Colombia tras el Conflicto

Por Alfredo Campos García

El Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno de Colombia y el mayor grupo guerrillero del país, las FARC, disparó las expectativas de conseguir por fin una paz estable y duradera. No obstante, se impone la dura realidad del desplazamiento, la enorme brecha social existente que se manifiesta de manera especial entre el entorno rural y la ciudad y la incertidumbre de la futura acción de otros grupos armados, lo que suponen una seria amenaza de cara a mantener este logro. Paralelamente, España experimentó durante el año 2017 un incremento de hasta 2.500 solicitudes de asilo de ciudadanos colombianos, cifra por delante incluso de las delos nacionales de países en conflicto como Siria o Ucrania. ¿Se puede establecer una conexión directa entre ambos fenómenos?

UNA REALIDAD INCÓMODA

A finales de 2016 tuve la oportunidad de visitar la región del suroccidente de Colombia, conformada por los departamentos del Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo. Concentra la sexta parte de la población colombiana (8 millones de habitantes aproximadamente) y un poco menos de la séptima parte del PIB nacional. Concretamente, visité los departamentos de Valle del Cauca y Cauca.

El viajero que llega a la región, comprende rápidamente que se trata de una zona de carácter estratégico debido a la presencia extendida de cultivos y negocios ilícitos, a la vez de actores armados como las desmovilizadas FARC, el ELN y grandes bandas criminales llamadas también BACRIM…, etc. Toda la región en sí constituye un corredor para el tránsito de estos grupos y los productos con los que trafican, ya que conecta la cordillera y las zonas de producción o extracción con el pacífico y los grandes puertos y rutas de salida. El propio gobierno, consciente del crecimiento y expansión de la acción de estos grupos, ha pasado a denominarles Grupos Delictivos Organizados (GDO) y Grupos Armados Organizados (GAO), sin querer bajo ningún concepto, dotarles de estatus político alguno1. Dentro de esta área geográfica descrita, se encuentra por ejemplo el municipio de Tumaco en el departamento de Nariño, que es el municipio con mayor número de homicidios de toda Colombia2 .

Los principales problemas de la región, que inciden en gran medida en la violencia y el desplazamiento, se pueden resumir en 3 grandes bloques:

  • Problemas derivados de los cultivos ilegales. El departamento del Cauca tiene numerosas extensiones de cultivos ilícitos. Recientemente, se ha popularizado el cultivo de una variedad de marihuana llamada creepy que es muy adictiva y perjudicial para la salud3
  • Problemas derivados de la titularidad de las tierras. Este problema se arrastra desde los tiempos de la colonización española y genera conflictos, protestas y violencia; fundamentalmente entre colectivos indígenas y las fuerzas del ejército. Véase como ejemplo el conflicto por la Hacienda La Emperatriz4 . De hecho, la apropiación indebida de recursos y en concreto las tierras, es un mal endémico en Colombia del que no se atisba una fácil solución a medio plazo.
  • Problemas derivados de las actividades de minería ilegal. Centrada principalmente en la extracción de oro y de tierras raras como el “coltán”. Se trata de una industria criminal con grandes impactos ambientales. Afecta de manera ostensible al tejido social por las consecuencias que lleva aparejadas: prostitución, abusos, explotación, trabajo infantil5… La reciente bonanza minera que experimenta el país puede ser un caldo de cultivo excepcional para seguir retroalimentando el conflicto en los próximos años.

Existen municipios muy paradigmáticos en relación a estas actividades y al desplazamiento que producen en la región de la que hablamos, como es el municipio de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca, donde se situaban las llamadas “casas de pique”, donde se producían asesinatos y torturas del modo más cruel y despiadado. Referente a este caso específico, se puede consultar el informe de la ong Human Rights Watch del año 2014 sobre La crisis en Buenaventura. Desapariciones, desmembramientos y desplazamiento en el principal puerto de Colombia en el Pacífico6.

Llama poderosamente la atención que Colombia a día de hoy alberga a más de 7 millones de desplazados internos por causa de la violencia7  y 8 millones de víctimas aproximadamente, siendo indiscutiblemente el primer país del mundo en las referidas estadísticas. Aunque ya no se producen desplazamientos masivos, sigue constituyendo una problemática de enorme calibre.

Las dinámicas de violencia se trasladan del ámbito rural al ciudadano, incapaz éste último de absorber un flujo migratorio de tal calado

Las comunidades afro-colombianas y los indígenas han sido los grupos más afectados por la violencia, lo que amenaza incluso su propia supervivencia. Estos dos grupos étnicos conforman respectivamente el 10% y el 3% de los 7.4 millones de desplazados internos (IDP) de Colombia.

