¿Debe el periodismo inmolarse para salvar a la Fiscalía? 

¿Deberían esos periodistas revelar ahora la identidad real de su fuente para tratar de evitar la inhabilitación del fiscal general?

Por Iñaki Errazkin | 21/11/2025

Por primera vez en la historia de este país de ficciones jurídicas, un fiscal general del Estado en activo tiene una condena penal firme. El Tribunal Supremo ha inhabilitado a Álvaro García Ortiz por revelación de secretos con una mayoría ajustada y una sentencia que, guste o no, ya es ejecutiva.

Durante el juicio, varios periodistas declararon bajo juramento que recibieron el correo filtrado del abogado de Alberto González Amador de una fuente que no era García Ortiz ni nadie de su entorno directo. El Supremo no consideró suficientemente acreditada la versión de los periodistas como para desmontar los indicios incriminatorios. Punto final procesal.

Hoy mismo, en los corrillos políticos y periodísticos, y en las redes sociales, empieza a escucharse la pregunta incómoda: ¿deberían esos periodistas revelar ahora la identidad real de su fuente para tratar de evitar la inhabilitación del fiscal general? La pregunta es brutal. Y la respuesta, para cualquiera que entienda mínimamente de qué va nuestro oficio, es un no rotundo. El secreto profesional no es un capricho gremial ni un privilegio corporativo, sino que es la única garantía real de que siga existiendo periodismo de investigación en un país que pretenda llamarse democrático. Sin él, nadie volverá a filtrar jamás nada que pueda costarle el puesto, la libertad o la vida. Y no hace falta ser muy listo para imaginar quiénes serán los grandes beneficiados de ese silencio futuro: exactamente los mismos que hoy celebran la condena de García Ortiz.

Quien pide hoy la revelación de la fuente “por el bien del país” está abriendo una puerta que mañana utilizará el poder de turno, cualquiera que sea, para presionar a cualquier periodista en cualquier causa. Porque siempre habrá un “daño grave e inminente” que justifique la excepción: la estabilidad del Gobierno, la seguridad nacional, la lucha contra la corrupción del bando contrario, el honor de un juez, la imagen del Estado… Siempre habrá una causa aparentemente superior, y cuando el secreto profesional se convierta en moneda de cambio coyuntural, el periodismo habrá perdido su última trinchera.

¿Significa esto que hay que resignarse a la posible injusticia que sufre García Ortiz? En absoluto. Simplemente significa que la solución no está en manos de los periodistas, sino en las del sistema judicial, al que nadie ha tenido el valor de poner en su sitio con las herramientas que brinda la legalidad constitucional.

Los periodistas ya hicieron lo que debían: declarar bajo juramento lo que sabían sin traicionar a su fuente. El Tribunal Supremo ha decidido hoy que eso no es suficiente, pero romper el secreto profesional, por muy nobles que sean las intenciones, sería el error más grave que se puede cometer en periodismo. Porque hoy puede ser para salvar a un fiscal general al que muchos consideramos víctima de lawfare, pero mañana podría ser para hundir al siguiente que incomode al poder de turno, y entonces, el silencio será la única fuente fiable.

Iñaki Errazkin es miembro de la Federación Internacional de Periodistas.