Es una cuestión de quién decide qué puede pensarse, debatirse y enseñarse en las aulas gallegas. Y el poder autonómico del Partido Popular ha decidido que ese margen debe reducirse.
Por Lucio Martínez Pereda | 4/07/2026
La Xunta de Galicia -aprovechando el veraniego descuido informativo para las noticias aparentemente secundarias- ha publicado nuevas instrucciones que regulan las actividades complementarias y extraescolares para el curso 2026 -2027. En realidad se trata de una normativa administrativa de censura previa, control ideológico, y dispositivos de tutela preventiva sobre la vida escolar que refuerzan la vigilancia ideológica en las aulas, con inspecciones previas, límites estrictos y vigilancia sobre actividades complementarias como charlas , actividades complementarias, visitas y talleres.
Recordemos que no es la primera vez. En el curso anterior ya se había introducido la exigencia de la “neutralidad ideológica”, fórmula que en la práctica sirve para señalar como desviacionistas aquellas propuestas que molestan al poder autonómico del Partido Popular. Ahora se profundiza: se refuerzan los mecanismos de vigilancia, se multiplican los filtros previos , se estrechan los márgenes de autonomía de los centros. El profesorado, convertido en potencial transmisor de “valores constitucionales” convenientemente interpretados, debe someterse a esta tutela preventiva para que ninguna idea “indeseable” contamine la enseñanza pública .
La “neutralidad ideológica” funciona como una excusa aparentemente neutra, pero en la realidad sirve para “marcar” lo que se considera desviacionista. No es solo una cuestión de horarios o de salidas. Es una cuestión de quién decide qué puede pensarse, debatirse y enseñarse en las aulas gallegas. Y el poder autonómico del Partido Popular ha decidido que ese margen debe reducirse. Cuando los mecanismos de control ideológico se refugian bajo fórmulas aparentemente técnicas o constitucionales, el espacio de la libertad se va estrechando sin que apenas se perciba el cambio hasta que ya es tarde. Estas instrucciones no son un detalle administrativo. Son un paso más en la construcción de un modelo educativo donde la vigilancia previa y la tutela ideológica sustituyen a la confianza en la profesionalidad docente y en la autonomía de los centros.
Lógicamente esta operación ha de parecer que no lo es y las palabras cumplen una función importantísima en este ocultamiento. La Xunta llama neutralidad a lo que en realidad es vigilancia. Conviene, pues, empezar por analizar el lenguaje, porque ahí está la trampa. Cuando una administración se apropia de palabras como “convivencia” o “neutralidad ideológica” está fabricando un marco “ aceptable” para justificar una intervención política. La operación es fácilmente explicable. Primero se inventa una amenaza difusa- el adoctrinamiento- luego se ofrece a la opinión pública una solución supuestamente apolítica , y al final lo que se impone no es la neutralidad, sino la censura.
Lo que hay detrás de estas instrucciones no es una mejora pedagógica. Que las actividades complementarias deban encajarse en una programación cerrada, pasar por aprobaciones sucesivas y quedar bajo vigilancia inspectora no fortalece la enseñanza; la asfixia e introduce la sospecha. La lógica es clarísima: si todo puede ser revisado, entonces todo puede ser censurado .
La derecha gallega lleva tiempo presentando como sentido común lo que no es más que una voluntad de control. No se habla de fortalecer la educación pública y de mejorar medios. Se habla de vigilar, de filtrar, de autorizar, de notificar. Cuando una consejería se arroga el papel de árbitro de la neutralidad, lo que hace es imponer su propia ideología bajo una coartada técnica . Pretende hacer desaparecer la pluralidad- pareciendo defenderla y que la educación se convierta en una superficie lisa y obediente. En el fondo, lo que indigna no es solo la medida, sino su pretensión de inocencia. Porque estas políticas no se presentan como censura, sino como protección. No como control, sino como garantía. Ya no hace falta prohibir de manera expresa si se puede ocultar la prohibición bajo un trámite de mero control burocrático . Cuando una administración autonómica decide introducir la sospecha en el aula bajo una excusa de mera burocracia , el problema es que ha empezado a tratar a la escuela como a un territorio que necesita ser vigilado.
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