Todo el mundo se dice preocupado por la pérdida de interés popular por la política, pero nadie analiza seriamente sus raíces y tampoco indica el remedio: el centroizquierda, porque es el principal responsable; la derecha, porque es la que más se beneficia.
Por Fabrizio Burattini | À l’encontre
El dato más sorprendente e inesperado de las recientes elecciones regionales del 12 y 13 de febrero, celebradas en las dos principales regiones del país –Lombardía, con la segunda ciudad de Italia, Milán, y más de 10 millones de habitantes, y Lacio, la región de Roma, la capital, con cerca de 6 millones de habitantes– fue la tasa de participación: un 41 % en Lombardía y un 37 % en Lacio, la más baja de la historia de la República.
Continúa la crisis de la democracia
La victoria en ambas regiones de la coalición de derechas (que obtuvo alrededor del 54 % en cada una) y el acceso a la presidencia de Lombardía de Attilio Fontana (Lega) y a la presidencia de Lacio de Francesco Rocca (un independiente nombrado por Fratelli d’Italia) era previsible, dado el éxito de la derecha en las elecciones nacionales del 25 de septiembre y la presentación en orden disperso de los partidos de centroizquierda. Las demás candidaturas quedaron a más del 20 % de distancia de los vencedores. En particular, los dos candidatos del Partido Demócrata (PD) cosecharon un 34 % en Lombardía y un 33,5 % en Lacio.
Fratelli d’Italia (FdI), el partido calificado de posfascista, ampliamente dominante en la coalición de derechas duras, se ha visto confirmado en su puesto de cabeza, con un 26 % en Lombardía y un 34 % en Lacio). No obstante, este partido también registra una pérdida sustancial de cientos de miles de votos en cada una de estas dos regiones. Teniendo en cuenta la elevadísima abstención, se trata por tanto de mayorías fundamentadas institucionalmente, pero que se apoyan en sendas minorías del electorado: el polo de derechas ha ganado, pero no cuenta con más del 20 % del electorado inscrito en Lacio y del 23 % en Lombardía.
En los medios y las tertulias ha tenido lugar un debate poco interesante sobre la cuestión de si estos resultados certifican o no que Italia es un país de derechas, si lo ha sido siempre y si ha pasado a serlo en los últimos años. En vez de esto, el hecho sin duda más pertinente estriba en la continuidad de la crisis de la representación democrática y de la participación política. Está claro que esta crisis de la participación afecta sobre todo a la izquierda en todas sus variantes, favoreciendo a la derecha.
La crisis de participación es más importante en los barrios populares: por ejemplo, en el conjunto de la ciudad de Roma, tan solo el 33,1 % de las electoras y los electoras fueron a votar, pero este porcentaje sube al 40 % en el distrito II (municipio, de los que existen 15 en total), habitado por los sectores sociales más acaudalados, mientras que en los distritos más populares cae en picado, siendo del 27 % y del 30 % en el distrito VI y en el distrito X, respectivamente.
Por supuesto, todo el mundo se dice preocupado por la pérdida de interés popular por la política, pero nadie analiza seriamente sus raíces y tampoco indica el remedio: el centroizquierda, porque es el principal responsable; la derecha, porque es la que más se beneficia. A lo largo de los últimos treinta años, las reformas institucionales han alterado totalmente la fisonomía de las instituciones políticas. De organismos representativos de las diferentes orientaciones ciudadanas las han transformado en instrumentos esencialmente de gobernanza, vaciando de sus funciones las asambleas de representantes electas (consejos municipales y regionales, parlamento nacional) y ensalzando al mismo tiempo el papel del jefe, del dirigente (alcalde, gobernador regional, presidente del Consejo). Estos cambios han sido fruto, en gran parte, de la iniciativa del centroizquierda (PD), que hoy paga las consecuencias, cediendo el gobierno del país y de 16 regiones (de un total de 20) a la derecha más extrema.
Un gobierno fuerte que perjudica a las capas populares
Así, de esa prueba electoral parcial, pero importante, el gobierno de Giorgia Meloni sale todavía más reforzado en su plan de intensificar la ofensiva antipopular, ya iniciada por el gobierno precedente de Mario Draghi [febrero de 2021-octubre de 2022]. En efecto, la primera ley presupuestaria del gobierno Meloni, aprobada a finales de diciembre de 2022, supone la continuación de la política económica y social del gobierno del banquero [antes de presidir el Banco Central Europeo, Draghi fue presidente del Banco de Italia y vicepresidente para Europa de Goldman Sachs].
No es por casualidad que la ley haya sido aprobada por la Comisión Europea, que la considera “globalmente positiva… porque es conforme con las orientaciones presupuestarias del Consejo de la UE”, a saber: inversiones públicas para las “transiciones verde y digital” y para la “seguridad energética”, y sobre todo “el control de los gastos primarios corrientes”, etc. Es cierto que la Comisión Europea ha hecho algunas observaciones al margen: la propuesta de elevar el límite de las operaciones con dinero en efectivo a 5.000 euros; la amnistía para las multas de hasta 1.000 euros por evasión fiscal; la supresión de la obligación de los comerciantes de aceptar los pagos electrónicos y una pequeña suavización, puramente simbólica, de las reglas para la obtención de una pensión de jubilación. El gobierno Meloni, en su deseo de mostrar su apego a la política europea neoliberal, ha tenido en cuenta de inmediato las observaciones, corrigiendo el texto final de la ley.
Pero por encima de todo, entre las distintas medidas se han incluido ciertos elementos que el gobierno Draghi no habría podido adoptar, dado el carácter compuesto y contradictorio de su mayoría parlamentaria. Un ejemplo, entre otros, es la decisión de reducir a tan solo siete mensualidades la renta de ciudadanía (RdC), la subvención que distribuye en promedio un poco más de 500 euros a alrededor de 1,2 millones de familias pobres.
