La plataforma ‘Canarias tiene un límite’ denuncia que el modelo turístico actual perpetúa la desigualdad, priorizando los intereses de grandes empresarios y fondos de inversión sobre las necesidades de la población local.
Por Ernesto Vílchez | 18/05/2025
Este domingo 18 de mayo, miles de personas tomaron las calles de las Islas Canarias en una jornada de movilización histórica bajo el lema Canarias tiene un límite. La protesta, convocada por la plataforma del mismo nombre, ha reunido a residentes de todas las islas —El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura— así como a la diáspora canaria en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia y Berlín, para exigir un cambio radical en el modelo turístico que consideran insostenible y perjudicial para la población local y el medioambiente.
Un récord turístico que no beneficia a todos
En 2024, Canarias alcanzó un récord histórico al recibir 17,7 millones de turistas, una cifra que supera con creces los 2,2 millones de habitantes del archipiélago. Solo en el primer trimestre de 2025, se registraron 4,36 millones de visitantes internacionales, un aumento del 2,1% respecto al año anterior. Este auge turístico ha generado ingresos récord para grandes cadenas hoteleras y hosteleras, con Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote liderando los ingresos por habitación disponible en España. Sin embargo, la bonanza económica no se refleja en los bolsillos de los trabajadores ni en la calidad de vida de los residentes.
La plataforma Canarias tiene un límite denuncia que el modelo turístico actual perpetúa la desigualdad, priorizando los intereses de grandes empresarios y fondos de inversión sobre las necesidades de la población local. Mientras los beneficios millonarios se concentran en pocas manos y, en muchos casos, se transfieren fuera de las islas, los habitantes sufren las consecuencias de un sistema que encarece la vida y precariza las condiciones laborales.
Consecuencias sociales y económicas
Uno de los problemas más graves es la crisis de vivienda. El auge de plataformas como Airbnb y Booking ha disparado los precios de los alquileres, expulsando a familias enteras de sus barrios. En lugares como La Oliva (Fuerteventura), los pisos turísticos representan casi una cuarta parte del total de viviendas, mientras que la oferta de vivienda pública es prácticamente inexistente. ‘Airbnb y Booking son como un cáncer que está consumiendo la isla poco a poco’, afirmó el activista Iván Cerdeña Molina. Los precios de alquiler, que en algunos casos superan los 800 euros mensuales, son inasequibles para muchos residentes, cuyo salario medio está entre los más bajos de España.
A nivel laboral, el turismo ha generado empleos, pero en su mayoría son temporales, mal remunerados y en condiciones precarias. Las camareras de piso, conocidas como Las Kellys, han denunciado jornadas extenuantes y problemas de salud derivados de la sobrecarga de trabajo, sin que se reconozcan sus enfermedades profesionales ni se les garantice una jubilación anticipada. En Semana Santa, unos 80.000 trabajadores de la hostelería en Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro se declararon en huelga por disputas salariales, reflejando el descontento generalizado en el sector.
La masificación turística también está dejando una huella devastadora en el medioambiente. La presión sobre los recursos hídricos, la saturación de infraestructuras, los vertidos de aguas residuales al mar y la congestión de espacios naturales como el Parque Nacional del Teide —que recibió 4 millones de visitantes en 2022— amenazan la biodiversidad y el patrimonio natural de las islas. Los manifestantes exigen una moratoria turística, la regulación del alquiler vacacional, una ecotasa para financiar la conservación ambiental y una ley de residencia que controle el crecimiento poblacional y garantice derechos fundamentales como la vivienda y la salud.
Víctor Suárez, portavoz de la plataforma, explica que ‘la industria turística ya no solo está centrada en la zona hotelera, sino que lo abarca todo. Está en nuestros barrios y pueblos, generando problemas sociales y ecológicos como la destrucción del territorio y la expulsión de los vecinos de sus casas’.
La jornada de este 18 de mayo es la tercera gran movilización en Canarias tras las protestas históricas del 20 de abril y el 20 de octubre de 2024, que reunieron a decenas de miles de personas. Estas manifestaciones no solo han resonado en el archipiélago, sino que han inspirado protestas similares en ciudades como Barcelona, Palma de Mallorca y Málaga, donde también se lucha contra la masificación turística.
A pesar de la magnitud de estas protestas, los organizadores denuncian la inacción del Gobierno de Canarias y de los cabildos insulares, que han ignorado demandas como la moratoria turística y han promovido proyectos como la construcción de 129.000 nuevas camas hoteleras en Gran Canaria. ‘Las instituciones han respondido ignorando estas demandas, manipulando y con normativas regresivas’, señaló un comunicado de la plataforma.
La movilización de este 18 de mayo no solo busca frenar la masificación turística, sino también proponer un modelo económico alternativo basado en la diversificación económica, la soberanía alimentaria y energética, y la gestión pública de recursos estratégicos como el agua y el turismo. Los manifestantes piden que se priorice a la población local frente a los intereses de grandes corporaciones y que se proteja el patrimonio cultural y natural de las islas.
‘Se trata de mantenerse en esa lucha, en ese pulso al Gobierno de Coalición Canaria y a los poderes económicos. Somos como chispas y esa chispa siempre prende en algún lado’, afirmó Suárez. Los canarios han dejado claro que no están dispuestos a seguir siendo ‘esclavos’ de un modelo que beneficia a unos pocos mientras deteriora su calidad de vida y su entorno.
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