Tratándose de un elemento vital, cabe preguntarse cómo es posible que a día de hoy 1 cada 4 personas en el mundo carezcan de agua potable segura.
Por Remedios Copa
Tal como exponía en mi artículo del 3 de marzo, titulado “Agua”, la humanidad tiene un serio problema para abastecer de agua potable a la población aunque el problema, bien analizado, va más allá en la extensión de los daños.
Tratándose de un elemento imprescindible para la vida el agua requiere mucho más que una declaración del Día Mundial del Agua, que desde 1993 viene celebrándose cada día 22 de marzo. De hecho, la situación en la que nos encontramos demuestra que nada ha resuelto y que a día de hoy los gobiernos continúan sin implementar las medidas necesarias para evitar de forma rigurosa la contaminación del agua.
Aunque la declaración del Día Mundial del Agua se consideró una oportunidad única para unirnos y acelerar los avances necesarios a favor del agua, no ha servido para evitar los problemas que socavan la salvaguarda de un bien vital para la humanidad y para el conjunto del ecosistema de la vida en el planeta. Si la vida de los ecosistemas se altera también lo hará inevitablemente la de la especie humana, como ya se viene constatando.
Pese a que en 2015 el compromiso con el Objetivo del Desarrollo Sostenible contemplaba como parte de la Agenda 2030 que para dicha fecha todo el mundo tendría “agua y saneamiento garantizados de forma segura”, no solo dista mucho de alcanzarse su cumplimiento si no que la situación empeora cada vez más. Según datos de Naciones Unidas, los gobiernos deben trabajar un promedio de cuatro veces más rápido para alcanzar el objetivo propuesto.
La Conferencia Internacional de la ONU sobre el Agua, iniciada el pasado día 22 de marzo en Nueva York, pone de relieve la gravedad del asunto, aunque como ya ocurrió con la declaración del Día Mundial del Agua, no sirvió para evitar que 1,4 millones de personas mueren anualmente por enfermedades causadas por el agua contaminada y 74 millones vean su vida acortada por las enfermedades derivadas de la misma causa.
Tratándose de un elemento vital, cabe preguntarse cómo es posible que a día de hoy 1 cada 4 personas en el mundo carezcan de agua potable segura. Esa es la cifra según datos oficiales de la propia ONU; los datos que manejan las previsiones de los científicos en dos años dos tercios de la población mundial carecerán de agua limpia para sus satisfacer sus necesidades básicas.
Si el 44% de las aguas residuales domésticas carecen del saneamiento seguro, y los vertidos de contaminantes químicos, residuos tóxicos, purines y contaminantes sólidos procedentes sobre todo de la industria y la minería, por la falta de medidas de seguridad rigurosas pero también del desecho de los productos al final de su vida útil y la falta de un reciclado eficiente, podemos tener la radiografía del contexto global en el que se requiere actuar de forma seria e inmediata.
La UNESCO estableció en el año 2000 el Programa mundial de Evaluación de los Recursos Hídricos para producir un informe global periódico conjunto con Naciones Unidas, sobre el uso y gestión de los recursos de agua dulce, con el fin de que sirviese de base para la elaboración de políticas en diversos ámbitos de la gestión y desarrollo de los recursos hídricos, dotando a los encargados de formular las políticas y a las autoridades competentes, de los conocimientos, herramientas y habilidades necesarias para la formulación e implementación de las políticas hídricas sostenibles. Pero la pregunta es cuál está siendo el resultado y por qué. Podríamos poner algunos ejemplos que reflejan situaciones concretas de contaminación impune del agua y de falta de actuación, (o ineficacia absoluta), de las administraciones públicas al respecto.
Existen denuncias a la mina Veladero de Barrick Gold por el vertido directo de millones de litros de agua contaminada con mercurio y cianuro en los ríos que abastecen de agua potable a varias comunidades del norte de Argentina. El primer vertido catastrófico se produjo en 2015, obligando a la población de San José de Jáchal a beber agua embotellada. Temen permanentemente que sus hijos terminen envenados y que el río Jáchal no se recupere nunca. Ven sus medios de vida permanentemente amenazados por esa causa y la Asamblea Jáchal No se Toca lucha por convencer al Gobierno para que haga respetar la ley y decida cerrar la mina Veladero. ¿Por qué no actúa el Gobierno de Argentina? EE UU tiene zonas de su territorio dónde la contaminación del agua impide incluso el cultivo agrícola.
Una situación similar la podemos encontrar en Galicia, concretamente en las minas de San Finx y San Acisclo, por referirme a situaciones denunciadas en este mismo mes de marzo en nuestro territorio. San Acisclo, en Muras, a la que el Sindicato Labrego Galego y Comisións Labregas denuncian por actividades presuntamente ilegales, afectar bienes patrimoniales y culturales de Galicia como el denominado “Mámoa do Chao do Navallo”, además de actuar sin contar con los necesarios informes de Augas Galicia ni con el Estudio de Impacto Ambiental, según el Sindicato Labrego Galego.
En cuanto a la de San Finx, la ONU analizará en junio los incumplimientos por parte de la Xunta en las minas de San Finx y Varilongo. Para la Cofradía de Pescadores de Noia la tentativa del Gobierno gallego de que dicho análisis no se dictamine ahora solo pretende ganar tiempo. Posiblemente, tanto los incumplimientos anteriores como esa dilación, tuvieran bastante que ver con que su propietaria Sacyr culminara la venta a la australiana Rafaella Resources y a que el informe de la ONU no llegara para el día 22.
San Finx cuenta con una historia de manifestaciones sociales en contra y reiteradas denuncias, demandas a las que la Xunta se posicionó a favor de la mina. La Cofradía de Pescadores de Noia, constituida en Plataforma de afectados, y la Plataforma en Defensa de la Ría de Arousa han dirigido un escrito conjunto al Comité de Cumplimiento de la Convención de Aarhus para que se analizase el caso en Ginebra. El hecho de que el proyecto minero no se sometiera a la evaluación del impacto ambiental e impidiera la participación pública, supuso una violación de dicha Convención firmada por España en 1998. Ambas organizaciones han aportado al caso el informe de Steven de Emerman, hidrólogo que demuestra la falta de rigor por parte de la Xunta al autorizar los vertidos de las balsas de la mina poniendo en riesgo la ría; una autorización que también fue recurrida en su día por Ecologistas.
Lo expuesto no es más que una llamada de atención sobre los graves problemas que tenemos con el agua potable a nivel planetario y la poca o nula actuación real de los poderes públicos al respecto.
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