Se trata de una disposición que permite al Estado ahorrar unos cientos de millones (inmediatamente concedidos generosamente a los clubes de fútbol profesional para ayudarles a equilibrar sus presupuestos muy deficitarios), pero que tiene un doble objetivo ideológico y político. Por un lado, responde a la campaña demagógica de la derecha (apoyada también por el partido macronista de Matteo Renzi y Carlo Calenda, el dúo Italia Viva-Acción), destinada a presentar a los beneficiarios de la RdC como personas que no quieren trabajar. Por otro lado, pretende privar a uno de los partidos de la oposición, el Movimiento 5 Estrellas (M5S), de su principal bandera, que hasta ahora le ha permitido seguir siendo el partido líder en las regiones del sur, incluso en las elecciones legislativas de septiembre de 2022.
Se retirará la RdC a quien rechace una oferta de trabajo, para cualquier tarea, aunque suponga desplazarse de un extremo a otro del país, y a quien no haya completado la escolaridad obligatoria o no se matricule en cursos especiales de perfeccionamiento. Como puede verse, esta disposición refleja así un ataque cínico y sádico contra las capas sociales más pobres del país y contra una institución, la RdC, que no ha “abolido la pobreza”, como afirman sus promotores, sino que la ha aliviado.
Además, la política presupuestaria favorece a las capas sociales que sostienen la mayoría gubernamental con medidas de amnistía fiscal y una importante rebaja de impuestos para las profesiones liberales y las pequeñas empresas, con la paradoja de que un autónomo con unos ingresos brutos anuales de 85.000 euros pagará menos impuestos en cifras absolutas que un asalariado con unos ingresos brutos de 30.000 euros. Todo ello en contra de los principios constitucionales de igualdad y progresividad de los impuestos.
Los patronos ya no tienen miedo a Meloni
Las clases dirigentes, a través de sus medios de comunicación, se han tranquilizado con respecto a los temores con que habían asistido al resistible ascenso al poder de Giorgia Meloni: todos los datos macroeconómicos, a pesar de la crisis general, parecen tender al alza, tanto en cifras absolutas como en comparación con los principales competidores internacionales. Algunos señalan con complacencia la relativa moderación del Gobierno italiano, si se compara con la obstinación contrarreformista que ha mostrado Macron en Francia en las últimas semanas, entre otras cosas en la cuestión de las pensiones. Por supuesto, alaban su lealtad atlantista, lo que no es de extrañar dados los servicios que los padres espirituales de Meloni ofrecieron a la CIA estadounidense durante los años de la guerra fría.
Incluso el temido spoil system [en el sistema bipartidista estadounidense, el gobierno recién elegido sustituye todos los altos cargos anteriores por sus partidarios – Red.]. “no se ha producido, al menos por ahora. El único alto gestor público que ha cambiado es el Director del Tesoro, cargo para el que ha sido nombrado un tal Riccardo Barbieri Hermitte, una figura totalmente tranquilizadora porque viene de una larga carrera como consultor y gestor en grandes bancos estadounidenses [J.P. Morgan, Morgan Stanley y Bank of America-Merrill Lynch, así como el banco de inversión japonés Mizuho Securities].
Hay que recordar que la aplastante mayoría parlamentaria obtenida por este partido de derechas en las elecciones de septiembre de 2022 representa en realidad tan solo el 26,6 % del electorado potencial italiano. Una vez ganada la credibilidad de las clases dominantes, ser minoría en el país no impide ni impedirá al gobierno de derechas desplegar toda su arrogancia y su voluntad de hacer crecer una cultura reaccionaria y clasista. El partido de Meloni, que en el pasado siempre se había presentado como un partido de derecha social, refiriéndose más o menos explícitamente a la llamada tradición popular del fascismo, contraria a las élites, está adoptando rasgos cada vez más neoliberales en términos económicos y sociales. Por supuesto, esta caracterización solo puede contribuir a tranquilizar a las clases dominantes (y con ellas a las instituciones europeas), que abandonan sus temores a una nueva y temida deriva populista en ka estela de la del gobierno M5S-Lega.
Pero la cultura neoliberal de la que hace gala la presidenta del Consejo y que aplica en su acción política también viene acompañada de brutales iniciativas demagógicas, como ocurrió en diciembre con el decreto-ley contra las fiestas rave y las grandes concentraciones (con fuertes penas de cárcel y sanciones económicas para los organizadores, pero también para las participantes).
Aún más significativa fue la estridente campaña contra la huelga de hambre [iniciada el 20 de octubre de 2022] del anarquista Alfredo Cospito, acusado de masacre, a pesar de que sus acciones no causaron víctimas. El activista está encarcelado desde 2012, una vez condenado a “cadena perpetua con periodo de seguridad”, en régimen penitenciario de alta seguridad (artículo 41-bis). Cabe señalar que la sentencia dictada contra el anarquista no se aplicó a los autores de las masacres mafiosas en que fueron asesinados numerosos magistrados y sus escoltas, ni a los de masacres fascistas como la de 1980 en la estación de tren de Bolonia, que dejó 80 muertos. Los principales representantes del partido FdI y los periódicos progubernamentales, sin que Meloni se mostrara en desacuerdo, acusaron al PD de ser “cómplice de anarquistas y mafiosos”, simplemente porque algunos de sus diputados habían ido a comprobar las condiciones de detención de Alfredo Cospito en la cárcel.
