Con los símbolos no se come


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Por Mª Ángeles Castellanos Valverde 


-Economía de los cuidados

-Somos una mina

-1.500 euros si te casas o cómo la política fiscal crea desigualdades


En junio se ha publicado la Encuesta de condiciones de vida (ECV) del año 2018 que, entre otros aspectos, mide la población en riesgo de pobreza o exclusión social (tasa AROPE) y la carencia material severa.

Se trata de una estadística armonizada que se realiza en todos los países de la Unión Europea lo cual permite comparaciones entre países.

La tasa de riesgo de pobreza o exclusión social AROPE (por sus siglas en inglés, At Risk Of Poverty or social Exclusion) se creó en 2010 a efectos de medir la pobreza relativa en Europa ampliando el concepto de la tasa de riesgo de pobreza, que solo contempla los ingresos.

La tasa AROPE se construye con la población que se encuentra en riesgo de pobreza, o con carencia material o con baja intensidad en el empleo

Según la ECV 2018, entre la población residente en  España, la  tasa AROPE se sitúa en el 26,1% ( 22,1% en los países del Euro en 2017)  pero se dispara al 37,2% entre las mujeres entre 16 y 29 años.

Es cierto que esta tasa ha bajado levemente respecto a 2017 pero este descenso se debe a la mejora de los resultados de dos de sus componentes, el riesgo de pobreza y la baja intensidad de empleo al tiempo que empeora el otro componente, la carencia material severa.

La carencia material severa afecta al 5,4% de la población residente en España y de nuevo  son las mujeres que tienen entre 16 y 29 años las que tienen el mayor porcentaje de carencia material severa con un 7,7%.

Si analizamos la evolución anual de la  tasa AROPE entre estas mujeres, en 2018  ha crecido en 7 décimas respecto al año anterior. Este empeoramiento se explica por el incremento del riesgo de pobreza y de la carencia material severa mientras el indicador de intensidad del trabajo en sus hogares ha mejorado, es decir su situación económica empeora de forma preocupante aun mejorando la situación laboral de los hogares en los que viven.

Existe responsabilidad política en el hecho de que un 16% de la población ocupada esté en riesgo de pobreza o exclusión social.

Que trabajo y carencia material severa no son incompatibles no es algo nuevo, ni por desgracia, una sorpresa, pero ese no es un trabajo decente.

Así la ECV también señala que el 14,4% de la población residente en España vive en hogares que no tienen baja intensidad en el empleo y aun así están en riesgo de pobreza  a los que hay que sumar un  2,1% que igualmente están en hogares con empleo pero  tienen carencia material severa

El 25 de septiembre de 2015, en el seno de las Naciones Unidas, más de 193 países adoptaron la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse antes de 2030.

El  ODS 8  tiene como una de sus metas, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor y se establece esta meta porque la erradicación de la pobreza solo es posible mediante empleos estables y bien remunerados, por tanto no se trata solo de crear empleos, también hay que mejorar sus condiciones.

El informe Mirando hacia el futuro: ciudades sostenibles. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible en 100 ciudades españolas, de  la Red Española para el Desarrollo Sostenible, mide los avances en la aplicación de la Agenda 2030 a escala local para todas las capitales de provincia de España, las ciudades de más de 80.000 habitantes y las doce principales áreas metropolitanas en nuestro país. En su conjunto, las 100 ciudades analizadas suponen casi un 50% de la población española.

Hay que atender a las personas que a día de hoy ya están en situaciones de pobreza, pero sin convertir la pobreza en un negocio o en un elemento precarizante del empleo

Respecto al ODS 8 dice: Este ODS es el que peores resultados presenta debido principalmente al indicador de la tasa de desempleo que refleja datos muy elevados respecto a los estándares internacionales. Todas las ciudades se encuentran en el peor rango en rojo excepto San Sebastián, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Sant Cugat del Vallès.

Precisamente,estos cuatro municipios se encuentran entre los municipios con mayor renta disponible, por tanto, no parece disparatado pensar que aprobar en trabajo decente aleja de la pobreza y que la ausencia de trabajo decente, la precariedad en el empleo, la falta de un reparto justo de la riqueza, tiene mucho que ver con el riesgo de pobreza y exclusión social.

La Agenda 2030 dedica su ODS 1 al fin de la  pobreza  y establece que para lograr este objetivo el crecimiento económico debe ser inclusivo, con el fin de crear empleos sostenibles y de promover la igualdad, al tiempo que señala la importancia de los sistemas de protección social para mitigar los riesgos.

Si creemos en los ODS, ante datos tan preocupantes como que el  37,2% de  las mujeres entre 16 y 29 años que residen en España están en riesgo de pobreza o exclusión social es necesario promover un crecimiento económico inclusivo y fomentar el trabajo decente, entendido como un trabajo seguro, estable, con buenos salarios, sin tiempo parcial no deseado, con horarios razonables, que permita la conciliación entre la vida laboral y personal y con posibilidades de formación y aprendizaje continuos que permitan la adaptación a un entorno laboral cambiante.

Y frente a esto que sería lo deseable, hemos visto como la salida de la crisis económica se ha gestionado de forma insolidaria, de forma que, lejos de poner en el centro a las personas para que nadie se quede atrás, se  ha puesto en el centro a los intereses económicos y a la maximización de los beneficios, elevando a los altares indicadores como el crecimiento del PIB o de las exportaciones sin analizar qué datos se esconden tras estas cifras, sin poner el foco en las personas para que nadie se quede atrás.

El crecimiento económico debe ser inclusivo, con el fin de crear empleos sostenibles y de promover la igualdad

Existe responsabilidad política en el hecho de que un 16% de la población ocupada esté en riesgo de pobreza o exclusión social. Decisiones como la reforma del artículo 135 de la Constitución o las reformas laborales, o los recortes en los servicios públicos, han tenido por objeto poner a las personas al servicio de la maximización de los intereses económicos de las elites, aun cuando esto ha supuesto para muchas personas una precarización de sus vidas. De hecho, al principio de la crisis, el porcentaje de ocupadas en riesgo era de poco más del 13%, un porcentaje elevado pero menor al actual.

Para revertir esta situación, para terminar con la pobreza, para terminar con la convivencia de empleo y de carencia material, la responsabilidad política es muy elevada. Las políticas económicas, fiscales, sociales y de empleo que se implementen, pueden y deben jugar un papel determinante, y para ello, tal y como establece la Agenda 2030 el trabajo decente y  el desarrollo económico inclusivo son imprescindibles.

El compromiso de un  Gobierno con la Agenda 2030 no se puede quedar en poner el símbolo de la Agenda en las web o en comunicaciones gubernamentales, ha de suponer un cambio radical en las políticas que se pongan en marcha, implica dejar de poner en el centro a las elites económicas para poner en el centro a las personas, con el objetivo de que vivan vidas  que merezcan la pena ser vividas, pero esto parece algo muy lejano a la realidad en la que vivimos.

Y por último, pero no por ello menos importante, hay que atender a las personas que a día de hoy ya están en situaciones de pobreza, pero sin convertir la pobreza en un negocio o en un elemento precarizante del empleo, aunque este tema daría para otro artículo.


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