COP25: Los Estados, a punto de propiciar decenios de abusos contra los derechos humanos

Amnistía Internacional insta a los negociadores a escuchar las demandas de las personas

Cuando quedan sólo unas horas para que los Estados lleguen a acuerdos en las negociaciones de la ONU sobre el clima entabladas en 2019 en el marco de la 25ª Conferencia de las Partes (COP25) en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Amnistía Internacional insta a los negociadores a escuchar por fin las demandas de las personas y tener muy en cuenta los derechos humanos en sus decisiones. Si no lo hacen, propiciarán decenios de abusos contra los derechos humanos, de los que serán responsables.

Asumir compromisos de acción climática urgente y consecuente con los derechos humanos

Es esencial que en la decisión final de la COP25 se reconozca la necesidad de reforzar con urgencia la acción climática y de que todos los países preparen o actualicen sus contribuciones determinadas a nivel nacional de manera que reflejen la máxima ambición posible en lo que respecta a mantener el aumento de la temperatura media global por debajo de 1,5°C. Asimismo, se debe exigir en ella que tales contribuciones se elaboren y se realicen de manera participativa, con la intervención de las comunidades locales, solicitando el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y teniendo en cuenta las cuestiones de género y las obligaciones contraídas en materia de derechos humanos. Si los Estados no presentan el próximo año planes climáticos nuevos o éstos no son lo suficientemente ambiciosos, los devastadores efectos climáticos que se harán sentir en un mundo con temperaturas tres o más grados por encima de los niveles preindustriales darán lugar a violaciones de derechos humanos.

No aceptar normas que posibiliten abusos contra los derechos humanos

© Adolfo Luján

Las negociaciones sobre los mercados de carbono deben incluir compromisos de adopción de medidas de protección de los derechos humanos. Tales salvaguardias son necesarias para garantizar que, antes de aprobar proyectos de mercado de carbono, se evalúan las consecuencias negativas en materia de derechos humanos y que las personas afectadas directamente por ellos tienen voz en su preparación. No incluir estas salvaguardias ni un mecanismo independiente de presentación de reclamaciones supondrá condenar a las comunidades locales y los pueblos indígenas a sufrir nuevas violaciones de derechos humanos, como ha ocurrido ya con proyectos “limpios” anteriores. Lo que está en juego es la vida, la salud y, a menudo, la supervivencia cultural de pueblos enteros que llevan centenares de años sufriendo discriminación y marginación. Aprobar normas que no generen ambición en materia climática y puedan perjudicar a las personas sería peor aún que no llegar a ningún acuerdo en absoluto.

Los países ricos deben dejar de aprovecharse de los países del Sur

En las negociaciones sobre “las pérdidas y los daños”, los países ricos deben asumir las obligaciones que han contraído en materia de derechos humanos y proporcionar apoyo y reparación, incluida indemnización económica, a las personas sobre cuyos derechos se hayan hecho sentir negativamente los efectos climáticos. Los países ricos son responsables del grueso de las emisiones de gases de efecto invernadero y no deben esperar que sean los países en desarrollo los que corran con todos los costes. En la práctica, los países ricos que se niegan a pagar la parte que les corresponde están dando la espalda a los casi cuatro millones de personas que, salvo la vida, lo han perdido todo en los ciclones de Mozambique de este año o a las que viven en islas del Pacífico y necesitan ser reubicadas con urgencia debido al aumento del nivel del mar.

Amnistía Internacional recuerda a los negociadores que las demandas antedichas no son cuestiones menores, promovidas por unas cuantas organizaciones. Representan las peticiones de acción climática y justicia climática en torno a las que se están uniendo personas de todo el mundo y que reúnen a pueblos indígenas, niños y niñas, jóvenes, mujeres, personas con discapacidad, sindicatos, personas LGBTI, minorías, personas que viven en la pobreza y todas las personas y comunidades que más están sufriendo los efectos de las crisis climática. Si no se escucha a estas claras voces, la consiguiente desconexión entre las negociaciones climáticas y las necesidades y derechos de las personas dará lugar a más catástrofes aún de derechos humanos relacionadas con el clima.


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