Chile y la insurrección constituyente

Salvar Al Garito IOSIF

Por Auxiliadora Honorato

Prácticamente un año después de que el estallido social inundara las calles de Chile, el pueblo chileno inicia con decisión su camino constituyente. El abrumador resultado del referéndum no deja margen a ninguna duda. Y es que las caceroladas, las marchas, las movilizaciones, los paros, todo ello era y es un magma profundamente democrático, desbordante, que pone de manifiesto la desconexión de la institucionalidad concreta actual chilena con el sentir popular.

Este estallido social llevó a una caduca institucionalidad a reconocerse pasado y a fijar una fecha para un trascendental referéndum, en el que Chile pudiera pronunciarse sobre dos preguntas claves: la primera si está o no de acuerdo en aprobar una nueva Constitución, y la segunda relativa al tipo de órgano encargado de redactar, en su caso, la nueva Constitución: una Convención mixta (mitad de representantes electos y la otra mitad designados de entre actuales parlamentarios y parlamentarias) o una Convención Constitucional, donde todos los miembros serían electos y electas para ese efecto.

Esta institucionalidad actual es hoy más pasado que nunca ya que, aunque todas las encuestas auguraban al “Apruebo” un alto porcentaje de votos, la incógnita era conocer cuánto más sería esa diferencia, pero muy especialmente cuál iba a ser la respuesta a la crucial segunda pregunta: la posibilidad de elegir una Convención mixta, se acariciaba por parte del statu quo, como una suerte de “tercera vía” que huyese de un proceso de separación con la institucionalidad presente.

Tanto en una como en otra pregunta, la respuesta del pueblo chileno ha sido lapidaria: con casi un 100% de escrutinio, el “Apruebo” ganó por 5.885.721 votos (78,27%) frente a 1.633.932 votos (21,73%) del “Rechazo”, y un 78,95%, apostó por una Convención Constitucional. El pueblo chileno no quiere rescatar nada de su pasado institucional y ha certificado su liberación de la institucionalidad presente para abrir un nuevo tiempo, un tiempo en el que construir un Chile para todas y todos.

En todo este año, hemos asistido al choque de dos movimientos tectónicos encontrados, que con toda probabilidad continuarán enfrentándose, incluso recrudeciendo sus posiciones en los meses venideros. Por un lado, estaría el intento de la caduca institucionalidad por controlar, perseguir, someter, o encauzar, el magma constituyente. Por otro, y enfrentado a esta institucionalidad-pasado, estaría el claro empuje del movimiento popular, que ha hecho posible que por primera vez en la historia de Chile el pueblo participe y se pronuncie sobre un proceso constituyente; nunca, en ninguna de sus anteriores tres constituciones, esto había pasado.

La próxima cita histórica será el 11 de abril del próximo año, cuando se elegirán a las personas que conformarán esa Convención Constitucional, que será el primer órgano constituyente paritario en la historia de la humanidad; el logro de la equidad de género en la composición de la Convención es reflejo ya del nuevo Chile y de cómo el nuevo constitucionalismo latinoamericano se actualiza y se deja alcanzar por la ola feminista que empuja a configurar, como no puede ser de otra manera, realidades político-institucionales más democráticas.

Este movimiento tectónico popular tendrá sobre sus espaldas el sofocar los embates que la vieja institucionalidad siga lanzando contra el proceso constituyente, un proceso vital para conseguir que el pueblo chileno pueda verse representado e incluido en su propia institucionalidad, sacudiéndose por fin la Constitución Política de la República de Chile, un texto atravesado por una ilegitimidad de origen. Se aprobó el 8 de agosto de 1980 en plena dictadura militar y, aunque fue sometido a múltiples modificaciones desde entonces, tratando de camuflar su origen autoritario y antidemocrático, no es difícil encontrar rastros que, de algún modo u otro, pueden sorprender en el texto que hoy está en vigor (siendo, además, un texto incapaz de abordar las problemáticas y desafíos actuales).

En cualquier caso, esta lucha de placas tectónicas es lo que caracteriza precisamente un proceso constituyente: lo nuevo que no acaba de nacer frente a lo viejo que no acaba de morir; y este será el escenario en el que se juegue a partir de hoy. Podemos, incluso, dibujar tres escenarios de pugna a los que con mucha probabilidad asistiremos en este convulso terreno de juego:

  • La batalla por la legitimidad. Los miembros de la Convención serán elegidos por el mismo procedimiento previsto para la elección de las diputadas y diputados ordinarios, por lo que resulta difícil justificar que tengan menos legitimación que los congresistas y senadores actuales. Si el procedimiento electoral se orienta a trasladar la soberanía del cuerpo electoral a las cámaras, eso mismo sucederá con la Convención  que, recordemos, será una legitimación más reciente que la que ostentan los actuales parlamentarios y parlamentarias, y en la naturaleza de los procedimientos electorales está la idea de que la legitimación más reciente sustituye a la anterior. Convivirán peligrosamente en este tiempo, por tanto, dos legitimidades distintas y, posiblemente, enfrentadas.
  • La relación con el ordenamiento vigente. Los miembros de la Convención estarán a un mismo tiempo sujetos al régimen jurídico actual y sus tribunales, y diseñando el futuro régimen constitucional. Esta dualidad, fácil de explicar en términos teóricos, planteará sin duda problemas sustantivos a la hora de funcionar. Así, por ejemplo, la peligrosa posibilidad de modificar en cualquier momento las normas constitucionales que regulan las funciones de la Convención permite imaginar que, incluso, exista la tentación de cambiar las normas de funcionamiento una vez empezados sus trabajos.
  • El Parlamento como contrapoder. A medida que avancen los trabajos de la Convención, el Congreso y el Senado actuales tendrán, sin duda, la tentación de reaccionar continuamente a las problemáticas planteadas en la Convención. La posibilidad de que se fragüen acuerdos políticos o se aprueben piezas de legislación destinadas a neutralizar una u otra opción de la Convención augura una situación en la que no concurrirán la calma y la libertad necesarias para la aprobación de la nueva Constitución

Es difícil imaginar cuál será el resultado de esta situación, pero lo que parece seguro es que el pueblo chileno, ese movimiento tectónico popular, ha dado sobradas muestras de que no va a aceptar una caricatura de proceso constituyente; este magma popular urge a “recuperar el origen radical-democrático del constitucionalismo jacobino, dotándolo de mecanismos actuales que pueden hacerlo más útil en la identidad entre voluntad popular y constitución”[1], abordando desde la radicalidad democrática la construcción de un texto en el que queden reflejadas las diferentes identidades, etnias, sensibilidades o cosmovisiones del actual Chile.

Todos los atajos que se quieran tomar, todas las caricaturas del proceso que se intenten poner en pie fracasarán, y tan solo será cuestión de tiempo que la fuerza popular sea capaz de canalizarse hacia la construcción de la nueva institucionalidad, de ese nuevo Chile en el que se pueda reflejar y reconocer todo un esperanzado pueblo.

[1] Martínez, R. y Viciano, R., “Aspectos generales del nuevo constitucionalismo latinoamericano”.


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