«Las mujeres extranjeras cuidadoras sufren el solapamiento e intersección simultánea de varios sistemas de dominación, opresión y discriminación; como son el género, la nacionalidad, la etnia, la clase social y hasta la ocupación».
María José Aguilar-Idáñez
La crisis de los cuidados en España ha producido cambios importantes en su modelo de provisión. La incorporación de mujeres extranjeras en el sector de los cuidados y el empleo doméstico ha sido uno de los cambios más relevantes. Vivimos desde hace más de medio siglo una crisis del modelo social que evidencia profundas limitaciones estructurales de nuestro sistema de cuidados, unido a la incapacidad (o no disposición) para pensar en un imprescindible cambio de modelo de trabajo. La crisis sanitaria solo ha evidenciado de manera brusca esta situación, rompiendo las costuras de un modelo tan sexista como injusto, y haciendo mucho más visibles las deficiencias de un modelo social de cuidados indeseable, que se mantiene a costa del empleo, la flexibilidad y el tiempo de las mujeres.
El injusto modelo de externalización generizada del cuidado
La respuesta en España desde hace varias décadas a la crisis de los cuidados no ha sido otra que la externalización generizada del cuidado, porque siempre se produce entre mujeres: ya sean abuelas o mujeres extranjeras, principalmente. Desde los años 80, los hogares sin esposa-ama-de-casa abrieron nichos de empleo de trabajo doméstico y de cuidados que atrajeron a mujeres de países empobrecidos (aunque a costa de elevadísimos costes de conciliación y cuidado en las propias familias de origen de las mujeres extranjeras empleadas de hogar). Las clases medias y altas resuelven individualmente esa crisis de cuidados contratando a mujeres más pobres de países empobrecidos, conformando las denominadas cadenas globales de cuidados; mientras que las clases bajas la afrontan mediante la solidaridad vertical (generalmente abuelas que cuidan nietos/as).
La pandemia de la COVID-19 ha incrementado las tareas y responsabilidades de cuidado dentro de los hogares y en centros residenciales. Un sector fuertemente feminizado y etnificado, con condiciones de trabajo altamente precarias, que sigue sin estar equiparado en derechos laborales al resto de sectores laborales (carecen de derecho al paro y otras prestaciones a las que sí tiene derecho y acceso el resto de los trabajadores). En nuestro país, antes de la pandemia, una de cada tres trabajadoras del hogar era pobre. La situación actual no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado, como ya ocurrió también en la anterior crisis de 2008.
Precariedad, desprotección y discriminación durante la pandemia respecto al resto de trabajadores
Las mujeres cuidadoras en general, y las extranjeras empleadas domésticas y cuidadoras en particular, han resultado ser el grupo social que con más dureza ha sufrido el impacto de la pandemia. Entre finales de enero y junio de 2020 se redujeron en 18.802 las afiliaciones al Sistema Especial de Empleadas de Hogar de la Seguridad Social. El 96% de dichas desafiliaciones fueron de mujeres, de las cuales el 41% fueron extranjeras. Esta caída del 5% de afiliaciones de trabajadoras del hogar es muy superior a la caída general del 2,3%. Los impactos de esta situación pueden agruparse en dos tipos, en función del factor estructural que explica su incidencia: la ausencia de derechos inherente a la regulación del trabajo doméstico remunerado en España; y la merma de la calidad de vida como consecuencia de los ajustes del mercado laboral en torno al trabajo doméstico remunerado durante la pandemia.
La situación de confinamiento provocó el despido de muchas mujeres empleadas de hogar que no fueron protegidas por las medidas públicas, al estar en situación de irregularidad o trabajando sin contrato (lo que dificultaba también su movilidad a los domicilios al no tener salvoconducto). En el caso de empleadas internas el confinamiento las condenó a convivir durante meses, sin protección de ningún tipo, con las personas dependientes que atendían, viéndose obligadas a trabajar 24 horas diarias, todos los días, ininterrumpidamente. Este incremento forzado de horas de trabajo no se ha correspondido con un aumento de ingresos, que siguen siendo los más bajos del mercado laboral (un 44% del salario medio). Entre quienes estaban contratadas y perdieron el trabajo, a pesar de tener derecho a la prestación extraordinaria que el gobierno estableció en abril de 2020, fueron muy pocas las que consiguieron cobrar esos tres meses de subsidio y lo hicieron con mucho más retraso que el resto de los trabajadores, que tuvieron una más amplia y duradera protección adicional durante la pandemia.
La integración de las empleadas de hogar en el Régimen General de la Seguridad Social sigue sin implicar la equiparación total de derechos laborales. Al no estar cubiertas por la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995), no pudieron acogerse a los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de los que sí disfrutó el resto de los trabajadores con contrato de otros sectores económicos durante toda la pandemia. El subsidio excepcional que el gobierno estableció hasta julio de 2020 para las empleadas de hogar con contrato en vigor dejó sin protección al tercio de mujeres empleadas de hogar extranjeras que prestaban sus servicios en la economía sumergida, sin contrato, independientemente de su situación administrativa (regular o irregular). Quienes perdieron el empleo antes de la entrada en vigor de dicho subsidio, tampoco pudieron acceder al mismo.