Otro acontecimiento fue la reacción desproporcionada, fuera de lugar, de numerosos representantes de la derecha a la acción que llevó a cabo hace algunos meses un grupo de jóvenes militantes de la organización ecologista Ultima generazione [que preconiza la “desobediencia no violenta frente al hundimiento climático”]. Para protestar contra la inercia de las instituciones y de la clase política ante la crisis climática, habían lanzado un bote de pintura inofensiva contra el edificio del senado. Los dirigentes de FdI y de la Lega gritaron terrorismo y reclamaron penas de prisión.
La política antimigratoria
Pero la iniciativa más identitaria de este gobierno de derecha dura y sus partidos mayoritarios es el decreto, que se convirtió en ley el 23 de febrero, dirigido contra las organizaciones no gubernamentales (ONG) cuyos barcos llevan años patrullando el sur del Mediterráneo, rescatando a migrantes naufragados. Plenamente consciente de que la inmigración es una cuestión muy sentida en su base pequeñoburguesa, el gobierno decidió golpear a las ONG, para dificultar y quizás imposibilitar sus acciones de rescate en el mar; a pesar de que los barcos de las ONG rescatan solo al 10 % de los migrantes que llegan a Italia. Así, según el decreto-ley, después de cada rescate, los barcos de las ONG deben dirigirse inmediatamente al puerto que les asigne el gobierno. Cualquier otra acción de rescate sobre la marcha está prohibida, solo se permite “un rescate cada vez”, y esto en el Mediterráneo central, que se considera la travesía más peligrosa del mundo.
Los puertos asignados se encuentran generalmente en el norte de Italia, con el pretexto demagógico de distribuir mejor a los migrantes rescatados en el territorio nacional y no cargar las regiones del sur más expuestas a la llegada de refugiados de Libia o Túnez. Esto da lugar a tragedias innecesarias que se programan con este decreto-ley, como en el caso de un grupo de migrantes naufragados, rescatados cerca de Sicilia y obligados a realizar una larga travesía de más de 1.000 kilómetros en un mar tempestuoso hasta el puerto de Ancona, para luego ser trasladados de nuevo en autobús a un centro de acogida en Apulia, en el extremo sur del país. Las ONG se ven así obligadas a realizar largas, peligrosas y costosas travesías y, en caso de incumplimiento, se exponen a multas de decenas de miles de euros y a la confiscación de las embarcaciones.
Cabe señalar, sin embargo, que la campaña contra estas ONG no ha sido liderada únicamente por la derecha: el primero en referirse a ellas como “taxis marítimos” fue en 2018 el entonces líder del M5S, Luigi di Maio. Incluido el ministro del Interior del PD, Marco Minniti, en 2017 [en el Gobierno del presidente del Consejo, Paolo Gentiloni, actual comisario europeo], había adoptado normas vejatorias para impedir las operaciones de rescate.
Las medidas antimigratorias del Gobierno italiano provocaron inicialmente cierta tensión con el Gobierno francés de Macron, que se opone a Meloni no tanto por diferencias significativas de enfoque político, sino porque ve en el éxito de la derecha italiana una especie de apoyo indirecto a su competidora Marine Le Pen. Estas pullas no impidieron que Meloni volviera más que satisfecha del reciente Consejo Europeo de los días 9 y 10 de febrero. De hecho, la declaración final del Consejo sobre inmigración afirma lo siguiente:
El Consejo Europeo ha debatido la situación migratoria, que es un reto europeo que requiere una respuesta europea… La UE reforzará su acción para prevenir las salidas irregulares y evitar la pérdida de vidas humanas, reducir la presión sobre las fronteras y las capacidades de acogida de la UE, luchar contra los contrabandistas y aumentar el número de devoluciones. Esto se hará intensificando la cooperación con los países de origen y de tránsito mediante acuerdos mutuamente beneficiosos… con el fin de aliviar rápidamente la presión sobre los Estados miembros más afectados y prevenir eficazmente las llegadas irregulares… La Unión Europea mantiene su compromiso de garantizar un control eficaz de sus fronteras exteriores terrestres y marítimas. El Consejo Europeo acoge con satisfacción los esfuerzos realizados por los Estados miembros a este respecto… Hace un llamamiento a la Comisión para que movilice inmediatamente fondos y recursos sustanciales de la UE para ayudar a los Estados miembros a reforzar las capacidades y las infraestructuras de protección de las fronteras, los medios de vigilancia, incluida la vigilancia aérea, y los equipos.» (Extractos de las conclusiones de la reunión extraordinaria del Consejo Europeo, 9 de febrero de 2023)
Además, se está negociando «el refuerzo del mecanismo voluntario de redistribución de los migrantes». Como se ve, Meloni no podía pedir más.
La Comisión Europea ha tomado nota del decreto-ley anti-ONG italiano. No solo eso, sino que el grupo parlamentario del Partido Popular Europeo (PPE) en Estrasburgo ha ido aún más lejos y ha presentado un documento político que preconiza la adopción de normas europeas contra la inmigración basadas precisamente en el modelo italiano.
El primer resultado trágico de estas medidas es el terrible naufragio –la embarcación chocó contra unas rocas a pocos metros de la costa en pleno temporal– ocurrido frente a Calabria (Crotone) el 26 de febrero. Más de 60 migrantes murieron ahogadas –se han recuperado los cadáveres de 14 menores– y el número de desaparecidas todavía no se conoce en el momento de escribir estas líneas 1/. Está claro que nadie puede decir si en ausencia de la nueva reglamentación del gobierno Meloni se habría socorrido a las personas naufragadas. Lo que sí es cierto es que uno de los barcos de rescate (el Geo Barents de Médicos sin Fronteras) ha sido condenado a una multa cuantiosa. Además, está retenido “para controles administrativos” en el puerto de Ancona. Una quincena de otros barcos humanitarios de ONG que navegan en el Mediterráneo están sujetos a la prohibición de salvamentos múltiples.
