La renuncia de Díaz llega tras días de creciente presión por parte de la oposición, sindicatos, familiares y compañeros de las víctimas, quienes exigían responsabilidades políticas ante los indicios de irregularidades en la mina.
Por Redacción NR | 15/04/2025
La consejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio del Principado de Asturias, Belarmina Díaz, ha presentado su dimisión irrevocable este martes, 15 de abril, en el pleno de la Junta General, apenas dos semanas después de la tragedia que segó la vida de cinco mineros en la mina de Cerredo, en Degaña. La explosión de grisú, ocurrida el 31 de marzo, no solo conmocionó a la región, sino que desató una tormenta política y social que ha puesto en el punto de mira la gestión de la consejería, la responsabilidad de la empresa Blue Solving y el sistema de inspección minera en Asturias.
Una dimisión bajo presión
La renuncia de Díaz llega tras días de creciente presión por parte de la oposición, sindicatos, familiares y compañeros de las víctimas, quienes exigían responsabilidades políticas ante los indicios de irregularidades en la mina. Durante su comparecencia en la Junta, la consejera anunció su decisión con un mensaje claro: «No quiero ser un obstáculo para la investigación ni para conocer la verdad». Díaz, ingeniera de minas y exdirectora general de Minería, defendió su gestión, asegurando que «ninguna inspección reflejó ilegalidades» y que, de haber tenido conocimiento de las actividades ilícitas de Blue Solving, habría actuado de inmediato. Sin embargo, sus explicaciones no lograron aplacar el malestar general.
El accidente, el más grave en la minería asturiana en tres décadas, destapó una realidad alarmante: Blue Solving, la empresa que gestionaba la mina, estaba extrayendo carbón de forma ilegal en el tercer piso, conocido como Mangueiro, sin autorización alguna. Según las inspecciones realizadas tras el siniestro, se encontraron dos huecos de 18,2 y 24,6 metros de longitud, con condiciones de trabajo descritas por la propia Díaz como «ni en el peor de los chamizos». Estas evidencias reforzaron la percepción de que los trabajadores fueron enviados a una «ratonera», un entorno de altísimo riesgo que culminó en una trampa mortal.
La indignación de las familias y la plantilla minera
Familiares, amigos y compañeros de los fallecidos —Jorge Carro, Rubén Souto, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez— no han escatimado en su clamor por justicia. «No queremos más lágrimas; queremos que paguen los culpables», expresó un compañero durante el funeral, reflejando el sentimiento de una región marcada por el sacrificio minero. La indignación se intensificó al conocerse que Blue Solving, una empresa con un capital social de apenas 3.000 euros, había recibido una subvención de 927.668,78 euros del Instituto para la Transición Justa en 2024, destinada a la recuperación de materiales y no a la extracción de carbón. Este hecho ha sido percibido como una afrenta por la plantilla minera, que ve en las ayudas públicas un respaldo inmerecido
a una compañía que operaba al margen de la ley.
Las denuncias previas, ignoradas o no atendidas con la diligencia necesaria, también han avivado el descontento. En 2022, un informe del Servicio de Seguridad Minera ya alertaba de «indicios racionales de actividad extractiva no autorizada» en Cerredo, tras un accidente que dejó un fallecido. Además, en octubre de 2023, un vecino de Degaña remitió un correo con fotos y vídeos denunciando una «nueva explotación» sin medidas de seguridad, pero el mensaje no fue abierto hasta después de la tragedia. Estos antecedentes han alimentado las críticas hacia la administración, acusada de negligencia o falta de control.
Blue Solving en el punto de mira
Todas las miradas se dirigen ahora a Blue Solving y sus directivos. La empresa, vinculada a un entramado empresarial con antecedentes controvertidos, no tenía permiso para extraer carbón en el piso tercero, donde ocurrió el accidente. Su autorización se limitaba a la recuperación de materiales y chatarra, una actividad considerada de bajo riesgo que no justificaba las condiciones extremas encontradas. Díaz subrayó que, de confirmarse la extracción ilegal, «la responsabilidad es de la empresa y del director facultativo», señalando un incumplimiento grave de la legislación minera con consecuencias letales.
La Fiscalía Provincial de Asturias ya investiga posibles delitos, y la Guardia Civil, junto con la Policía Judicial, continúa recabando pruebas. La empresa se enfrenta a un expediente sancionador iniciado el 4 de abril y a posibles consecuencias penales si se consolida la hipótesis de actividad ilegal con resultado de muerte. Además, la denuncia presentada por Promining, una compañía vinculada al anterior dueño de la mina, acusa a Blue Solving de encubrir labores de explotación bajo el pretexto de investigar grafito, un mineral que, según afirman, no existe en Cerredo.
Un sistema bajo escrutinio
La tragedia de Cerredo ha expuesto las grietas de un sistema que, según críticos, priorizó intereses económicos sobre la seguridad de los trabajadores.
El presidente del Principado, Adrián Barbón (PSOE), ha defendido la transparencia de su gobierno y prometido llegar «hasta el final» para esclarecer los hechos. Mientras tanto, el Gobierno asturiano ha ordenado una auditoría interna del Servicio de Minas y suspendido cautelarmente permisos similares al de Blue Solving.
La dimisión de Belarmina Díaz marca un punto de inflexión, pero no cierra las heridas de una región que llora a sus mineros. La mina de Cerredo permanece clausurada, pero el eco de la tragedia resuena como un recordatorio de los riesgos que aún persisten en el sector. Las familias exigen justicia, no solo contra Blue Solving, sino contra cualquier responsable que, por acción u omisión, permitió que cinco vidas se perdieran en lo que muchos describen como un «crimen evitable». La lucha por la verdad y la seguridad en las minas asturianas está lejos de terminar, y el desenlace de esta crisis podría redefinir el futuro de la minería en la región.
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