pueblo se merece un futuro de reconocimiento y reparación de todas las víctimas y un horizonte sin presos, refugiados ni deportados políticos. Nuestro pueblo lo desea y es responsabilidad de todos y todas hacerlo realidad».
PNV, EP, PP, Covite…
El PNV ha acogido con «satisfacción y optimismo» el fin de la dispersión y ha destacado que «es una noticia positiva y constituye un paso más hacia la ansiada consolidación plena de la convivencia en nuestro país».
No obstante, cree que no es «el último paso» que debe darse ya que «la satisfactoria culminación del acercamiento debe servir para que la izquierda abertzale y las formaciones políticas y sociales que la articulan se animen a dar, de una vez por todas, los pasos que no han dado hasta la fecha», «pasos decididos en la dirección del reconocimiento unívoco del daño injusto causado, pasos firmes en la dirección del acompañamiento y reparación de las víctimas de la acción criminal de ETA».
La portavoz de Elkarrekin Podemos en el Parlamento de Gasteiz, Miren Gorrotxegi, ha saludado la noticia en las redes sociales: «El fin de la dispersión es una buena noticia para los derechos humanos. Cumplir condena cerca del lugar de residencia es imprescindible para la reinserción. Y esas condenas nunca debieron cumplirlas las familias».
El presidente del PP en la CAV, Carlos Iturgaiz, ha dicho por contra que el presidente español, Pedro Sánchez, «ha pagado la primera parte de la factura» a EH Bildu «acercando a todos los criminales de ETA, con o sin arrepentimiento, a Euskadi». «Ahora el siguiente pago de Sánchez será ir sacando a la calle a los etarras, ayudado de la política penitenciaria del PNV», ha asegurado, tras lo que ha hablado de «escarnio a las víctimas».
Sin embargo, desde este mismo espacio otra cosa distinta ha opinado una de ellas, Consuelo Ordóñez (Covite), para quien la dispersión «ya no tenía ningún sentido» y finiquitarla supone «quitar el victimismo a la izquierda abertzale». Ha añadido que ahora estarán «muy vigilantes» con las progresiones de grado y ha destacado que la Audiencia Nacional «está haciendo bien su trabajo» al combatirlas.
Ramon Sola es redactor jefe en naiz.
Publicado en naiz el 24/03/2023
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