El carácter neoliberal de la orientación de Giorgia Meloni se califica en la prensa italiana de adaptación rigurosa de la dirigente de extrema derecha a la difícil realidad económica del país. En realidad, no se trata tan solo de eso. Meloni y su equipo tienen un proyecto más ambicioso que apunta a varios objetivos.
Los objetivos de la derecha en el poder
El primero, ya logrado en gran medida, es el fin de la exclusión de la extrema derecha de la gobernanza del país. Hace diez años, el partido posfascista (FdI) quedó fuera del círculo de partidos del llamado arco constitucional. No tenía más que un 2 % de los votos y solo presidía la alcaldía de una capital de provincia [Dario De Luca fue alcalde de Potenza (Basilicata) de 2014 a 2019]. Hoy es el partido más votado, roza el 30 % y controla el gobierno nacional.
Este objetivo se entrelaza con el más complejo de superar la propia caracterización formal de la República Italiana como antifascista. En diciembre de 2022, el presidente del Senado, Ignazio La Russa, junto con otros representantes del posfascismo y con la aprobación tácita de la presidenta del Consejo, Giorgia Meloni, celebró solemnemente el 76º aniversario de la fundación del Movimiento Social Italiano (MSI), el partido de los veteranos del periodo fascista que fue amnistiado en 1946 [el referéndum institucional del 2 de junio de 1946 estableció la República Italiana y confirmó la abolición de la monarquía].
Dentro de unos meses, el 25 de abril de 2023, se cumplirá el 78º aniversario de la liberación del país del fascismo y de la ocupación nazi. Meloni ya ha declarado que “participará en las celebraciones”, aunque en el pasado calificó este aniversario (que en Italia es festivo) de divisivo y propuso trasladarlo al 4 de noviembre (aniversario de la victoria italiana en la Primera Guerra Mundial). Veremos cómo se interpreta y explota esta fecha.
Este gobierno sabe que se mueve en un país en que la cultura ha estado fuertemente marcada por un espíritu desfavorable a la extrema derecha. Sin embargo, el partido FdI lleva mucho tiempo librando una sutil batalla cultural, inclusive en el terreno léxico y terminológico. En sus discursos, Meloni evita cuidadosamente utilizar los términos país o república, sustituyéndolos sistemáticamente por la palabra nación. Ha hecho saber solemnemente que desea que se refieran a ella como “señor presidente del Consejo” (en masculino), en su lucha contra las declinaciones de género ampliamente utilizadas por la izquierda.
Fratelli d’Italia (FdI) es consciente de que una gran parte de los círculos culturales del país ha tenido históricamente inclinaciones antifascistas y de izquierdas, aunque de forma mucho menos pronunciada que en el pasado. No es casualidad que FdI haya confiado los dos ministerios clave en este ámbito a dos leales al partido, el ministro de Educación y Mérito Giuseppe Valditara [senador de 2001 a 2013, fue miembro de Alianza Nacional, luego asesor de Matteo Salvini] y el ministro de Cultura Gennaro Sangiuliano [miembro del Movimiento Social Italiano – Derecha Nacional de 1983 a 1987, luego autodeclarado de derecha independiente].
También está el objetivo de hacer avanzar contenidos reaccionarios concretos, no solo a base de vehementes diatribas, sino también mediante sutiles manipulaciones, cooptando en su panteón a figuras particularmente (aunque a menudo inmerecidamente) queridas por los italianos, inclusive algunas de izquierdas, como Benedetto Croce o Enrico Mattei [el fundador de la industria petrolera italiana: ENI-Ente Nazionale Idrocarburi, una especie de Estado dentro del Estado; murió en un accidente aéreo causado por una bomba en 1962]. La derecha ha hecho que el día del recuerdo esté dedicado a las víctimas del foibe, es decir, a las víctimas de la contraofensiva partisana yugoslava [de septiembre de 1943] contra la ocupación nazi y fascista del país, una contraofensiva militar que inevitablemente también se cobró víctimas inocentes, pero de la que también hay que culpar a los verdaderos causantes de aquella guerra de agresión. La ley que establece este aniversario fue aprobada por unanimidad por el Parlamento en 2004. Es uno de los resultados de la oleada revisionista de la historia iniciada tras la disolución del Partido Comunista Italiano en 1991.
Luego están los comentarios misóginos y homófobos del presidente de la Cámara de Diputados, Lorenzo Fontana [Liga], católico fundamentalista y admirador de Putin, que celebra a diario el santo del día en Twitter y no pierde ocasión de alabar a la familia tradicional y estigmatizar el multiculturalismo.
Entre los objetivos más importantes que pretende alcanzar el gobierno de Meloni, Salvini y Berlusconi está la imposición de una profunda reforma constitucional en el país. Un elemento central de esta reforma será la introducción de un régimen presidencialista mediante la elección directa del presidente de la República y/o del presidente del Consejo. Se trata de una reforma que satisface a las clases dirigentes, que desean disponer de un mecanismo institucional que responda mejor a sus intereses y no esté lastrado por los mecanismos de mediación política y parlamentaria.
La otra pieza fundamental de la reforma constitucional concebida por esta derecha es la fórmula de la autonomía diferenciada, que pretende dar más fuerza a las regiones económicamente más dinámicas y ricas, abandonando a su suerte a las regiones más pobres. El corolario de esta autonomía será el desmantelamiento de todos los elementos de cohesión nacional, con la regionalización de los salarios y los contratos laborales, y la mayor fragmentación y privatización de la sanidad y la educación.