El gobierno trató de dar una respuesta al fenómeno y ésta llegó en forma de la ley 1448 del año 2011, que ha supuesto un punto de inflexión en el tratamiento a este colectivo. Se trata de un proyecto de atención integral a la víctima ciertamente novedoso y con muy buenas intenciones. Los principios de ésta norma son la Reparación, Asistencia, Verdad y No Repetición del hecho violento. La ley marca un límite de ámbito temporal y es que tiene que referirse a hechos sucedidos después de 1985, para los hechos anteriores sólo puede accederse a la verdad de lo sucedido. Dicha ley, en un principio sólo acogía a los hechos perpetrados por los grupos del conflicto pero gracias a una batalla en la Corte Constitucional en la que instituciones como el CICR tuvo un destacado papel, se amplió el ámbito de actuación a un amplio grupo de víctimas y de grupos perpetradores.

No obstante, el tratamiento de la población desplazada genera algunos importantes retos y desafíos. En mi viaje por tierras vallecaucanas tuve la oportunidad de comprobar in situ el estado de la cuestión en la ciudad de Cali, capital del Departamento del Valle del Cauca. Allí me entrevisté con distintos actores que trabajan sobre el terreno con la población desplazada como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (UNOCHA), el Observatorio de Realidades Sociales de la Arquidiócesis de Cali y la Oficina de Atención a las Víctimas que depende de la Alcaldía de Cali. Todos ellos se mostraron moderadamente optimistas aunque conscientes y realistas respecto de los retos que se plantean de cara al futuro.

En esta ciudad, pude comprobar como las cifras del desplazamiento han disminuido ostensiblemente desde el fin del conflicto. Si bien el 2013 se recibía un promedio de 300 familias desplazadas al mes, en el año 2016, esta cifra había caído hasta 25 o 30. No hay que olvidar que las grandes ciudades como Bogotá, Medellín o Cali son las grandes receptoras de los desplazados en Colombia. En la ciudad de Cali, se produce el fenómeno de que los desplazados afrodescendientes buscan la orilla del río Cauca (distrito de Aguablanca) como lugar de asentamiento mientras que los desplazados indígenas prefieren las laderas de la cordillera (Siloé), en un intento de reproducir el hábitat que dejaron atrás en sus localidades de origen. Se acaban formando cordones de miseria alrededor de las ciudades. El riesgo patente es que el conflicto se vuelve a reproducir en la ciudad de acogida, lo que genera lo que viene a denominarse “conflicto intraurbano” y un nuevo desplazamiento. Los desplazados viajan con todo su bagaje anterior, en ocasiones se vuelven a reunir en el nuevo lugar de acogida el agente perseguidor y el perseguido y existe el riesgo de que se reproduzcan los esquemas que originaron el desplazamiento inicial. Por lo tanto, se produce en cierta manera una revictimización del desplazado. Consecuentemente, muchos de los desplazados se ven abocados a abandonar el país en dirección a Chile, Ecuador o Europa, con destino incierto.

En el área en la que trabajan los actores entrevistados, la situación de conflictividad es especialmente complicada en la zona de Buenaventura (Valle del Cauca, antes ya mencionada8 ) y áreas limítrofes del departamento del Valle del Cauca con el del Chocó, río San Juan. Me hablaban ejemplos recientes de desplazamientos masivos, como el que se produjo en diciembre de 2015 de miembros de la etnia Wounaan desde la comunidad de Taparalito9  hacia Buenaventura por amenazas del Ejército de Liberación Nacional (ELN). Hoy, basta consultar cualquier agencia especializada como la OCHA o entidades como el Consejo Noruego para los Refugiados para comprobar que los desplazamientos siguen teniendo lugar en muchas áreas geográficas del país. Preocupa de manera especial la situación del Bajo Cauca Antioqueño donde en lo que llevamos de años, se ha producido el desplazamiento de más de 800 personas por causa de enfrentamientos entre grupos armados. Tampoco cesa la sangría que supone el asesinato de líderes sociales a lo largo del país. 2017 cerró con la cifra de 170 líderes sociales y defensores de paz muertos de manera violenta, siendo los municipios más afectados los de Cauca, Nariño y Antioquía.

Y es que la retirada de unos de los principales contendientes en el conflicto colombiano abre otros riesgos y amenazas siendo la principal que esos espacios y vacíos sean ocupados por otros grupos armados. Así otros grupos armados como el ELN, paramilitares o bandas de delincuentes podrían estar intentando ocupar el terreno abandonado por las FARC para extender su ámbito de influencia. Los enfrentamientos armados entre las fuerzas gubernamentales y el ELN están ocasionando graves violaciones de los derechos humanos al mismo tiempo que provoca el desplazamiento masivo de poblaciones y comunidades enteras. Y qué decir de las grandes bandas criminales (denominados GAO) o de las bandas paramilitares reconvertidas en grupos más pequeños heredando los negocios ilícitos que tradicionalmente venían desarrollando, de las cuales el máximo exponente es el de las llamadas “Autodefensas Gaitanistas de Colombia” o “Clan Úsuga” aunque sin dejar de mencionar a otras como “La Empresa” en Buenaventura o las “Águilas Negras”, o las propias disidencias dentro de las desmovilizadas Farc.

