Denantes mortos que escravos

Salvar Al Garito IOSIF

Por Daniel Seixo

«Los catalanes, los gallegos y los vascos serían anti-españoles si quisieran imponer su modo de hablar a la gente de Castilla; pero son patriotas cuando aman su lengua y no se avienen a cambiarla por otra. Nosotros comprendemos que a un gallego, a un vasco o a un catalán que no quiera ser español se le llame separatista; pero yo pregunto cómo debe llamársele a un gallego que no quiera ser gallego, a un vasco que no quiera ser vasco, a un catalán que no quiera ser catalán. Estoy seguro de que en Castilla, a estos compatriotas les llaman «buenos españoles», «modelo de patriotas», cuando en realidad son traidores a sí mismos y a la tierra que les dio el ser. ¡Estos sí que son separatistas!“

Alfonso Daniel Rodríguez Castelao

La Guardia Civil asesta otro golpe al brazo político de Resistencia Galega. Cuerpos especiales practicaron nueve detenciones y efectuaron registros en localidades gallegas en una operación dirigida por la Audiencia Nacional”

Así titulaba La Voz de Galicia una pieza claramente sensacionalista referida a la denominada Operación Jaro, un operativo policial destinado a golpear al terrorismo gallego en el que nueve independentistas eran detenidos por Guardia Civiles encapuchados que, espectáculo mediático mediante, asaltaron sus casas de madrugada a golpe de metralleta o bien los interceptaron de camino al trabajo para goce y regocijo de amplios sectores policiales, judiciales y políticos. Aparentemente el hilo de este operativo se basaba en la pertenencia de los militantes gallegos a Causa Galiza, una organización independentista y socialista que el instituto armado español vinculaba con el brazo político de la organización armada Resistencia gallega.

Hasta aquí todo encajaría perfectamente con un operativo habitual en cualquier país del mundo contra una organización terrorista, si no fuese por el pequeño detalle de que nadie en Galiza sabe o ha llegado a saber nunca lo que es exactamente esta supuesta organización terrorista. Si usted pregunta en su visita a Galiza por Resistencia Galega, podrá comprobar que únicamente su eco resuena lejano y adulterado en las tabernas de las localidades cuando un joven vecino es detenido, sus efectos retumban como Mars Ultor entre la militancia independentista y al margen de esto el resto de gallegos y gallegas simplemente conocen desdibujados detalles de ese curioso grupo terrorista que no atenta, no asesina, ni se hace sentir en las calles, por lo que los medios cuentan cuando el miedo resulta políticamente necesario.

Así el ABC puede publicar que “los líderes de Resistencia gallega recibieron doctrina militar sobre el uso de explosivos” en una noticia que diferencia entre los acusados Toninho, Matos y Losada, cuando se conoce que Toninho es el sobrenombre con el que se identifica a Antón García Matos, se puede vincular a esta organización con las protestas en las marchas por la dignidad en la capital sin prueba alguna que respalde estas aventureras declaraciones o el número de militantes de la propia organización puede oscilar dependiendo de la pieza periodística que uno lea esa mañana variando de 40 miembros, 30 o incluso un número indefinido, pero siempre muy peligroso. Y es que quizás la literatura gallega incautada a alguno de los detenidos, el indispensable “Sempre en Galiza” de Castelao o el material de difusión cultural y político de alguna de las organizaciones socialistas del país, pueden resultar peligrosas para el estado español. En cierto modo no le falta razón a tan peregrina aseveración, pero no por ello debiese amparar la institución judicial de una democracia un golpe policial como la Operación Jaro. Y si lo que se han perseguido en este operativo son las ideas de los detenidos, quizás es que no estemos hablando de un estado democrático, sino de otra cosa muy diferente. Personalmente, no lo descarto.

Asegurar que en Galiza existe una organización armada dispuesta a utilizar la violencia terrorista para conseguir la independencia es una sandez tan evidente que solo puede ser tomada en serio y servir como base para destrozar la vida de numerosas personas a lo largo del tiempo en un estado en el que un instituto armado puede asegurar que Rusia estaba dispuesta a enviar 10.000 soldados a Carles Puigdemont para apoyarle a la hora de conseguir la independencia de España. Un estado en el que la Guardia Civil puede permitirse irrumpir en la redacción del único periódico editado en euskera de toda Euskal Herria, detener a sus responsables y abrir un proceso judicial que tras cercenar el tejido cultural de un pueblo y arruinar de forma deleznable la trayectoria laboral de varios profesionales, acabe en absoluciones. El mismo estado en el que sin causa, motivo, ni razón Tamara Carrasco permaneció un año sin poder salir de su municipio acusada falsamente de provocar desordenes en un operativo que partía de un claro abuso de autoridad por parte del estado y que algunos pretendieron cerrar transformando a los  Comités de Defensa de la República (CDR) en una nueva organización terrorista con la que dar rienda suelta a sus ansias de represión sobre el pueblo catalán. El mismo estado en el que Manuel Pérez Martínez, el Camarada Arenas, sigue en prisión por la imaginación de un juez, la ideología de un sistema y la desmemoria de un pueblo. Un estado en el que sin exagerar ni un ápice, algún burócrata de medio pelo o comisario con doble fondo podría leer este texto y decidir que en el mismo se comete el delito de exaltación del terrorismo. Ese es el estado español.

Y eso es también la Operación Jaro, un acto de persecución ideológica basado en un trasgo con apariencias de legalidad que no centra sus acusaciones en la incautación de armas o explosivos, ni tampoco material de ningún tipo que muestre pruebas o evidencias de actividad ilegal alguna, sino simplemente en la participación de los detenidos en homenajes a los militares fusilados por el Ejército español tras la Revolución Gallega de 1846, la promoción de actos de memoria histórica de la lucha independentista en el Siglo XX o la participación de los acusados en recibimientos de ex presos y ex presas de independentistas convocados públicamente. Pues bien, si eso es un delito, con total sinceridad me declaro culpable. Yo y cualquier militante nacionalista, independentista o de izquierdas que con un mínimo de inquietudes, y la posibilidad de desplazarse a actos, haya participado en alguna de estas conmemoraciones y en ocasiones quizás incluso coincidido con los detenidos.El proceso policial, judicial y político que hoy sienta en el banquillo de los acusados a 12 independentistas gallegos a los que se les pide un total de 102 años de prisión con condenas que van desde los 4 a los 12 años con sanciones económicas que arrojan un global de 348.000 y la suspensión de los derechos civiles y laborales de los acusados, es un total despropósito, un acto de violencia, un tic autoritario propio de las viejas formas de la dictadura franquista que únicamente busca destruir a toda costa a una organización política de solidaridad con otros militantes independentistas que ya antes han sufrido estas mismas actuaciones y por tanto supone a su vez una clara estrategia de acoso y derribo antidemocrático al independentismo gallego. De lo que hablamos aquí por tanto es simplemente de una ensoñación represiva, o si lo prefieren, un montaje.


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