El proyecto europeo de Meloni
Gran parte de la prensa y los comentaristas insisten en la conversión europea de la líder de FdI. En la actualidad, Meloni intenta con éxito ocupar un hueco entre los líderes de la UE, pero el núcleo político de su proyecto no es otro que aspirar a un claro cambio de rumbo político en la Unión Europea. Confía creíblemente en consolidar la posición de FdI como primer partido italiano en las elecciones europeas previstas para la primavera de 2024. Y espera que formaciones afines ‒sin duda la de Marine Le Pen en Francia, Vox en España, Ley y Justicia de los hermanos Kaczynski en Polonia, por citar solo algunas‒ consigan resultados significativamente superiores en las elecciones.
Cree que el grupo europeo que preside, el ECR (Conservadores y Reformistas Europeos), puede reclamar la hegemonía en la configuración de la derecha del continente, incluso, si es necesario, mediante acuerdos con el otro gran grupo, Identidad y Democracia (ID, fundado en 2019, en la estela del grupo Europa de las Naciones y las Libertades), al que pertenecen la Lega y el Rassemblement National francés. Cuenta con las graves dificultades del Partido Socialista Europeo (PSE), tanto por la crisis de algunos de sus componentes nacionales ‒el Partido Socialista francés reducido a la marginalidad, las dificultades del Partido Democrático italiano y la pérdida del gobierno por los socialistas suecos, etc.‒ como por las desventuras judiciales de ciertos diputados europeos socialistas implicados en el escándalo del Qatargate.
Comprende que al Partido Popular Europeo (PPE), que siempre ha cogestionado las instituciones europeas con el PSE y los liberales de Renew Europe, se inclina cada vez más hacia la derecha, precisamente para contener su pérdida de cohesión. A medio plazo, imagina un cambio de mayoría política en las instituciones de la UE, una Comisión Europea ya no basada en el tándem PPE-PSE y los liberales, sino en el PPE, ECR y otras formaciones de derechas. Las recientes y frecuentes conversaciones entre Meloni y Manfred Weber (CSU de Baviera), el presidente alemán del PPE, han tenido que ver probablemente con esta idea.
Para hacer viable este proyecto, tanto en Italia como en Europa, Meloni ha relanzado recientemente el proyecto de un partido único de la derecha, que le permitiría seguir canibalizando a la Lega de Salvini y a Forza Italia de Berlusconi, pero bajo la apariencia de un proyecto común.
La crisis interminable del PD
En cuanto a los partidos de oposición, los resultados particularmente decepcionantes, aunque en gran parte anticipados, de las candidaturas del PD, del M5S (Movimiento 5 Estrellas) y de las formaciones de la izquierda radical en las recientes elecciones regionales muestran hasta qué punto la construcción de una alternativa a la dominación de la derecha aparece como una posibilidad lejana.
El Partido Demócrata (PD) entabló, inmediatamente después de la humillante derrota del 25 de septiembre, un debate congresual tan farragoso como fastidioso “para definir la identidad y el perfil del nuevo PD, su razón de ser, su organización, su propuesta política, sus valores y sus principios” (cita del documento de convocatoria del congreso). La crisis permanente del PD viene simbolizada por los nueve dirigentes que, en 16 años de existencia, se han sucedido en la dirección, todos ellos cesados por sus fracasos, y no porque hubieran alcanzado el límite de edad.
El proyecto de este partido se basaba en la idea, que ha resultado ser completamente ilusoria, de que los epígonos del Partido Comunista y de la izquierda democristiana eran los únicos que poseían una cultura política y organizativa capaz de ofrecer a las clases dominantes un instrumento susceptible de gestionar la modernización del país. Para lograrlo, patrocinaron e impusieron unas reformas constitucionales e institucionales eficientes y una cultura procapitalista y empresarial. Todo ello facilitó, por un lado, la destrucción del tejido de solidaridad social que había mantenido unido el país hasta la década de 1980 y, por otro lado, el desarrollo de la derecha dura, en primer lugar la de Berlusconi, seguido de la de Salvini y finalmente de la de Meloni. Lo que se ha producido, a una escala menor, pero más deprimente dadas las especificidades italianas, es una trayectoria similar a la de Bill Clinton y Barack Obama, que abrió la vía a los trumpistas, y la de Tony Blair, que dio pie a la revancha del partido tory.
El próximo congreso del PD parte de la toma de conciencia de la ausencia de identidad cultural y de proyecto político. Todo el debate gira en torno a las alianzas necesarias para sobrevivir, ya sea con el micropartido centrista Azione de Carlo Calenda y Matteo Renzi, o con la propuesta de izquierda del M5S de Giuseppe Conte. El pueblo de izquierda, que antaño constituía la potente base de apoyo del PCI, ha desaparecido completamente. Basta decir que lo que quedaba de ese pueblo pudo elegir en 2013 a Renzi a la presidencia del gobierno con cerca del 70 % de los votos.
Un Renzi que era considerado el candidato más idóneo para gobernar el país, un primer ministro que, a lo largo de los tres años de gobierno [de febrero de 2014 a diciembre de 2016], hizo aprobar una reforma de la legislación laboral radicalmente favorable a la patronal (la Jobs Act) y una reforma neoliberal y de privatización de la educación pública (la buena escuela), y trató de imponer una contrarreforma antidemocrática de la Constitución (felizmente rechazada en referéndum, en diciembre de 2016, por el 59,1 % de los votos).
El número de miembros del partido –que en la época del PCI alcanzó la cifra récord de más de dos millones– ha caído en picado: 800.000 en 2007 a 150.000 actualmente. Por mucho que el PD haya estado siempre, de una forma y otra, en el gobierno de 2011 a 2022 –con excepción del breve intermedio del gobierno Conte I [del 1 de junio de 2018 al 5 de septiembre de 2019]–, hoy no puede reivindicarse de ningún logro que muestre un perfil propio ante el electorado. Solo consigue mantener cierta audiencia, al menos en las elecciones municipales –más en porcentaje en que cifras absolutas– gracias al hecho de que puede contar, en mayor medida que sus competidores, con una base organizada residual.