Hoy en día, España sigue sin ratificar el Convenio 189 de la OIT que protege a las trabajadoras de hogar y de cuidados, por lo que continúan sin derecho al paro, sin pensiones dignas, sin inspección laboral, además de no estar cubiertas por la ley de riesgos laborales mencionada.
El informe de 2020 del Ministerio de Igualdad pone de manifiesto que las personas empleadas en tareas del hogar y de cuidado han sido uno de los sectores más afectados por la pandemia, tanto por su precariedad estructural como por las medidas sanitarias adoptadas, ya que las trabajadoras tuvieron una alta exposición al virus sin protección y corrieron el riesgo de perder el empleo.
La extrema precariedad de las mujeres cuidadoras, especialmente las ocupadas en la economía sumergida, tiene y tendrá graves consecuencias, como ha advertido el Instituto de Salud Global y el propio Ministerio de Sanidad: después de los contagios del personal sanitario (16,8%) el siguiente grupo ha sido el de las mujeres cuidadoras de personas dependientes (16,3% de los contagios), seguido de trabajadores/as de limpieza (13,9%), trabajadoras de residencias (13,1%) y personas de nacionalidad extranjera (13,1%).
Lo único positivo de todo esto ha sido que los efectos de la pandemia han permitido visibilizar el entramado activista que en los últimos años se ha desplegado y organizado en torno a la lucha de las trabajadoras del hogar y de cuidados por sus derechos. Sin embargo, persiste la falta de conciencia de muchas trabajadoras respecto a sus derechos y, sobre todo, la falta de conciencia de las personas empleadoras sobre sus responsabilidades y obligaciones.
Discriminación múltiple interseccional de las mujeres cuidadoras extranjeras
La crisis global de los cuidados, preexistente mucho antes de la pandemia, afecta de forma diferente según los países, la clase social, el género, la diversidad funcional o la procedencia étnica, produciendo siempre discriminaciones múltiples que interseccionan de forma compleja en las mujeres cuidadoras extranjeras. La existencia de, al menos, una triple discriminación (como mujeres, como trabajadoras domésticas y como extranjeras), configura un complejo entramado de relaciones de poder que dificultan su integración plena en la sociedad receptora, manteniéndolas en situaciones de explotación y vulnerabilidad mucho más complejas que la simple agregación de discriminaciones múltiples y que afectan seriamente a su salud.
Las mujeres extranjeras cuidadoras sufren el solapamiento e intersección simultánea de varios sistemas de dominación, opresión y discriminación; como son el género, la nacionalidad, la etnia, la clase social y hasta la ocupación. No debemos olvidar que el servicio doméstico es el más bajo en la escala sociolaboral y que, por reproducir la posición de subordinación de género históricamente asignada a las mujeres, así como por su cercanía con las tareas y relaciones de servidumbre, es el sector de ocupación con menor reconocimiento y valoración social de todas las ocupaciones legalizadas. Estos ejes de identidad interaccionan en múltiples y simultáneos niveles, configurando una identidad propia y diferente de la suma de discriminaciones múltiples, de forma que cada rasgo está unido inextricablemente a todos los demás, produciendo una injusticia sistemática y una desigualdad social multidimensional. Y es que todos los prejuicios basados en la intolerancia no actúan de forma independiente, sino interrelacionada, creando formas de exclusión y sistemas de opresión propios de esa intersección entre múltiples formas de discriminación. Las distintas formas de violencia que sufren las mujeres extranjeras empleadas de hogar y de cuidado (incluida la violencia estructural), son el resultado de procesos de estratificación social, a través de mecanismos cuya consecuencia es que el acceso, reparto o posibilidad de uso de los recursos es resuelto sistemáticamente a favor de la población autóctona. Y estas condiciones estructurales condicionan y limitan sus pretensiones de libertad, independencia y autorrealización.
Ellas viven situaciones de dominación, racializadas y generizadas, imposibles en otras mujeres cuidadoras españolas. Ellas se han visto obligadas a dejar sus propios hogares para garantizar una vida digna a sus hijos/as, a miles de kilómetros. Siendo el trabajo como empleadas de hogar en España, el primero de ese tipo que realizan en su vida en la mayoría de los casos.
Las relaciones entre empleadoras y empleadas, lejos de contribuir a la disminución del sexismo, lo que hacen es reforzarlo a través de una relación profundamente asimétrica entre mujeres trabajadoras (empleada y empleadora) que refuerzan la división sexual del trabajo y contribuyen a la invisibilización de las tareas y el valor de los cuidados.
Cuidado y sexismo van de la mano: la eliminación del sexismo y la socialización del cuidado también son inseparables. Por eso, la externalización del cuidado hacia otras mujeres no resuelve la crisis global de los cuidados, sino que la reproduce y diversifica, introduciendo nuevos aspectos y dimensiones en las relaciones de dominación.
La externalización generizada del cuidado no puede funcionar como tapadera que oculte los efectos perversos de un sistema de dominación que condena a las mujeres en general, y a las extranjeras en particular, a hacerse cargo de forma invisible y sin reconocimiento alguno, de las tareas de cuidado que resultan imprescindibles para garantizar la sostenibilidad de la vida.
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