Por lo que respecta a la situación en el conflictivo departamento del Cauca, se puede decir el conflicto ha bajado mucho en intensidad. Conviene tener en cuenta que se trata de un departamento en el que la población es de origen rural en un 70% y origina más de 300.000 desplazados. El repliegue de las FARC por los acuerdos de paz y posterior acomodo del ELN en este departamento y especialmente en el sur, es un ejemplo del fenómeno que describía anteriormente de ocupación del “vacío de poder” por parte de otros grupos. Esto trae algunas repercusiones negativas para la población ya que en los territorios que ocupaba la mencionada guerrilla, ésta ejercía cierta autoridad, aunque fuese discutible, y por ejemplo, avisaba a la población civil de dónde se encontraban las minas, etc. Con su retirada, esta peculiar labor de “tutela” a la población deja de producirse. Los municipios más afectados dentro del departamento son los siguientes: Guapí, Santander de Quilichao, El Tambo, Corinto…

En conclusión, aunque resulta encomiable el interés de las autoridades en cerrar un capítulo tan oscuro en la reciente historia de la República de Colombia, suscribiendo un acuerdo de paz con uno de los principales grupos, no se puede infravalorar la amenaza que supone la propia existencia de otros grupos armados, generalmente de carácter paramilitar, a los que se les quiere negar entidad política calificándoles de simples grupos de delincuencia pero que son ciertamente poderosos y de cualquier manera, imponen su ley en determinadas áreas de la geografía colombiana. En este sentido, las autoridades colombianas no han sido previsoras de cara a ejercer la autoridad en estas áreas del país anteriormente tuteladas por la acción de estos grupos armados.

Colombia a día de hoy alberga a más de 7 millones de desplazados internos por causa de la violencia

Igualmente, es de destacar el esfuerzo en la atención a las víctimas del conflicto, aunque ésta se revela en ocasiones insuficiente y en todo caso no es proporcional a la magnitud del problema. Faltan recursos para atender a las ingentes cifras de población desplazada existentes aún hoy en día y, fundamentalmente, medidas de intervención que, superando una acción puramente asistencialista, faciliten su reintegración en el tejido social o incluso su retorno en condiciones de seguridad a los puntos de origen, evitando la formación de ghettos y barrios marginales en las ciudades de acogida.

La última cuestión es determinar si existe alguna conexión entre estos factores de violencia descritos y el repunte en las llegadas de ciudadanos colombianos solicitando protección en Europa y más en concreto en España. Aún es pronto para extraer conclusiones. Pueden influir diversos factores, entre ellos el de que desde principios de 2016 ya no es necesario para los colombianos tramitar un visado antes de emprender viaje hacia el espacio Schengen. Concurren además diversos factores como la ausencia de presencia estatal en amplias zonas del país, la desafección del ciudadano medio con la política en general y sus instituciones así como la existencia de importantes bolsas de pobreza y desigualdad que crecen al calor de los grandes núcleos de población. Sin lugar a dudas, existen numerosos factores de expulsión que empujan a la población, principalmente de origen rural, hacia los grandes núcleos poblacionales del país. Con estos movimientos internos, las dinámicas de violencia se trasladan del ámbito rural al ciudadano, incapaz éste último de absorber un flujo migratorio de tal calado. Se genera por tanto nuevamente el entorno propicio para que los desplazados tengan que plantearse nuevamente la decisión de buscar nuevos horizontes para encontrar un futuro mejor.

 

Notas:

1Análisis de la Directiva Permanente No. 15 de 22 de abril (Ministerio de Defensa Nacional) Disponible en: http://www.acpaz.org/wp-content/uploads/2016/05/Directiva-15-de-2016-rev-2.pdf

2Sobre la violencia en Tumaco, artículo de El Confidencial disponible en: http://www.elconfidencial.com/mundo/2016-08-08/colombia-tumaco-crimen-narcotrafico-america-latina_1242666/

3Video sobre reportaje realizado en el Departamento del Cauca, en relación a los cultivos ilegales de Marihuana. Disponible en:https://www.youtube.com/watch?v=exMRv_7LELc

4Video sobre reportaje del caso de la Hacienda la Emperatriz. Disponible en:https://www.youtube.com/watch?v=_RXowqNkCnU

5Vídeo sobre operación de las fuerzas de seguridad contra dispositivo de extracción minera ilegal. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=R0DE2VG5EM8

6El informe completo puede consultarse en: https://www.hrw.org/es/report/2014/03/20/la-crisis-en-buenaventura/desapariciones-desmembramientos-y-desplazamiento-en-el

7Fuente Internal Displacement Monitoring Center (2017), se puede consultar en: http://www.internal-displacement.org/global-report/grid2017/?source=twitter

8La ciudad de Buenaventura ha sido testigo en fechas recientes de una revuelta social. Se puede consultar la noticia en diario digital El País: http://internacional.elpais.com/internacional/2017/05/20/colombia/1495288516_224260.html

8Puede ampliarse información en el siguiente enlace: https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/article/comunidad-wounaan-de-taparalito-litoral-de-san-juan-en-emergencia-por 

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