La victoria de la joven diputada italo-suiza-estadounidense Elly Schlein en las recientes elecciones primarias abiertas del PD se ha visto favorecida por un nivel de participación más elevado de lo previsto (parece que han votado más de un millón de electoras y electores), lo que ha permitido invertir el resultado de la consulta interna, limitada a los miembros, que fue más favorable al otro candidato, el antiguo renziano Stefano Bonaccini [presidente de la región Emilia-Romagna desde diciembre de 2014].
Las declaraciones efectuadas por la nueva secretaria inmediatamente después del anuncio de los resultados confirman la flagrante contradicción entre las intenciones de Schlein y el patrimonio político del partido que está llamada a dirigir. “Ayudaremos a organizar la oposición para defender a la gente pobre contra un gobierno que la ataca”, ha declarado, cuando el partido se dedicaba hasta ayer mismo a descartar todo entendimiento con el M5S, considerado responsable de la caída del gobierno Draghi. “Defenderemos la escuela pública”, dice ella, cuando el PD redactó e hizo aprobar la reforma que abrió la puerta a la privatización bajo el lema de la buena escuela, hace tan solo unos años.
“Nos opondremos a cualquier recorte de los cuidados sanitarios”, cuando los gobiernos de centroizquierda (al igual que los de la derecha) han reducido en pocos años el presupuesto de la sanidad en varias decenas de miles de millones de euros. “La prioridad está en la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras”, cuando el PD consiguió anular definitivamente, en 2015, la protección contra los despidos, cosa que ninguno de los gobiernos anteriores lo había logrado.
Los resultados de las elecciones primarias abiertas atestiguan el deseo generalizado de una gran parte de la base popular de centroizquierda de dar un giro político. Pero la nueva dirección, encabezada por la primera mujer secretaria, joven (37 años) e inconformista (abiertamente de orientación sexual no binaria), no cuenta con un aparato de apoyo en un partido hoy muy fuertemente cartelizado, con poderosas corrientes internas, que, por supuesto, son cualquier cosa menos expresiones de corrientes político-ideológicas que se enfrentan en torno a orientaciones diferentes. Se trata más bien de grupos de poder que buscan repartirse los menguantes espacios de gobierno y subgobierno de que dispone el centroizquierda.
Además, las fuertes contradicciones entre las declaraciones de la nueva secretaria y la herencia política del PD, por un lado, y la competencia entre las numerosas corrientes internas (de las que Schlein seguirá siendo rehén), por otro, convierten en ilusoria una regeneración a la izquierda de este partido, incluso con esta nueva secretaria, que ha sabido recoger el impulso de cierto sector de la juventud que desea un reformismo social y medioambiental renovado.
Los demás partidos de oposición
En cuanto al Movimiento 5 Estrellas, hoy presenta su cuarta versión: la 1ª fue la fase impulsada, a partir de 2007, por Beppe Grillo, que se apoyó en las redes sociales y organizó concentraciones contra la corrupción [las jornadas de A tomar por culo o Vaffanculo Day, culminando con la creación del partido en 2009]; la 2ª fase, de 2013 a 2018 [irrupción electoral en 2013 con más del 23 % de los votos y en 2018 con el 32,68 %], durante la cual hegemonizó gran parte de la oposición al social-liberalismo de Renzi; la 3ª fase gobernista, primero en coalición amarilla-verde [Lega-M5S, gobierno Conte I], después rosa-verde [PD-M5S, gobierno Conte II]; y la 4ª fase, en que el M5S 4.0 trata ahora de reconstruirse como un partido de izquierda moderada, atento a la defensa de la gente pobre, del medioambiente y de la paz. Tiene a su favor la frágil baza de haber logrado instituir la renta de ciudadanía (RdC), pero, como se menciona en la parte I de este artículo, el gobierno trata de contrarrestar la utilización de esta bandera.
Además, en su proyecto de desbancar al PD de su papel de partido central de la oposición a la derecha, Giuseppe Conte está pagando el precio de tener un partido desprovisto de toda estructura organizativa y de todo anclaje territorial y militante concreto. La misma determinación de defender la RdC solo se traduce en declaraciones grandilocuentes contra un “gobierno clasista y antipopular”, sin la capacidad, o quizás ni siquiera la voluntad, de construir un movimiento que sirva a este fin. En el país, sobre todo en el Sur, están surgiendo algunas iniciativas de masas en defensa de la RdC, pero todas a instancias de colectivos locales o sindicatos de base, completamente fuera del control del M5S. Las dificultades del proyecto de Conte se reflejaron en los decepcionantes resultados de las recientes elecciones regionales en Lacio y Lombardía, donde las listas grillinas quedaron muy por detrás de las del PD.
En cuanto a la izquierda a la izquierda del PD ‒que desde hace años, aunque en medio de muchas contradicciones, practica una política de alianza subalterna con el PD‒, ha confirmado su existencia y su escaso pero no insignificante peso político (en torno al 3 %). Por otra parte, la lista de izquierdas que había optado por aliarse con el M5S en Lacio ‒con el nombre de Polo Progressista di Sinistra & Ecologista‒ no obtuvo el resultado esperado y solo consiguió algo más del 1 % de los votos, aunque logró que saliera elegida una consejera regional (Donatella Bianchi). Pero estas fuerzas también cargan con el triste asunto que ha afectado a su diputado italo-marfileño Abubakar Sumahoro [Alleanza Verdi, Sinistra: alianza entre Europa Verde y Sinistra Italiana en Lombardía], cuya familia se ha visto implicada en un gravísimo episodio de corrupción y sobreexplotación de trabajadores inmigrantes.
