Confinamiento, educación y libros de texto

Viñeta de David González Gándara

David González Gándara

A raíz de las actividades docentes durante el confinamiento, se ha reavivado una cuestión, que aunque siempre ha interesado, no era la que más ruido hacía últimamente. Estoy hablando de los libros de texto. Algunos opinamos que son un grave problema del sistema educativo que hay que extirpar, otros opinan que aportan una buena manera de tener una colección de recursos y materiales organizados que alivian la carga de trabajo del cuerpo docente y facilitan el estudio independiente del alumnado. Aunque me cuesta entender cómo vamos a afrontar nuevas situaciones educativas si nos limitamos a seguir guías elaboradas por editoriales a cientos de km de distancia, no voy a entrar otra vez en ese clásico debate, en el que no se van a reconciliar las dos posturas. Quiero hablar sobre la libertad que debe haber de tomar partido por una u otra postura. En mi opinión, un docente tiene que ser libre de utilizar un libro si es lo que encaja con su estilo de enseñar; pero también otro docente tiene que poder prescindir de él si supone un obstáculo para el diseño de las experiencias educativas que ha diseñado para su grupo de alumnado. Esta libertad sí que puede ayudar a gestionar mejor situaciones insólitas.

He trabajado en un puñado de centros en los que cada uno tiene libertad para programar sus clases. Sin embargo, principalmente en primaria, hay algunos centros donde se ejerce mucha presión para utilizar el libro seleccionado por el equipo como oficial. En la mayor parte de estos casos, es una presión emocional, en la que se explica al docente que llega al centro, que si quiere enseñar sin libro, tiene que aprobarse la retirada de este del listado oficial, ya que si no, las familias lo comprarán y habrán gastado el dinero para nada. En la mayor parte de estos casos, el docente usa el libro un par de veces para justificar ese gasto hasta que se aprueba la retirada del libro del listado. En realidad, que el libro esté en el listado no obliga a su uso. Es un listado de los libros que hay que usar en el caso de que se quieran usar. De hecho, la gran mayoría de los centros retrasan la «lista de la compra» para septiembre esperando a que el profesorado decida si los usa o no. Esta solución es la que permite realmente respetar la libertad del equipo docente. Respeta tanto al que lo quiere usar, que tiene la opción del texto oficial en el listado, como del que no quiere.

Pero existe un tercer tipo de centros, uno de los cuales tuve hace unos años la mala suerte de encontrar. Cada vez que me he trasladado a un nuevo centro, lo primero que he hecho es hablar con el equipo directivo para explicarles que no uso libro. Después solía tomarse una decisión sobre como informar a las familias de que no lo comprasen. Alguna que otra vez hubo alguna tirantez, pero durante casi veinte años no tuve mayor problema. Pero cuando llegué a este centro del que estaba hablando, y planteé este tema, me contestaron que eso no funcionaba así, que debía utilizar el libro en clase. Lo que hice fue explicarles que no había ninguna normativa que diga esto, y de haberla, sería contraria a la libertad de cátedra, y por lo tanto nula, ya que la Constitución no se puede contradecir. Lejos de acabar ahí el tema, el equipo directivo puso el tema en conocimiento de la inspección educativa. Pensé que inspección les explicaría lo mismo que yo, pero ante mi sorpresa, me dijeron que tenía que usar el libro en clase. Eso sí, «por lo menos en una sesión». En un arranque de estupidez, decidí que no estaba dispuesto a pasar por el aro, así que les dije que me obligaban a incumplir sus instrucciones ya que atentaban contra mis libertades fundamentales, y las de todas mis compañeras y compañeros, claro. El resultado fue que se me abrió un expediente disciplinario que resultó en una suspensión de empleo y sueldo de quince días.

He aprendido varias cosas de todo esto. Lo primero es que ha quedado claro que la ley sí que protege la libertad de cátedra en cuanto que no se puede obligar a alguien a seguir un libro en sus clases. Si esto fuese así, se me habría sancionado por no usar el libro oficial, pero realmente me sancionan por incumplir las órdenes de la dirección. Incluso en la sentencia del contencioso la jueza dice que sí me podían obligar a usarlos, pero sigue siendo una contradicción que no me sancionen por eso. Es más, si en lugar de decir que no, hubiera dicho que sí pero no los hubiese usado, no me habrían sancionado. Es decir, que si un docente quiere no usar libro, que no tema, mientras no le diga que no al equipo directivo y a inspección que no les va a hacer caso, no pasará nada.

La segunda enseñanza es que no se puede esperar mucho de la justicia. He descubierto que para casos pequeños como estos, no hay recurso posible a la sentencia. No podría explicar los términos jurídicos, pero es así. Lo único que se puede hacer es presentar un recurso al Tribunal Constitucional. El problema es el mismo, al ser un caso pequeño, hay muchas posibilidades de que no se admita a trámite. Está claro que hay una justicia diferente dependiendo qué tipo de ciudadano seas. Como es una sanción pequeña, te la comes que te sale más a cuenta. Y así conseguimos que la administración pueda hacer en general lo que quiera porque a casi nadie le compensa el proceso judicial.

Por último, he aprendido que merece la pena defender nuestros principios. Aún como en mi caso, que parece que he perdido, en realidad he ganado. Durante el curso educativo en cuestión, mi alumnado disfrutó de las experiencias educativas que estoy convencido eran mejores para ellos que haber aceptado las condiciones que me imponían, que habrían resultado en unas clases con un maestro desmotivado, haciendo algo en lo que no creía, y haciendo lo mínimo para seguir cobrando a final de mes. Mereció la pena.


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