Esta elección en Colombia demuestra que, de no mediar un gran esfuerzo social por democratizar y descentralizar el ejercicio de la comunicación, la democracia continúa prisionera del poder económico
Por Javier Tolcachier / La tinta
En una histórica jornada, el tándem compuesto por Gustavo Petro y Francia Márquez se impuso por más de setecientos mil votos a la fórmula improvisada por la derecha para evitar el triunfo popular.
Como era de esperarse, la contienda no fue nada fácil. Las amenazas a la integridad física de los aspirantes del Pacto Histórico, la posibilidad de un fraude, el aparato institucional en manos de la derecha y, por sobre todo, la descarada injerencia del conglomerado mediático a favor del candidato conservador obstaculizaron el camino de una victoria que abre enormes esperanzas para el pueblo colombiano.
Un pueblo que ha soportado la violencia más descarnada y en sus más diversas formas, hoy ve concretarse el sueño de un presidente de izquierdas y una vicepresidenta afro surgida desde el pueblo humilde en defensa de derechos humanos y ambientales, cuyo mandato inequívoco es el de sellar el camino de la paz y la justicia social para los discriminados y desposeídos.
Tarea que, sin duda, tendrá que superar el escollo del poder económico y el discurso cartelizado de los medios fuertemente concentrados en manos del empresariado.
La prensa en Colombia
Debido a la fuerte concentración en la propiedad de los medios y la diversificación de sus canales, el poder de unas pocas empresas de influir sobre la opinión pública en Colombia es prácticamente coercitivo.
Según la información recabada por Media Ownership Monitor Colombia (MOM), investigación llevada a cabo por Reporteros Sin Fronteras en conjunto con la Federación Colombiana de Periodistas (FECOLPER), “los ocho grupos mediáticos más grandes concentran el 78% de la audiencia transversal, lo que significa que casi cuatro de cinco colombianos reciben sus informaciones por medios de esos grupos. Los tres grupos mediáticos que mayor concentración de audiencia logran son la organización Ardila Lülle con 28,7%, el Grupo Santo Domingo con 19,5% y la organización Luis Carlos Sarmiento Angulo con 7,3%“.
Lejos de estar solamente activos en la mercantilización de la información y el entretenimiento, todos estos holdings tienen extendidos tentáculos en muy diversos campos, lo que explica su íntima conexión con el modelo socioeconómico proempresarial vigente en Colombia.
Carlos Ardila Lülle, señala el informe citado, quien cuenta con casi 60 % de los medios, “es propietario de más de cincuenta empresas en los sectores agroindustrial, industrial, comunicaciones y entretenimiento, finanzas y seguros, inmobiliario y automotriz. Entre sus empresas, se cuentan la refinería de azúcar más grande del país (Incauca S. A.) y una de las empresas productoras de bebidas no alcohólicas más importantes de Colombia (Postobon S. A.)”.
Por su parte, el hombre más rico del país, según Forbes, Carlos Sarmiento Angulo, controla el 33% del mercado financiero de Colombia a través del Grupo Aval Acciones y Valores S. A., y es propietario de BAC Credomatic, el grupo financiero más importante de Centroamérica, a lo que se agrega ser el principal beneficiario de las concesiones viales de Colombia.
Su grupo controla 28 medios de comunicación, entre ellos, El Tiempo, periódico de circulación nacional, un diario económico, dos periódicos regionales, siete revistas, diez medios digitales y dos canales de televisión, señala el informe MOM.
Por último, el Grupo Santo Domingo, a través de su holding Valorem, tiene compañías que participan en el sector inmobiliario, de turismo, transporte, medios y entretenimiento, industria y comercio minorista. En el sector comunicaciones, es propietario de Caracol Televisión S. A. (empresa dueña del Canal Caracol y de BluRadio), del periódico El Espectador y las Revistas Shock y Cromos.
La investigación hecha por RSF evidencia, además, la íntima conexión existente entre estos multimedios privados y la esfera política. Muchos individuos que han ejercido cargos públicos son miembros de juntas directivas o accionistas en estas empresas.
Además, sus propietarios suelen aportar a las campañas políticas, como, por ejemplo, Sarmiento Angulo, quien lo hizo para la campaña del expresidente Álvaro Uribe.
En este contexto, ¿cabe extrañarse de que todos estos medios, casi sin excepción, hayan hecho todo lo posible por mancillar la credibilidad del ahora presidente electo, Gustavo Petro? ¿Acaso es posible esperar de estos vehículos capitalistas otra cosa que no sean presiones contra el nuevo gobierno para que no logre cumplir con su programa?
La disputa en el ámbito digital
Como sucede en todo el mundo, la población colombiana no solo mira televisión, escucha radio o lee los diarios, sino que utiliza cada vez más las plataformas digitales para interactuar y también para intentar informarse.
YouTube de Google es la plataforma más utilizada en Colombia por la población de 16 a 64 años, seguida por Facebook (32 millones de cuentas activas), TikTok con 13, Instagram con 12 y Twitter con 3,2 millones de usuarios.
Según datos recogidos en el informe “¿Hay concentración de Internet en América Latina? El caso Colombia”[1], del 61% de universo que utiliza las plataformas digitales, un 78% usa motores de búsqueda para encontrar información noticiosa específica que, en Colombia, como en otros lugares, monopoliza Google (97,2% de los casos).