Las dos listas de la izquierda radical ‒la nostálgica y togliattiana [referencia a Palmiro Togliatti], del Partido Comunista Italiano-PCI, cuyo secretario es Mauro Alboresi, y la postberlingueriana [referencia a Enrico Berlinguer] de la Unión Popular: alianza entre Refundación y Poder para el Pueblo‒ obtuvieron resultados irrisorios (en torno al 1 %), lo que confirma su irrelevancia.
El tedioso papel de los sindicatos
En un país que lleva muchos años sin conocer luchas sociales y sindicales significativas, las grandes centrales sindicales son las principales responsables del crecimiento de la extrema derecha y de la marginación de la izquierda. Las tres confederaciones sindicales ‒CGIL, CISL y UI‒, con su persistente inacción, incluso frente a las peores iniciativas neoliberales de los distintos gobiernos, han facilitado la destrucción de la solidaridad de clase, la fragmentación de la mano de obra por empresas, el aislamiento de algunas luchas de resistencia efectivas y el aumento de la sensación de inevitabilidad de la política neoliberal.
La última gran lucha social y sindical en Italia fue la de profesores y estudiantes en 2015 contra la reforma de la buena escuela promovida por Renzi y su gobierno. Incluso aquella lucha solo encontró apoyo formal en las confederaciones y, en particular, en la CGIL, avergonzada de tener que apoyar una movilización contra un gobierno de centroizquierda. Al final, incluso su propia federación del ramo decidió dejarlo estar y permitir que la ley fuera aprobada en el parlamento.
Desde entonces hasta ahora, la CGIL y las demás confederaciones no han llevado a cabo ninguna movilización importante. Incluso la generosa movilización y lucha encabezada por los 400 trabajadores de GKN [subcontratación automovilística] en Florencia, que intentaron plantear una batalla global contra las deslocalizaciones, se quedó en el más cínico aislamiento y ahora corre el riesgo de acabar en una dura derrota.
Los sindicatos de base o de lucha, también por su espíritu competitivo entre ellos y su dependencia política de sus círculos dirigentes históricos, no pueden (y hasta cierto punto no quieren) desarrollar un proyecto sindical alternativo frente a la inacción de los sindicatos mayoritarios.
Injusticias al alza
Mientras tanto, si se observa la situación sobre el terreno, la desigualdad y la fragmentación social crecen sin freno y la acción gubernamental puede acentuarlas sin que nadie rechiste. Las cifras bursátiles están ahí para demostrarlo. La Bolsa italiana cerró sus cuentas de 2022 en números rojos: ‒12 % de capitalización, pero los bolsillos de los accionistas se llenan cada vez más de dividendos, gracias sobre todo a los beneficios (más de 70.000 millones) obtenidos por las grandes compañías energéticas y financieras.
Por ejemplo, los beneficios netos del gigante petrolero italiano ENI se han duplicado con creces, pasando de 6.000 millones de euros en 2021 a 13.400 millones en 2022. El mayor banco italiano, Intesa San Paolo, repartirá este año 5.300 millones de euros en dividendos a sus accionistas, y el segundo, Unicredit, ha aumentado sus beneficios un 48 %, hasta 5.200 millones de euros en 2022. De los 70.000 millones de beneficios netos globales, parece que más de la mitad (más de 36.000 millones) se distribuirán entre los accionistas.
La patronal manufacturera tampoco llora: la multinacional automovilística Stellantis [PSA-Fiat Chrysler] ha declarado un beneficio neto de 16.800 millones de euros en 2022 (+26 % respecto a 2021) y ha decidido repartir 4.200 millones de euros a los accionistas. El holding Exor, accionista mayoritario de Stellantis (14 %), recibirá por tanto más de 600 millones de euros en dividendos. Y de este total, dado que la familia Agnelli-Elkan posee el 53 % de Exor, unos 320 millones acabarán en los bolsillos de la familia, lo que corresponde a algo menos de 1 millón al día. Los cerca de 80.000 empleados italianos de la multinacional recibirán algo más de 150 millones (como prima en concepto de participación en los beneficios extraordinarios), una media de 1.879 euros cada uno, unos 5 euros al día.
Los salarios de los trabajadores y trabajadoras en Italia siguen siendo bajos, a pesar de la supuesta fuerza de los sindicatos. Según el ISTAT, el instituto nacional de estadística, el salario medio neto anual de la clase trabajadora (una vez deducidos impuestos y cotizaciones sociales) es de 17.335 euros, es decir, 12 mensualidades de 1.445 euros. Es evidente que la inflación (que ha alcanzado el 12 % en 2022) ha hecho que esos 17.335 euros valgan 2.080 euros menos, es decir, que han perdido el equivalente a casi un mes y medio de salario. Frente a este crecimiento del coste de la vida, los convenios nacionales celebrados han ganado incrementos medios de entre el 2 y el 3 %. Las previsiones para 2023 indican una tasa de inflación decreciente, pero se prevé que se sitúe en torno al 5-6 %, que por supuesto se acumulará a la inflación del año que acaba de terminar.
Mucha gente se pregunta qué sentido tienen los sindicatos, que cuentan con unos 12 millones de afiliados, incluidos los pensionistas, si permiten que los trabajadores sean maltratados de este modo. Esto, a su vez, es un potente motor de resignación, de desencanto y de fragmentación social.
Los puntos débiles del proyecto de Meloni
El Gobierno de derechas es fuerte, pero también tiene sus puntos débiles.
