La protesta de los militantes contra la OTAN ocurrió en 2022 en el marco de la huelga general que paralizó Grecia en oposición a las políticas antiobreras y a la economía de guerra.
Por Fernando Ariza | 14/05/2025
El 6 de abril de 2022, en el marco de una huelga general que paralizó Grecia, un grupo de sindicalistas y estudiantes en Salónica protagonizó una acción de protesta contra las maniobras de la OTAN en el puerto de la ciudad. Durante la acción, arrojaron pintura roja y escribieron ‘OTAN go home’ en vehículos militares británicos para denunciar la militarización del puerto y exigir que este sirva al pueblo, no a los intereses de la alianza atlántica. Este 13 de mayo, siete personas que participaron en los hechos han sido condenadas por el Tribunal de Primera Instancia de Tesalónica a penas de prisión de 8 a 15 meses bajo los cargos de ‘violencia y daños a la propiedad ajena’, en un proceso que sindicatos y movimientos sociales denuncian como una maniobra para criminalizar la lucha contra la escalada bélica.
La huelga del 6 de abril de 2022 fue convocada por los principales sindicatos griegos en respuesta a las políticas antiobreras que han agravado la precariedad laboral y reducido los salarios en un 33% desde 2007, según la OCDE. Miles de trabajadores tomaron las calles para exigir mejores condiciones de vida.
En Salónica, la movilización adquirió un carácter adicional: rechazar la presencia de la OTAN en el puerto, un enclave estratégico utilizado por la alianza para sus operaciones, especialmente tras la intensificación de la guerra en Ucrania. Ese día, vehículos militares británicos estaban en el puerto como parte de maniobras de la OTAN, lo que los manifestantes interpretaron como una cesión de soberanía nacional a intereses imperialistas.
Durante la protesta, un grupo de sindicalistas se acercó a los vehículos militares y, en un acto de desobediencia civil, arrojaron pintura roja sobre ellos y escribieron ‘OTAN go home’. La pintura, de carácter simbólico, representaba la sangre derramada en conflictos impulsados por intereses imperialistas, y la consigna expresaba el rechazo a la militarización de Salónica. Los manifestantes corearon que el puerto debía ser ‘del pueblo’ y no una base de la OTAN, en un contexto donde las infraestructuras griegas son cada vez más utilizadas para fines militares de la alianza.
La protesta formó parte de una marcha más amplia en Salónica, donde cientos de personas denunciaron tanto las políticas antiobreras como la subordinación de Grecia a la agenda de la OTAN.
La condena: un ataque al derecho a la protesta
Tras la protesta, siete militantes fueron detenidos, acusados de ‘violencia y daños a la propiedad ajena’. Las autoridades argumentan que el acto dañó bienes militares y puso en riesgo las relaciones internacionales de Grecia como miembro de la OTAN. Sin embargo, los condenados y sus defensores sostienen que la acción fue simbólica y que los cargos son desproporcionados, con el objetivo de intimidar a los movimientos sociales.
El Frente de Todos los Trabajadores Militantes (PAME), afiliado al Partido Comunista de Grecia (KKE), ha denunciado que la condena pretende criminalizar la lucha sindical. ‘Perseguir a quienes defienden los derechos del pueblo es una estrategia para silenciar la resistencia’, afirmó el PAME en un comunicado. Los condenados han declarado que su acción fue una expresión legítima de oposición al militarismo y a la complicidad del gobierno griego con la OTAN.
Un contexto de represión creciente
Este caso no es aislado. En los últimos años, el gobierno griego, liderado por Nueva Democracia, ha intensificado la represión contra protestas sindicales y sociales. En 2024, estibadores en El Pireo fueron amenazados con acciones legales por bloquear envíos de armas a Israel, y en 2023, manifestaciones estudiantiles contra la privatización de universidades enfrentaron una dura respuesta policial.
La condena a los militantes de Salónica pone en cuestión el derecho a la protesta en Grecia, un país con una larga tradición de lucha obrera. Una condena que limita aún más la libertad de expresión y la desobediencia civil.
El caso ha generado una ola de solidaridad. Sindicatos europeos, como la Confederación Intersindical de España, han expresado su apoyo a los condenados, denunciando la militarización de los puertos griegos. Organizaciones internacionales también han llamado a visibilizar el caso como un ejemplo de la represión contra los movimientos sociales.
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