El Agua: Política de Estado

Luis Díaz Allegue

Las lluvias tenderán, cada vez, a ser más escasas. Dos terceras partes del territorio español están en riesgo de desertificación en las próximas décadas, según en Foro de la Economía del agua. Y cuando la desertificación llegue, será irreversible.

Este año, el sistema hídrico español se ve acosado por la que está siendo la peor sequía en más de tres décadas. Los pantanos rozan mínimos históricos encontrándose por debajo del 50% de su capacidad, y muchas cuencas hidrográficas atraviesan una crisis ecológica sin precedentes en las últimas décadas. Galicia, donde tenemos la más que merecida fama de que llueve siempre, está sufriendo una continua bajada de sus reservas de agua. Las reservas en los embalses Gallegos están al 40,65% de su capacidad en su conjunto, con un 38’6% en la cuenca del Miño-Sil, y un 42’7% en la de Galicia Costa.

Embalse de Cachamuiña, Ourense

El abastecimiento de la población no corre peligro, pues la Ley de Aguas lo protege frente a cualquier otro uso, pero debido a sectores de mucha importancia en España, como la agricultura o el turismo (que son actividades con alto consumo de agua), este asunto se vuelve muy complejo. El agua, en definitiva, debería de ser una política de Estado. Este artículo se centrará exclusivamente en un uso del agua embalsada: La producción de electricidad.

Uno de los principales motivos del alto coste de la electricidad se encuentra en la genuina disfuncionalidad del  mercado  mayorista,  el cual  fija  precios  para  la  electricidad  desconectados  del  coste  real  de generación. En particular, se retribuye con el mismo precio (el que determina el gas o el carbón) a tecnologías que tienen costes variables muy diferentes. Esto provoca que las centrales hidroeléctricas y nucleares, casi totalmente amortizadas antes de 1997 y con unos costes variables muy bajos, puedan llegar a recibir unos ingresos desorbitados. Para referirse a ellos se utiliza comúnmente la expresión beneficios caídos del cielo. La injusticia es agravada por el hecho de que las nucleares no han asumido en su totalidad los gastos de gestión de los residuos ni los de seguros que cubran el peligro de accidentes, lo cual les ha permitido recuperar más rápidamente los costes de su inversión.

Según el informe de Red Eléctrica Española, que analiza el mercado eléctrico español, en 2016 la energía hidráulica en España produjo el 14,6% de toda la electricidad consumida, siendo la tercera tecnología más productora, solo por detrás de la nuclear (22,9%) y la eólica (19,3%). En el sistema eléctrico nacional hay instalados 20.352 MW de energía hidráulica repartidos en 800 centrales hidroeléctricas. Todas estas centrales son concesiones públicas cuyos permisos de explotación están limitados.

El coste marginal cero y la escasez de reserva son dos de las razones por las cuales la energía hidráulica es clave en España, pero nos queda por mencionar la más importante: La energía hidráulica es la única forma de almacenamiento energético 100% fiable que tiene el sistema eléctrico Español en este momento. Según un estudio de Deloitte – que no es precisamente una institución sospechosa de ser ecologista radical– para tener un sistema eléctrico 100% renovable en 2050 se necesitarán entre 40 y 60 GW de capacidad de respaldo del sistema; esto significa energía hidráulica de bombeo, conexiones internacionales, almacenamiento en baterías o termosolar de aceite o centrales térmicas de biomasa. La hidráulica cubre ya el 50% de esta teórica capacidad necesaria de respaldo.

La mala planificación del sistema de retribución de la energía hidráulica es una de las razones por las cuales la tarifa eléctrica ha subido un 80 por ciento desde el año 2004

Observando estas claves, se entiende la importancia de nuestras reservas de agua en un futuro, y sería lógico pensar que las centrales hidráulicas tendrían que estar gestionadas por un ente público y no por un oligopolio que solo tiene como objetivo ganar más dinero. Hay que recordar que Iberdrola fue multada en 2015 por la CNMC por alterar los precios del mercado eléctrico. Su artimaña consistió en elevar los precios ofertados por las centrales hidroeléctricas de Duero, Sil y Tajo para que buena parte de su energía se quedase fuera de la casación del mercado diario en favor de otras centrales más caras, como el gas.

La tarifa eléctrica ha subido un 80% desde el 2004

Sin embargo, los actos de los últimos gobiernos denotan que es reacio a asumir la gestión del parque hidroeléctrico. El Ministerio de Medio Ambiente dejó caducar el año pasado, al no resolverlo en 18 meses, el expediente de reversión de la central de Lafortunada (Huesca). Anteriormente, el ejecutivo del expresidente Zapatero renovó en 2009 la concesión de la central de Peares (una planta gallega, propiedad de Gas Natural-Fenosa) hasta 2059.

Gracias a una pregunta de Izquierda Unida en el senado [1], conocemos que en este año caducan los permisos de seis de esas 800 centrales: Molino de Corveiras, Mazonovo y San Tirso en la demarcación hidrográfica del Cantábrico; Tobera, en la del Ebro; Castro-Cadelas y Castadón, en la del Miño, y Cebolla, en la del Tajo. Recuperar estas centrales para el uso público sería primordial si se tuviera intención de conseguir un sistema eléctrico renovable.

Es imperativo que la ciudadanía conozca que el sistema de retribución de la energía hidráulica y nuclear, así como una mala planificación de la primera, es una de las razones por las cuales la tarifa eléctrica ha subido un 80 por ciento desde el año 2004, empobreciendo al consumidor doméstico y dificultando la supervivencia de muchas empresas. Sólo desde una opinión pública informada y crítica será posible romper la alianza de hierro que existe entre los gobiernos y las grandes compañías del sector de la energía, cuyos enormes beneficios y poder dependen de su modelo centralizado, contaminante y basado en maximizar la dependencia de los ciudadanos y los pueblos. Tenemos que formar una alianza entre los ciudadanos y el medio ambiente. Entre todos debemos poner la recuperación de las centrales hidráulicas en la agenda política de este país.

[1] http://www.senado.es/web/expedientdocblobservlet?legis=10&id=124808

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