Meloni sabe que el proyecto de partido único de la derecha, por difícil que sea llevarlo a la práctica, podría, más eficazmente de lo que lo hace hoy la coalición tripartita, mantener a raya las desviaciones de los dos líderes menores, Matteo Salvini por un lado y Silvio Berlusconi por otro. Las declaraciones destempladas de Berlusconi (y en menor medida de Salvini) expresan sin duda un deseo pronunciado de destacar, una voluntad de complicar la acción de la líder, a la vez amiga y competidora, antes subordinada y ahora dominante. Pero esas declaraciones también expresan la existencia de enfoques diferentes en el plano interno (los estratos sociales de referencia a los que dirigirse) y en el plano internacional (las posiciones geopolíticas).
Prueba de ello es el reciente intercambio de bromas pesadas a través de los medios de comunicación entre el máximo dirigente de Forza Italia y el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, que avergonzó e irritó sobremanera a la presidenta del Consejo italiano durante su visita a Kiev el 21 de febrero. Berlusconi declaró: “¿Yo hablando con Zelensky? Si hubiera sido presidente del Consejo, nunca habría ido… Putin, el 24 de febrero de 2022, pensó que podía ir fácilmente a Kiev y poner a gente decente en el lugar de Zelensky y su gobierno… Todo lo que tenía que hacer [el jefe de Estado ucraniano] era dejar de atacar a las dos repúblicas autónomas del Donbás y todo esto no habría ocurrido, por lo que juzgo muy, muy negativamente el comportamiento de ese señor.”
Zelensky contestó: “La casa de Berlusconi nunca fue bombardeada, nunca entraron con tanques en su jardín.” Y Berlusconi replicó: “No sabe que yo viví los bombardeos de la segunda guerra mundial, siendo niño.”
Las fuerzas de centroizquierda exageran mucho los supuestos efectos de estas diferencias de comportamiento y las tensiones políticas resultantes. Pero mientras la oposición no se materialice en un movimiento de masas (lo que, por desgracia, está muy lejos de ocurrir en estos momentos), estas diferencias no serán más que pequeños, aunque embarazosos, baches en el camino.
De todas maneras, la propuesta de Meloni de construir un partido único de derechas tiene quizá un objetivo más importante para ella, el de cortar (aunque solo sea formalmente) los vínculos, sin duda molestos, con su pasado neofascista. Se trataría de retomar el camino ya trazado por Gianfranco Fini [procedente del MSI e iniciador del partido de extrema derecha Alianza Nacional en 1995], cuando, en 2009, su partido se fusionó con Forza Italia para formar el Pueblo de la Libertad, porque el mero abandono del nombre MSI no bastó para borrar la naturaleza de su formación como partido de nostálgicos del régimen fascista.
Pero hoy habría una diferencia fundamental. Entonces, Fini estaba sometido al poder preponderante de Berlusconi dentro del partido unificado, que acabó expulsándole. Hoy, en un hipotético partido unificado de la derecha, Meloni estaría sin duda al mando. El proyecto de Fini y Berlusconi fracasó en su momento. Incluso hoy, lo que dificulta mucho la unificación de la derecha es el afán patológico de los dirigentes por ponerse al frente de tal formación.
Hay, sin embargo, otro punto débil del que nunca habla la presidenta del Consejo, pero que pesa de forma silenciosa e insidiosa sobre los planes de Meloni: la naturaleza y las inclinaciones de su base militante. Hasta ahora, la dirigente ha logrado contenerla. Ha logrado evitar celebraciones con saludos fascistas y actos agresivos tras su victoria electoral en septiembre de 2022. Consiguió convencer a su entorno más cercano de mantener una actitud equilibrada: “Somos demócratas, condenamos las despreciables leyes raciales” [de 1938, entre otras], dijo, al tiempo que evitaba cuidadosamente cualquier declaración de repudio global del pasado fascista. Con todo, incluso el presidente del Senado, el antiguo dirigente fascista Ignazio La Russa, mentor político de Meloni, calificó su ardor por coleccionar recuerdos de Mussolini de “pequeña pasión personal”.
La base militante dispone de mecanismos de control interno mucho menos eficaces que los de la dirección del FdI. Así, en Florencia, en los últimos días, frente a su instituto, dos estudiantes de secundaria de izquierdas que comentaron negativamente la distribución de octavillas por parte de un grupo de activistas neofascistas de Acción Estudiantil ‒grupo del que la jovencísima Meloni fue líder indiscutible hasta hace unos quince años y que aún reside en la sede florentina de Fratelli d’Italia‒ fueron agredidos y brutalmente golpeados por miembros de la banda (seis contra dos). Los dirigentes del partido gobernante se apresuraron a calificar el incidente de “reyerta deplorable”. La presidenta del Consejo guardó silencio.
Sin duda, la repetición de este tipo de incidentes podría poner al Gobierno en más dificultades que las declaraciones inoportunas de diversas personalidades políticas. La presidenta del Consejo es muy consciente de la incómoda situación que vive su base militante, pero también es muy consciente de que no puede deshacerse fácilmente de ella, ni de palabra (con declaraciones más valientes en sentido antifascista) ni, mucho menos, rompiendo realmente los vínculos organizativos y afectivos con ella. También sabe que, en la hipótesis, ciertamente lejana, de la aparición de embriones de un auténtico movimiento de masas antigubernamental y antifascista, estas brigadas de acción podrían resultar extremadamente útiles.
Traducción: viento sur
Notas
Giorgia Meloni declaró en un comunicado del 26 de febrero, invirtiendo los papeles, que era “un crimen meter en una embarcación de apenas 20 metros a 200 personas a bordo y con una mala previsión meteorológica… El gobierno está decidido a impedir estos embarques y con ellos esta clase de tragedias, y seguirá haciéndolo, exigiendo ante todo la máxima colaboración de los Estados de partida y de origen. (Red. A l’encontre)
El término foibe remite a las cavidades en las rocas calcáreas, entre otras en la región de Trieste, en las que precipitaban los cadáveres de personas mayoritariamente italófonas. (Red. A l’encontre)
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