Dos jóvenes amenazando a los dirigentes del procés y a Pablo Iglesias desde un tanque del ejército español, chats de policías o militares planeando golpes de estado o limpiezas de comunistas – con su pistola reglamentaria pagada por todos los españoles, al lado de su teléfono móvil- el lanzamiento de una granada contra un centro con menores migrantes en Madrid o el ataque con un artefacto incendiario a la sede de Podemos en Cartagena. Todos ellos sucesos han permanecido impunes y que han pasado sin pena ni gloria por el parlamento o las redacciones de un país en el que la represión franquista se cobró hace apenas un suspiro histórico más de 150.000 vidas.
Entiéndanme, no pretendo plantear en este espacio comparaciones forzadas entre diferentes etapas históricas y muy dispares formas de amedrentar a los rivales políticos en la contienda aparentemente democrática, pero si bien es cierto que existen clases de ejercer la violencia para ello, no lo es menos que en España siempre ha resultado más sencillo ejercer la violencia de clase cuando el dedo que aprieta el gatillo, las teclas o prende fuego a este cóctel de odio y barbarie procede de la burguesía. El odio a la clase obrera, el temor a su posible organización y el uso de la violencia en tiempos de crisis y zozobra del capitalismo, es un clásico histórico que no debe extrañarnos. Fascistas y liberales son viejos conocidos y todos sabemos que no dudarían un segundo en dinamitar toda esta mascarada de democracias burguesas si sus beneficios económicos corriesen el menor peligro.
Es cierto que Podemos dista mucho de ser el brazo que ahogue a la serpiente que protege a este injusto sistema, pero no por ello debemos de negar nuestra solidaridad cuando el odio ultra ataca sus sedes o a sus militantes. No hace falta compartir ni la línea política de un partido para mostrarse firme en nuestro compromiso antifascista y no podemos permitirnos ceder ni un milímetro en las barricadas que todavía enfrentan el evidente avance ultra que en estos tiempos se ve legitimado desde todas y cada una de las instituciones del estado. Al fascismo no se le discute, se le combate. Y por ello cualquier estado o institución que proteja o se niegue a enfrentar la violencia fascista está sin duda alguna cavando su propia tumba. Haría bien esta monarquía heredera del franquismo en tomar al fin buena nota de ello.
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