Quizás por esto último es que, debido al sesgo algorítmico preferencial del buscador, al analizar cuáles son las páginas que reciben mayor tráfico de internautas en busca de información, nos encontramos con un grado similar de falta de pluralidad, con pocas excepciones.
El ranking del informe citado coloca en el primer lugar al diario El Tiempo (Grupo Sarmiento Angulo) con un 43,6% de alcance entre el público analizado. Pulzo.com, El Espectador y Bluradio, todos del grupo Santo Domingo, aparecen en el segundo, quinto y séptimo puesto. En el tercer lugar, está Publimetro (grupo sueco Metro Internacional) y, en el cuarto, la revista Semana del Grupo Gilinski.
Como artimaña postrera y muestra final de la durísima embestida contra el candidato progresista, en su último número aparecido pocas horas antes de la segunda vuelta, esta revista colocó en su tapa las fotos de Petro y su contrincante Hernández, con el venenoso título: “¿Ex guerrillero o Ingeniero?”.
Más allá de esto, distintos estrategas de comunicación política han señalado que la campaña digital que permitió a Hernández ubicarse en segunda vuelta se basó, sobre todo, en grupos de mensajería de WhatsApp y mensajes cortos, de fuerte impacto emocional, pero además, como ya suele ser lamentablemente habitual, demonizando al adversario sin debatir propuestas de fondo.
Por otra parte, las redes digitales ofrecen una enorme impunidad, sin necesidad de hacerse cargo de complejos planes de gobierno, de debatir ideas ni de ser confrontado públicamente. Al mismo tiempo, la contratación de influencers y publicistas experimentados en estas plataformas segmentadas permite que la forma sea el fondo y que las reales intenciones políticas queden difuminadas por la pantalla de su banalización.
¿Qué contiene la plataforma del nuevo gobierno para democratizar la comunicación?
El programa del Pacto Histórico promueve un nuevo contrato de sensibilidad social y humana, protección medioambiental, un fuerte impulso a los derechos de las mujeres, los trabajadores, los jóvenes, los adultos mayores, la reparación de las injusticias contra las poblaciones afrocolombianas e indígenas, y un compromiso indeclinable con el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, entre otros temas.
Hay, también, en el texto un fuerte acento en la necesidad de innovación digital, de extensión de la conectividad universal a internet y de producción basada en las nuevas tecnologías, como una posibilidad de transformar la matriz dependiente del extractivismo y pasar a una economía basada en el conocimiento.
Sin embargo, no se menciona intención alguna de regular la actuación de los monopolios digitales transnacionales, los que hoy constituyen la principal traba para un desarrollo soberano y beneficioso al bien común.
En cuanto al tema de los medios de comunicación, la plataforma de gobierno de Gustavo Petro señala como elementos claves el fortalecimiento de la red pública de canales y medios regionales para la producción y difusión de contenidos culturales de alta calidad, enfatizando en las radios públicas y comunitarias.
Asimismo, figura expresamente en el texto del programa la participación democrática en los medios de comunicación estatales y la reforma de RTVC, el sistema de medios públicos de Colombia, para asegurar su carácter institucional, popular e independiente, para que sea “la voz de las multitudes, expresión de la democracia multicolor”.
También se compromete a “promover una ley de radio pública, cultural e institucional que se articule y contenga parámetros similares a la ley de TV y a fortalecer los contenidos culturales y educativos, así como su infraestructura (física y equipos), presencia territorial (descentralización) y sus alianzas con orquestas sinfónicas y filarmónicas”.
Pero, a su vez, las garantías manifiestas en su propuesta para el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y la libertad de prensa, en el contexto de la preservación de los derechos humanos individuales y colectivos, expresan con claridad no querer poner en entredicho o afectar la acumulación y concentración propietaria presente en el campo de la difusión.
Esta elección en Colombia, una vez más, demuestra que, de no mediar un gran esfuerzo social por democratizar y descentralizar el ejercicio de la comunicación, la democracia continúa prisionera del poder económico, conservando gran parte de su carácter plutocrático.
Democratización que, en la actualidad, debe incluir de modo imperioso el escrutinio social sobre las plataformas digitales en forma de regulación y políticas públicas que garanticen su servicio al bienestar equitativo, sin su opaco carácter actual de vigilancia, invasividad y brutal mercantilización.
Sin embargo, aún en el marco del flamante gobierno progresista, acaso urgido por prioridades como acabar con el hambre, la violencia física y la vulneración de derechos sociales básicos, no es del todo nítido el impulso hacia leyes o políticas que redistribuyan el poder sobre la subjetividad social, poder detentado en la actualidad por un verdadero cártel mediático-empresarial.
La recuperación de los espacios comunicacionales como derecho humano fundamental y premisa de cualquier democracia real continuará constituyendo en Colombia una misión pendiente que el movimiento popular deberá exigir al nuevo gobierno.
*Por Javier Tolcachier para La tinta / Imagen de portada: Santiago Mesa.
(*) Javier Tolcachier es investigador del Centro Mundial de Estudios Humanistas y comunicador en la agencia internacional de noticias Pressenza.
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