Por Puño en alto
Niños y niñas menores de edad son arrastrados a apartarse de sus familias por culpa de cosas tan humanas como lo son el hambre y la guerra. Muchos de ellos, probablemente, no podrán ver nunca más a su familia, a la cual dejó atrás, tal vez en una aldea abandonada, tal vez en un barrio destrozado, tal vez tras unas rejas, tal vez en medio del mar. La historia que hay detrás de cada una de esas cortas pero duras vidas ponen los vellos de punta: menores que han tenido que escapar de la guerra, huir del hambre al que fueron condenados, correr de los que han querido secuestrarlos, escapar de cárceles, nadar tras un naufragio y un largo etcétera. En medio de un desconcierto enorme son tratados por desconocidos, llevados a centros con mucho más desconocidos aún, envueltos en un idioma del que no entienden ninguna palabra y rodeados de unas costumbres que entienden aún menos. Puede que algunos de ellos se fuguen porque las condiciones de vida de algunos de esos lugares es una verdadera locura, pues no es un secreto que miles de esos niños abandonan anualmente el sistema de protección sin que se pueda establecer con claridad las causas de ese masivo abandono y el paradero de esos chicos. Otros aguantarán, harán amigos, incluso encontraron una nueva familia a la que poder aferrarse, después de tantos vaivenes en sus cortas vidas, después de tantos lágrimas derramadas.
Pero para el Gobierno andaluz, esas lágrimas no son suficientes. Quieren más. Siempre ansían más sufrimiento de los que menos tienen; es algo sabido por todo el mundo que a la derecha siempre le ha molestado la felicidad de aquellos que consideran que se tienen que quedar abajo y un claro sello de sus políticas es no responder a las necesidades de la gente. Así, el próximo 1 de junio a la Junta de Andalucía se le ha ocurrido la brillante y humana idea de acabar con 380 plazas de centros de protección destinados a albergar a Menores Extranjeros No Acompañados. ¿La excusa? ¿Puede haber excusa para ello? Si no la hay, ellos se la buscan, la inventan: «dada la situación sobrevenida de crisis social y humanitaria derivada de la pandemia del Covid-19 se ha hecho necesario una reprogramación presupuestaria para atender a la población afectada directamente por la paralización económica y la consecuente falta de ingresos para la atención a las necesidades más básicas. Abocando esto a la población a una grave y profunda crisis social, especialmente a aquellos sectores de la población más vulnerables”, han sido sus declaraciones. Sí, como leen, la Junta de Andalucía gobernada por el PP y Ciudadanos, dicen que les preocupa las personas vulnerables. Y con esa excusa, pegan un tijeretazo sin previo aviso que llevarán a 380 menores de edad a un paradero que hasta hace unos días era desconocido. La Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación avisa a los distintos centros que se verán afectados dejándoles más dudas y miedo que otra cosa. Porque, como si el mensaje no fuera lo suficientemente duro de asimilar, tienen el valor de anunciar dicho recorte tan solo 15 días antes, no aclarando ni tan siquiera qué va a pasar con esos menores, pues fue el 14 de mayo cuando desde la Dirección General de Infancia de dicha Consejería de Igualdad se traslada la noticia a los centros. No obstante, gracias a la presión e intervención de las asociaciones responsables de la gestión de los centros afectados, el número de plazas que se van a eliminar se han reducido a 142. Aún así, dichas asociaciones siguen mostrando un rechazo absoluto a dicha medida porque es inadmisible que la administración andaluza no responda como debe al cuidado de los menores no acompañados, ya sean autóctonos o extranjeros. Y es cierto que las leyes internacionales a las que España está sujeta impiden abandonar en la calle a menores de edad (independientemente de su nacionalidad), pero esto no es algo que nos deje tranquilos si tenemos en cuenta a quienes tenemos sentados en el Gobierno andaluz y conociendo de sobra que sus políticas no son para ayudar a los que más lo necesitan, pues es sabido de sobra la falta de previsión que viene teniendo la Junta de Andalucía y la gran falta de voluntad en cumplir con sus obligaciones de protección y de no discriminación de dichos menores.
