Con largas penas de prisión para cinco exparamilitares por violar sistemáticamente a mujeres indígenas durante la guerra civil, Guatemala apenas empieza un proceso de aceptación de su oscura historia, advierten expertas.
Los hermanos Benvenuto y Bernardo Ruiz Aquino, así como Damián y Francisco Cuxum Alvarado fueron condenados en Guatemala a 30 años de prisión por crímenes de lesa humanidad. Además, Gabriel Cuxum Alvarado recibió 40 años de prisión por cometer un delito más: el ocultamiento de su propia identidad.
Para los condenados, que escuchaban atónitos el veredicto por videoconferencia en la prisión de Fraijanes, esta sentencia significa probablemente cadena perpetua, porque tienen entre 59 y 70 años. Para las víctimas de las innumerables violaciones, es al menos una pequeña parte de justicia. La más joven tenía apenas doce años en ese entonces. «Sangré durante un mes y no sabía por qué, mi tía me preguntó: ‘¿Qué te ha pasado?’”, relató durante el juicio. Este es solo uno de los muchos testimonios desgarradores que han sacudido a toda Guatemala en las últimas semanas.
El hecho es un símbolo de la violencia sexual como táctica de guerra infligida a las mujeres maya durante la guerra civil, a principios de la década de 1980, según relató una de las víctimas ante los jueces: «Asesinaron a mi esposo, quemaron mi casa y me robaron dinero. Luego me violaron. Después de tres meses de embarazo, tuve que abortar y tuve un dolor insoportable».
La guerra civil como trauma de Guatemala
El país centroamericano está superando finalmente su oscura historia. Al menos 200.000 personas fueron víctimas de la guerra civil entre 1960 y 1996, 45.000 más desaparecieron, y cuatro de cada cinco víctimas eran indígenas. La población rural maya era el blanco preferido de las masacres planificadas por el Ejército y los grupos paramilitares de derecha. Las mujeres sobrevivientes de la comunidad de Rabinal son achí, un grupo étnico de origen maya.
Aura Estela Cumes Simón todavía se despierta por la noche empapada de sudor, y la pesadilla es siempre la misma: sueña que la persiguen y ella misma es víctima de estas atrocidades. Algo que no sorprende, pues la antropóloga, como experta en el proceso, fue quien tomó los testimonios de las 36 demandantes. Una y otra vez escuchaba la misma frase, entre lágrimas: «¡Me siento seca por dentro, aturdida, como si fuese una muerta viviente!”.
Cumes Simón es maya y la lucha contra el racismo en Guatemala, que sigue siendo cotidiana, es su especialidad. Sobre el tema ha escrito varios libros en los últimos 20 años. Por eso, Cumes Simón no dudó cuando le pidieron ser perito en un juicio de este tipo hace ocho años. «Muchos guatemaltecos todavía no saben lo que pasó entonces. O peor: no les importa. Pero aún más grave es cuando repiten la narrativa común de que las víctimas tienen la culpa de todo», afirma la experta.
¿Sigue siendo el Estado un enemigo de los indígenas?
La antropóloga Cumes Simón también ha investigado sobre la violencia sexual como arma de guerra, pero lo que le contaron las mujeres, que tenían entre doce y 53 años en el momento del crimen, superó su imaginación. «No era solo el control, la tortura, las violaciones, es decir, la destrucción de todo ser humano. También tuvieron que ver cómo mataban a sus esposos, hermanos o hijos delante de ellas. Los soldados y paramilitares crearon una especie de campo de concentración», asegura.
Lo más increíble era que los torturadores y asesinos eran también antiguos vecinos, que fueron reclutados para perseguir a los guerrilleros. «Así que esta gente ha destruido su comunidad y la vida de su propia gente. En el programa de las patrullas también había un llamado ‘servicio de mujeres’ en el que se violaba a las mujeres», dice la experta, y se pregunta: «¿Cómo se puede llegar a cometer tales crímenes contra mujeres y niños indefensos?».
Aura Estela Cumes Simón lo tiene claro: el Estado guatemalteco sigue siendo el mayor enemigo de la población indígena. Hace apenas tres años que la jueza Claudette Domínguez fue apartada del caso por relativizar y dudar constantemente del testimonio y los motivos de las mujeres mayas. «Esta victoria en los tribunales es también un símbolo de la lucha contra el racismo arraigado en Guatemala. Conseguido por tres abogadas mayas», sostiene.
Guerra civil aún no termina
Una de las juristas es Lucía Xiloj, que desde hace años se ha hecho un nombre como defensora de los derechos de la población indígena. Ella es de Chichicastenango, a solo 50 kilómetros de Rabinal, el lugar de las violaciones. También es parte de la ironía de la historia el hecho de que las víctimas hayan tenido que esperar casi 40 años para que se haga justicia, y que la hayan conseguido, precisamente, a través de una abogada indígena de la misma edad.
«Para mis clientes, esta sentencia es de enorme importancia. Ahora tienen por escrito, tanto ante la sociedad como ante sus comunidades, que no tienen ninguna responsabilidad en lo sucedido», comenta Xiloj, «porque, desgraciadamente, cuando las mujeres indígenas entran a una sala judicial, sus testimonios no son creídos. Los estereotipos siguen siendo los mismos hoy en día».
«No se trata de un doble racismo por ser mujeres e indígenas, sino de un racismo multiplicado: también son pobres y apenas tienen oportunidades de educación. Además, todo el sistema de justicia está orientado al idioma español, por lo que las mujeres indígenas de Guatemala están muy desfavorecidas», afirma Lucía Xiloj.
La abogada quiere continuar, porque el veredicto significa solo un primer paso. Ahora también hay que hacer justicia con las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual en otras comunidades guatemaltecas: Xiloj dice que nunca olvidará la alegría de las mujeres: «Nos decían decían: ‘Por fin nos creen y escuchan’. Definitivamente, la guerra civil aún no ha terminado, todavía queda mucho por hacer».
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