Con la enmienda, la promoción del comunismo y la exhibición pública de símbolos como la hoz y el martillo está prohibida y puede comportar hasta 5 años de prisión.
Por Ernesto Vílchez | 21/07/2025
El 18 de julio, el presidente de la República Checa, Petr Pavel, promulgó una enmienda al Código Penal que tiene como objetivo criminalizar la ideología comunista, equiparándola legalmente al nazismo. Esta legislación, aprobada por la Cámara de Diputados el 30 de mayo, establece penas de hasta cinco años de prisión para quienes promuevan públicamente el comunismo o utilicen sus símbolos, como la hoz y el martillo.
La República Checa, como parte de la antigua Checoslovaquia, tuvo una etapa socialista liderada por el Partido Comunista de Checoslovaquia (KSČ) desde 1948 hasta la ‘Revolución de Terciopelo’ de 1989 que restauró el capitalismo. En 1993, el Parlamento checo aprobó la ‘Ley sobre la Ilegalidad del Régimen Comunista’, que declaró al KSČ como una organización criminal y la etapa comunista (1948-1990) como ilegítima y digna de desprecio. Esta ley convirtió a la República Checa en el primer país del antiguo bloque del Este en criminalizar oficialmente un régimen comunista.
La enmienda de 2025 amplía este marco legal al introducir sanciones penales específicas para la promoción de ‘ideologías totalitarias’, incluyendo el comunismo, que busquen suprimir derechos humanos o inciten al odio por motivos raciales, étnicos, religiosos, nacionales o de clase. La legislación también prohíbe el uso público de símbolos comunistas, como banderas o insignias, salvo en contextos históricos o educativos.
La reforma al Código Penal, impulsada por la coalición gobernante liderada por el primer ministro Petr Fiala, busca corregir lo que se ha descrito como un ‘desequilibrio jurídico’. Hasta ahora, la legislación checa castigaba estrictamente la propaganda nazi, pero las sanciones contra la promoción comunista eran menos claras. La nueva ley establece sanciones de hasta 5 años de prisión por promover o apoyar movimientos comunistas, o cualquier ideología que busque suprimir derechos fundamentales.
Además, la exhibición pública de símbolos comunistas, como la hoz y el martillo, está prohibida, con excepciones para usos artísticos, históricos o educativos. La ley equipara el comunismo con el nazismo en términos de responsabilidad penal, argumentando que ambos regímenes causaron ‘estragos históricos’ en el país.
La enmienda ha generado polémica en el país. El Partido Comunista (KSČM), sucesor del KSČ, ha calificado la ley como un ataque directo a los derechos constitucionales y una forma de censura política. La líder del KSČM, Kateřina Konečná, eurodiputada y parte de la coalición electoral ‘Stačilo’ (Basta), acusó al gobierno de utilizar la legislación para marginar a la izquierda e intimidar a los críticos del sistema actual. El KSČM, que mantiene representación en parlamentos regionales y el Parlamento Europeo, ha anunciado su intención de impugnar la ley ante el Tribunal Constitucional, argumentando que su ambigüedad podría ser usada para silenciar a la oposición.
Movimiento reaccionario a nivel europeo
La reforma checa se inscribe en un movimiento reaccionario más amplio de odio al comunismo en Europa del Este, donde países como Polonia, Ucrania, Lituania y Letonia han implementado leyes similares para prohibir símbolos y propaganda comunista, equiparándolos con el nazismo.
Por ejemplo, en Ucrania, una ley de 2015 prohibió los símbolos comunistas y clasificó al régimen comunista en la misma categoría penal que el nazi. Sin embargo, a diferencia de otros países donde los partidos comunistas han sido ilegalizados o han perdido relevancia, el KSČM sigue siendo una fuerza política significativa en la República Checa, aunque su apoyo electoral ha disminuido desde su pico del 20% en la década de 2000 a alrededor del 5% en las encuestas recientes.
La nueva ley plantea varias interrogantes sobre su aplicación y sus implicaciones para la libertad de expresión. Algunos juristas han advertido que la vaguedad de la legislación podría permitir un uso selectivo contra opositores políticos, socavando los derechos constitucionales. Además, no está claro cómo se aplicará la ley a partidos como el KSČM, que opera legalmente y defiende su derecho a existir bajo la Constitución checa. Críticos de la ley, tanto dentro como fuera del país, han expresado preocupación por lo que perciben como una normalización de medidas anticomunistas que podrían limitar el discurso político.
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