Hablan con la boca llena de que hay que ajustarse el cinturón, porque hay que reprogramar los presupuestos para atender a la población afectada debido a la crisis social y humanitaria que estamos atravesando. ¿Se imaginan al gobierno de derechas ayudando a la clase trabajadora, a los parados, a las personas en exclusión social, aumentando el presupuesto en Sanidad, Educación y Servicios Sociales? Pero, ¿cuándo han hecho eso? Si no fuera porque estamos hablando de un tema muy serio, diríamos que es el mejor chiste que nos han podido contar. Y no obstante, ¿qué son estos niños, entonces? ¿Acaso no son, precisamente, víctimas directas de la crisis? ¿Acaso no son la parte más vulnerable de la sociedad, a la que debemos cuidar y poner especial atención? ¿Acaso no es esa la obligación del gobierno andaluz? ¿Y qué pasa con todos los trabajadores de esos centros que se quedarán en la calle tras el cierre de los mismos? Quien se quiera tragar el cuento del Gobierno andaluz, que lo haga, pero espero que pueda conciliar el sueño sabiendo que esos menores ven de nuevo como sus vidas están trucadas, como son tratados como objetos que sobran en un lado y se ponen en otro como si nada. Todo ante el silencio perpetuo de esos niños inocentes que ven como juegan con sus vidas como si estas no importaran nada. Niños que son tratados como simples números en una estadística que no para de subir, pero no olviden que esos números tienen nombres y apellidos. Y unas vidas.
Andalucía tutela a más de 4600 menores extranjeros en su red de centros (un 33% del total del Estado español). Centros donde la finalidad de los que allí trabajan es cuidar de estos niños que no tienen familia, ayudarlos a superar la vida tan dura que han tenido a pesar de su corta edad, formarlos y ayudarlos para que cuando se vean en la obligación de salir del centro al cumplir la mayoría de edad, no se vean con una mano delante y otra detrás como el día que se vieron empujados a emprender un peligroso y largo viaje lejos de su familia y su hogar. Y lo cierto es que es la sociedad civil organizada la que responde y la que busca soluciones y ayuda para estos chicos, pues se ven incluso en la obligación de autogestionarse por la inoperancia de la administración autónoma andaluza, a pesar de que es su obligación atender las necesidades básicas de estos menores. No son pocos los problemas que presenta el sistema de protección andaluz, encontrándose muy precarizado y, con esta medida que el gobierno andaluz quiere poner en práctica el próximo 1 de junio, lo que nos encontramos es aún más precariedad y una vulneralización de los derechos de estos menores que, al no tener a nadie, se encuentran bajo la tutela del Estado, quien está obligado a velar por su seguridad. Pero no lo hace.
El gobierno de Juanma Moreno y Juan Marín (y aquellos fascistas a los que le dan la mano sin ningún pudor), afirman que no hay que preocuparse por el cierre de esos centros porque hay plazas suficientes en otros para cubrir las necesidades de estos niños. Sin embargo, curiosamente, el pasado año se tuvo que multiplicar los recursos de acogida del sistema público de tutela por la voluminosa llegada de niños sin familias a Andalucía. Con esta inhumana medida, se prevé el cierre de muchos centros, sobre todos aquellos de menos de 10 plazas que se les empuja directamente a su cierre, mientras que los centros de más de 10 plazas, se reducen a la mitad. Además, se teme este traslado de menores de unos centros a otros porque no se tienen en cuenta muchas cosas, pues se ignora el arraigo que los mismos hayan podido desarrollar en cuanto a procesos de escolarización, contratos de trabajo, relaciones con iguales, familias colaboradoras, por poner algunos ejemplos. Es evidente que al hacer este recorte no se está teniendo en cuenta el bienestar de estos menores que con tanto esfuerzo habían conseguido tener un poco de estabilidad en sus vidas.
