A pesar de presentarse como un gobierno progresista, las políticas fiscales de Sánchez y sus socios no han revertido significativamente las ventajas fiscales de las multinacionales.
Por Joaquín Castro | 6/05/2025
Más allá del relato supuestamente progresista, desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia del gobierno de España en 2018, la política fiscal aplicada por el PSOE y sus socios de gobierno (primero Unidas Podemos y posteriormente Sumar) ha beneficiado a las multinacionales.
Los datos muestran que durante este periodo, el gobierno no ha implementado medidas efectivas que aumenten significativamente la presión fiscal a grandes empresas, permitiendo que mantengan bajos tipos efectivos de tributación.
Según información de la propia Agencia Tributaria, la tendencia general durante estos años ha sido la bajada de la presión fiscal efectiva. El tipo efectivo del Impuesto de Sociedades para grandes empresas, incluidas multinacionales, ha permanecido muy bajo, rondando el 6-7% sobre beneficios contables en 2023, frente al tipo nominal del 25%. Esto se debe a exenciones, deducciones y estrategias de planificación fiscal que no han sido suficientemente abordadas por el Gobierno.
Algunas de las mayores multinacionales tecnológicas, como Google, Amazon o Apple, declaran beneficios mínimos en España, a pesar de su enorme presencia en el mercado. Esto se debe, en gran medida, a estrategias de planificación fiscal agresiva que les permiten trasladar sus beneficios a jurisdicciones con impuestos más bajos, como Irlanda, Luxemburgo o los Países Bajos. Por ejemplo, en 2022, Amazon reportó ingresos de más de 12.000 millones de euros en España, pero pagó menos de 300 millones en impuestos, una cifra que representa un porcentaje ínfimo de sus ganancias globales.
Este fenómeno no se limita al sector tecnológico. Grandes empresas de otros sectores, como la moda o la energía, también aprovechan lagunas legales y acuerdos fiscales internacionales para minimizar sus obligaciones tributarias. Mientras tanto, las pymes y los trabajadores autónomos en España soportan una carga fiscal significativamente mayor, lo que genera una percepción de desigualdad en el sistema.
Por otro lado, la recaudación se ha estancado. La recaudación del Impuesto de Sociedades en 2018 fue de 23.424 millones de euros y en 2023 apenas alcanzó los 31.000 millones, según datos preliminares de la Agencia Tributaria, a pesar del crecimiento económico. Esto contrasta con el aumento del IRPF, que recae mayormente en la clase trabajadora, y muestra una menor contribución relativa de las multinacionales.
La baja tributación de las multinacionales tiene consecuencias directas en las arcas públicas. España, con un sistema de bienestar que depende en gran medida de los ingresos fiscales, pierde recursos esenciales para financiar servicios públicos como la sanidad, la educación o las pensiones. Según estimaciones del sindicato Gestha, la elusión fiscal de las grandes corporaciones podría costarle al Estado español entre 20.000 y 30.000 millones de euros anuales.
Medidas insuficientes
Aunque el Gobierno ha introducido iniciativas como el tipo mínimo del 15% para multinacionales (en línea con el acuerdo de la OCDE) y el impuesto temporal a banca y energéticas, estas medidas tienen un alcance limitado. El tipo mínimo solo afecta a empresas con facturación superior a 750 millones de euros, y su implementación ha sido lenta, con lagunas que reducen su impacto. El impuesto a banca y energéticas recaudó 2.859 millones en 2024, una cifra marginal frente al volumen de beneficios de las multinacionales.
¿Gobierno progresista?
A pesar de presentarse como un gobierno progresista, las políticas fiscales de Sánchez y sus socios no han revertido significativamente las ventajas fiscales de las multinacionales. Según GESTHA, el 70% del fraude fiscal (unos 60.000 millones de euros anuales) proviene de grandes empresas y fortunas, pero las reformas no han cerrado las principales vías de elusión, como los beneficios por doble imposición de filiales extranjeras.
La presión fiscal global en España (36,8% del PIB en 2023, según Eurostat) sigue por debajo de la media de la eurozona (41,7%), lo que refleja una menor capacidad para gravar a las grandes corporaciones en comparación con países como Francia o Alemania, donde los tipos efectivos son más altos.
Aunque el Gobierno de Sánchez ha tomado algunas medidas simbólicas, la falta de reformas estructurales para combatir la elusión fiscal y aumentar la tributación efectiva de las multinacionales ha permitido que estas sigan beneficiándose de un sistema fiscal laxo. Esto ha limitado la recaudación para financiar políticas sociales, contradiciendo el discurso progresista del Ejecutivo.
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