Es hora de actuar con decisión, no contra los inmigrantes, sino contra quienes los instrumentalizan y se enriquecen con su sufrimiento.
Por Oriol Sabata | 6/08/2025
El pasado 3 de agosto, la playa del Sotillo en Castell de Ferro, Granada, fue escenario de un suceso que captó la atención de bañistas, autoridades y medios de comunicación: una lancha motora de alta potencia, de unos 15 metros de eslora, desembarcó a una decena de inmigrantes magrebíes en plena luz del día. Ante los ojos de miles de veraneantes, los ocupantes saltaron al agua y corrieron en distintas direcciones, generando sorpresa y revuelo. La Guardia Civil detuvo a nueve de los diez inmigrantes, mientras la embarcación desaparecía a gran velocidad en el Mediterráneo.
Sin embargo, mientras las imágenes de los inmigrantes corriendo por la playa coparon titulares y redes sociales, el verdadero problema permanece en la sombra: las mafias migratorias que organizan estas rutas. Estas redes criminales, que operan con impunidad en las costas del norte de África, se lucran a costa de la desesperación de personas que arriesgan sus vidas en travesías peligrosas. Estas mafias cobran entre 3.000 y 9.000 euros por persona, utilizando embarcaciones rápidas, similares a las empleadas en el narcotráfico, para maximizar sus beneficios. Este no es un fenómeno aislado, sino una industria criminal que explota la vulnerabilidad de los migrantes, poniéndolos en riesgo en lanchas sobrecargadas y sin medidas de seguridad.
Es imperativo que el foco se desplace de los inmigrantes, a menudo criminalizados o romantizados, hacia la persecución y desarticulación de estas mafias. La llegada de estas embarcaciones no es solo una cuestión de control de fronteras, sino un desafío contra organizaciones que trafican con seres humanos, aprovechándose de su desesperación. Estas mafias que operan con absoluta impunidad deben ser combatidas.
El discurso público, sin embargo, tiende a polarizarse. Por un lado, algunos sectores califican estos sucesos como una ‘invasión’, alimentando narrativas que estigmatizan a los inmigrantes y los convierten en chivos expiatorios. Por otro, ciertas visiones romantizan la migración, presentándola como un acto heroico sin abordar sus complejidades. Ambas posturas son reduccionistas y desvían la atención del problema estructural: la falta de un modelo migratorio planificado y seguro.
España no puede seguir delegando la gestión de la inmigración a organizaciones humanitarias o caritativas que, en algunos casos, han convertido la atención a la inmigración irregular en un modelo de subsistencia. El Estado español debe asumir su responsabilidad. Esto implica no solo reforzar el control de fronteras, sino también diseñar un sistema migratorio que garantice llegadas legales, dignas y seguras.
Es fundamental desmantelar estas redes criminales. Los hechos de Castell de Ferro deben hacernos reflexionar, sin caer en la criminalización del inmigrante, pero al mismo tiempo aplicando mano dura contra las mafias que hacen negocio con el tráfico de seres humanos. Es hora de actuar con decisión, no contra los inmigrantes, sino contra quienes los instrumentalizan y se enriquecen con su sufrimiento. Un modelo migratorio claro, un control efectivo de fronteras y una lucha implacable contra las mafias son pasos esenciales para una solución integral que respete la dignidad de las personas y la seguridad de todos.
Las implicaciones, empero, no se acaban con las mafias, más bien apuntan a diseños del capitalismo global que pretende generar el caos para abaratar el trabajo y cancelar el estado de bienestar por colapso: inviabilidad y privatización. La inmigración es la quintacolumna de las élites corporativas que, como solución, nos da a escoger entre los wokes o los nuevos nazis.