No sé a ustedes, pero a mí no me cuadra y esto huele más a que el gobierno de derechas y fascista que tenemos en Andalucía quiere agarrarse a cualquier excusa para dañar a aquellos que menos tienen, para perjudicar aún más las vidas de quiénes vinieron pidiendo una oportunidad, para mostrar su lado más xenófobo del cual dan buen ejemplo en sus políticas. Porque no olvidemos las continuas denuncias que se han venido realizando años atrás donde se mostraba la situación tan crítica en la que se encontraban muchos de esos centros, siendo muy conocido el caso del verano pasado donde en un centro se tuvo que poner colchones en el suelo para alojar a los niños, ya que el número de menores tutelados triplicaba a lo que el centro era capaz de responder. ¿Dónde están esas plazas disponibles para acoger a estos chicos, que el 1 de junio serán expulsados de sus centros actuales, de las que tanto alardea la Junta de Andalucía? La Junta ha querido tranquilizar a aquellos que legítimamente han protestado por dicha medida, diciendo que todos esos niños serán atendidos sin priorizar su nacionalidad, sin embargo es bien conocido como el gobierno andaluz ya hablaba en los acuerdos de los presupuestos el cómo en las partidas sociales había que priorizar a la población española. Que la mayoría de los centros se encuentran al máximo de su capacidad y están sobrepasados es una realidad que todos los trabajadores de los centros, asociaciones y sindicatos de sobra conocen y denuncian. Y, por supuesto, es de más conocido por la Junta de Andalucía, pero hay que apretarse el cinturón, ¿no es cierto?
De apretarse el cinturón, sabe mucho el gobierno andaluz, siendo un ejemplo reciente el escandaloso coste económico que supuso el cambio de logo de la Junta de Andalucía, que no fue nada bien recibido por la población. Y es que en una tierra como la andaluza, donde tanta precariedad hay, donde la sanidad está tan deteriorada, al igual que la educación, gracias a las grandes recortes que precisamente hicieron Partido Popular y PSOE, lo que menos necesitan los andaluces es que el dinero se destine al cambio de un logo, mientras la Precariedad es el logo que representa a la mayoría de trabajos que se ofertan en esta tierra.
Lecciones de apretarse el cinturón viene a darnos el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, que se ha aquejado públicamente de que los consejeros y altos cargos políticos cobran poco, además de pedir un aumento en el presupuesto de sus dietas porque con su sueldo no llega a fin de mes. Ya me gustaría ver al vicepresidente mirar a los ojos a uno de los chicos que vivía en Somalia, el cual tras ver como asesinaban a sus padres, intentó huir del país, acabando detenido e ingresado en una cárcel para ser torturado hasta que obtuvieron de él lo que quisieron. El mismo que cuando por fin creyó ver su sueño cumplido de viajar a Italia resulta que se vio nadando en medio del mar debido al naufragio de la patera en la que viajaba. El mismo que con suma paciencia veía como lo destinaban a un centro y otro sin poder echar raíces en ninguno de ellos, luchando con un idioma que no le era familiar, intentando conciliar el sueño por las fuertes pesadillas que deambulaban por su cabeza, tomando medicación para poder seguir adelante. El mismo que, cuando por fin tiene amigos y lo que él considera una familia, resulta que lo vuelven a cambiar de centro y lo separan de lo único que tiene en su vida, obligándolo a empezar de nuevo, obligándolo a que no concilie de nuevo el sueño en las noches. Sí, me gustaría ver a Juan Marín mirando a los ojos a este chico diciéndole que hay que ajustarse el cinturón, mientras él se queja de que no llega a fin de mes.
En una petición que se ha difundido a través de la plataforma change.org se hacen las siguientes preguntas: “¿Adónde van a ir el 1 de junio todas estas criaturas para las que la Junta de Andalucía recorta su atención? ¿Se les separará de sus compañeros y compañeras de hogar? ¿Tendrán que cortar repentinamente los lazos con sus referentes adultos, los educadores y educadoras sociales de estos centros que, con esfuerzo y compromiso intentan sacar el trabajo adelante?”. Preguntas para las que la Junta de Andalucía ha dado el silencio como respuesta. Es escalofriante como el gobierno de Juanma Moreno y Juan Marín juega con las vidas de tantos menores y se le olvida que debe responder por ley a los cuidados y protección de estos.
Por todo ello, es más que evidente que cuando dicen que los recortes en dichos centros se deben a un reajuste en el presupuesto para ayudar a las personas más vulnerables no es más que una excusa inventada. La Junta de Andalucía está dejando desamparados a muchísimos menores para lo cual no hay excusa alguna. Estas medidas que pretenden justificar solo hacen fomentar los discursos de racismo y xenofobia que tanto los identifican. Solo es una excusa para poner en prácticas sus políticas de odio.
Una excusa muy miserable. Cosas de la miserable derecha.
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