Por Víctor Arrogante
Cuando la Ley Moraza entró en vigor en 2015, pensábamos que nacía muerta porque los partidos en la oposición mostraron su rechazo y presentaron un recurso al Constitucional. Han transcurrido cuatro años, y el Gobierno del PSOE, salido de la moción de censura a Rajoy, no ha tocado ni una coma y sigue vigente hoy.
Para Amnistía Internacional, «La Ley Mordaza es una amenaza real contra la libertad de expresión y los derechos de reunión pacífica y de información». Durante los cuatro años que lleva en vigor, se ha aplicado contra cientos de periodistas y miles de activistas que defienden el derecho a la vivienda o al medioambiente y decenas de miles de personas multadas por manifestarse o realizar actos de protesta pacíficos.
Amnistía Internacional, pide al Parlamento «que reforme de una vez por todas, los artículos que socavan la libertad de información, expresión y reunión pacífica»
El 1 de julio de 2015, entraba en vigor una de las leyes más represivas que se ha aprobado en España desde la entrada en vigor de la Constitución en 1978: la Ley de Seguridad Ciudadana. Fue aprobada por el Gobierno del Partido Popular y el rechazo de la oposición. Con la Ley Orgánica 1/1992, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida como «ley de patada en la puerta», del ministro del Interior Corcuera (PSOE), comenzaron los ataques al ejercicio de los derechos humanos. El Tribunal Constitucional anuló el precepto de la ley, por el que se permitía a los policías entrar y registrar un domicilio sin autorización del juez cuando persiguen delitos de narcotráfico. Quedó anulado el artículo 21.2, por considerarlo contrario al artículo 18.2 de la Constitución: «El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito».
La entrada en vigor de la Ley de Seguridad Ciudadana supuso la ampliación de la potestad sancionadora de la Administración, aumentado el margen de discrecionalidad de las Fuerzas de Seguridad, sin introducir mecanismos de control adecuados que impidan los abusos. De igual modo, «su aplicación por parte de las Fuerzas de Seguridad ha impactado de forma negativa en el ejercicio del derecho a la libertad de información», y ha llegado a traducirse en autocensura para periodistas y personas que quieren documentar las actuaciones policiales.
La Ley Mordaza es una amenaza que recorta derechos y atenta contra la libertad de expresión; ha provocado que se haya perdido calidad democrática en España. El 26 de marzo de 2015, el Congreso −con mayoría absoluta del PP− dio luz verde a la aprobación de la ley, con el rechazo unánime de la oposición. Pocos meses después, la mayoría de los grupos la recurrieron ante Tribunal Constitucional. Lo que antes figuraba como falta, ahora es una infracción administrativa con multas, que oscilan entre muy grave (de 30 001 y 600 000 euros), grave (de 601 a 30 000 euros) y leve (de 100 a 600 euros). Con esta ley, el PP que perseguía limitar el derecho de manifestación.
La Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) ha pedido al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y a los grupos parlamentarios de la izquierda que se tomen en serio sus promesas de modificar la Ley. «Debe ser uno de los objetivos prioritarios en la nueva legislatura para acabar con las arbitrariedades que se han cometido en la aplicación de esa ley y con la desproporción en la imposición de multas«.
La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), advirtió que si la derogación del supuesto núcleo duro de la Key, se limita a los artículos recurridos ante el Constitucional, se mantendrán en vigor artículos muy lesivos para los Derechos Fundamentales.
Amnistía Internacional, pide al Parlamento «que reforme de una vez por todas, los artículos que socavan la libertad de información, expresión y reunión pacífica», porque Ley Mordaza penaliza y limita la libertad de expresión, información y reunión pacífica; persigue y criminaliza a activistas, periodistas y movimientos sociales que protestan contra injusticias o violaciones de derechos humanos; crea indefensión ante la dificultad para oponerse a la versión policial; y ha permitido más de 40 000 multas en solo 3 años únicamente por «faltas de respeto» a la autoridad.
El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, mostró su compromiso para reformar la Ley de Seguridad Ciudadana. Antes, cuando su partido estaba en la oposición, fue uno de los que se sumaron al recurso que presentaron todos los grupos (salvo PNV, CiU y PP) ante el Tribunal Constitucional, para derogar ocho artículos. Después con Sánchez liderando el Gobierno, el compromiso ha sido impulsar la derogación urgente de los artículos recurridos, que limitan desproporcionadamente los derechos de reunión y manifestación y la libertad de expresión. Nada se ha dicho de la derogación de otros artículos no recurridos, que vulneran derechos fundamentales.
Ni las movilizaciones en contra ni los recursos ante el Constitucional han logrado detener la aplicación de la ley. Colgar en Internet fotografías de la policía en acción, es considerado como una falta grave. Dificultar operaciones de desahucio concentrándose frente a las casas de los afectados es castigado. Manifestarse frente al Congreso, el Senado y los parlamentos autonómicos, es considerado como una perturbación grave de la seguridad ciudadana. Desobedecer o resistirse a la autoridad, no identificarse o no colaborar con las fuerzas de seguridad, también es multado.
La ley de Seguridad Ciudadana, coarta la libertad ciudadana, ejerciendo un mayor control sobre las protestas callejeras, intentando evitar la crítica al gobierno. Si no teníamos bastante con el Código Penal que criminaliza la protesta, con la ley mordaza pretenden arruinar a quienes protestamos. Cuando un gobierno se desentiende de proteger los derechos fundamentales que la Constitución promueve, la ciudadanía, desprotegida, adquiere la legitimidad para reivindicar sus derechos y anhelos.
Contra la Ley Mordaza, por el derecho legítimo a la protesta contra la represión. La libertad de expresión y los derechos de reunión pacífica y de información, nunca pueden ser penalizadas. No es compatible con la democracia.
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