Las políticas privatizadoras han tenido un impacto devastador en la clase trabajadora chilena.
Por Gabriela Rojas | 7/08/2025
Chile ha sido descrito frecuentemente como un laboratorio del liberalismo económico, un país donde las políticas privatizadoras, impulsadas desde la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), se implementaron con un fervor casi experimental.
Inspiradas en las ideas de los economistas de la Escuela de Chicago, como Milton Friedman, estas políticas transformaron profundamente la estructura social y económica del país, priorizando el mercado y el lucro privado por encima de los derechos fundamentales.
Sin embargo, este modelo, a menudo celebrado como un éxito económico, ha generado una profunda desigualdad social y un deterioro significativo en las condiciones materiales de la clase trabajadora, afectando sectores clave como las pensiones, la educación y la sanidad.
El origen del experimento neoliberal
Durante la dictadura de Pinochet, Chile se convirtió en un terreno fértil para aplicar las teorías neoliberales de libre mercado. Los «Chicago Boys», economistas chilenos formados en la Universidad de Chicago, diseñaron e implementaron reformas radicales que desmantelaron el Estado de bienestar incipiente y promovieron la privatización de servicios esenciales.
La premisa era que el mercado, libre de regulaciones, asignaría los recursos de manera más eficiente que el Estado. Este modelo se consolidó con la Constitución de 1980, que institucionalizó el rol subsidiario del Estado, limitándolo a intervenir solo cuando el sector privado no lo hacía.
Las reformas abarcaron casi todos los ámbitos: pensiones, salud, educación, transporte, agua y telecomunicaciones. Sin embargo, lejos de generar una sociedad más próspera y equitativa, estas políticas han profundizado la brecha entre ricos y pobres, dejando a la clase trabajadora en una situación de vulnerabilidad estructural.
Pensiones: Un sistema que beneficia a las AFP
Uno de los pilares del modelo neoliberal chileno es el sistema de pensiones, basado en las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), creado en 1981. Este sistema reemplazó el modelo de reparto solidario por uno de capitalización individual, donde los trabajadores ahorran en cuentas privadas gestionadas por empresas con fines de lucro.
Aunque se prometió que las pensiones serían suficientes para una vejez digna, la realidad es muy diferente. En 2025, la mayoría de los jubilados chilenos recibe pensiones que no superan el salario mínimo (alrededor de 400.000 pesos, equivalentes a unos 420 dólares). Según datos de la Fundación Sol, cerca del 80% de las pensiones están por debajo del umbral de pobreza, lo que obliga a muchos adultos mayores a seguir trabajando en condiciones precarias.
Las AFP, mientras tanto, han acumulado enormes ganancias, cobrando altas comisiones por la gestión de los fondos, lo que reduce aún más los ahorros de los trabajadores. Este sistema ha sido criticado por priorizar el lucro de las administradoras sobre el bienestar de los jubilados, evidenciando cómo el modelo neoliberal sacrifica derechos básicos en favor de intereses privados.
Educación universitaria: Endeudamiento para acceder al conocimiento
La educación superior en Chile es otro ejemplo paradigmático de las consecuencias de la privatización. Durante la dictadura, se incentivó la creación de universidades privadas y se redujo drásticamente el financiamiento estatal a las universidades públicas. Como resultado, el acceso a la educación superior se convirtió en un bien de mercado, al que las familias trabajadoras solo pueden acceder mediante un endeudamiento masivo.
El sistema de Crédito con Aval del Estado (CAE), implementado en 2005, permitió a miles de estudiantes financiar sus estudios, pero a un costo altísimo: intereses elevados y deudas que pueden extenderse por décadas. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en 2023, más de 1,2 millones de chilenos tenían deudas educativas, muchas de las cuales comprometen hasta el 30% de los ingresos familiares.
Las universidades privadas, que proliferaron bajo el modelo neoliberal, a menudo ofrecen carreras de baja calidad con altos aranceles, dejando a los egresados con títulos de poco valor en el mercado laboral y deudas insostenibles. Este sistema no solo perpetúa la desigualdad, sino que también transforma el derecho a la educación en una carga financiera que afecta desproporcionadamente a las clases trabajadoras.
Sanidad: Un sistema de dos velocidades
El sistema de salud chileno refleja igualmente las desigualdades generadas por el modelo neoliberal. La creación de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRE) en los años 80 privatizó gran parte de la atención médica, dejando al sistema público (FONASA) como una opción de segunda categoría para los sectores de menores ingresos. Mientras las ISAPRE ofrecen atención rápida y de mayor calidad a quienes pueden pagar sus elevados planes, el sistema público enfrenta largos tiempos de espera, infraestructura deficiente y falta de especialistas.
Según un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) de 2023, Chile tiene uno de los mayores niveles de gasto de bolsillo en salud de sus países miembros, lo que significa que las familias trabajadoras deben financiar directamente una gran parte de sus gastos médicos. Esto ha llevado a un aumento del endeudamiento para cubrir tratamientos, medicamentos o cirugías, especialmente en un contexto donde los salarios no han crecido al mismo ritmo que los costos de la salud.
La precariedad del sistema público y la inaccesibilidad de las ISAPRE para la mayoría han resultado en una atención médica de «dos velocidades», donde el acceso a la salud depende directamente de la capacidad de pago.
El impacto en la clase trabajadora
Las políticas privatizadoras han tenido un impacto devastador en la clase trabajadora chilena. La precarización laboral, la falta de derechos sindicales y los bajos salarios, combinados con el alto costo de servicios básicos como pensiones, educación y salud, han sumido a millones de familias en una situación de inseguridad económica.
Según la Encuesta Nacional de Empleo, en 2024, más del 40% de los trabajadores chilenos ganaba menos de 500.000 pesos mensuales (unos 520 dólares), mientras que el costo de vida sigue aumentando.
El endeudamiento se ha convertido en una constante para las familias trabajadoras, que deben recurrir a créditos para cubrir necesidades básicas. La Fundación Sol estima que el 70% de los hogares chilenos tiene algún tipo de deuda, ya sea por educación, salud o consumo básico.
Este círculo vicioso de endeudamiento no solo limita la movilidad social, sino que también perpetúa un sistema donde los derechos fundamentales están condicionados por la capacidad de pago.
Un modelo en crisis
El modelo neoliberal chileno, presentado como un éxito económico por su crecimiento del PIB en las últimas décadas, ha mostrado su lado más oscuro en la desigualdad y la precariedad que genera. Las protestas sociales de 2019, conocidas como el «estallido social», pusieron en evidencia el descontento generalizado con un sistema que prioriza el lucro privado sobre el bienestar colectivo.
Las demandas por un sistema de pensiones solidario, educación gratuita y de calidad, y una salud pública digna reflejan el rechazo a décadas de políticas privatizadoras. Chile, como laboratorio del liberalismo, demuestra que la desregulación y la privatización sin límites no solo no garantizan el bienestar social, sino que lo socavan.
La clase trabajadora, principal víctima de este modelo, enfrenta un panorama donde el acceso a derechos básicos está condicionado por el mercado, perpetuando una desigualdad estructural que amenaza la cohesión social del país. La búsqueda de alternativas, como sistemas más solidarios y equitativos, sigue siendo un desafío urgente para el futuro de Chile.
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