La realidad no podrá cambiarse de un día para otro aquí y en otros sitios que sufren la crisis con especial intensidad.
Vivimos tiempos extraordinarios. En casi todo el mundo se han tomado medidas de política económica para luchar contra una pandemia que nos ha obligado a desplegar un arsenal de acciones nunca antes vistas.
Desde la aceleración de la investigación farmacéutica (para encontrar la vacuna contra el virus) y las limitaciones a los derechos fundamentales (para mitigar su propagación), hasta medidas de apoyo a las maltrechas economías por el parón inducido por el confinamiento. Sin embargo, al menos en España, la política también vive tiempos extraordinarios pero que quizás no estén a la altura de los acontecimientos.
Política, democracia y sociedad
En su obra El pueblo contra la democracia (2018), el politólogo Yascha Mounk señala:
“Las discrepancias entre los partidarios de los bandos enfrentados alcanzan tal hondura y crudeza que unos y otros dejan de estar de acuerdo con cuáles han de ser las reglas del juego”.
Y es que las reglas de juego, tanto las formales como las informales, son clave para el progreso, también para el progreso político y económico, tal como afirman los economistas Daron Acemoğlu y James Robinson en su libro Por qué fracasan los países“ (2012).
Si bien todos debemos cuidar el entramado institucional (las reglas del juego) que nos ha permitido progresar y vivir en comunidad, quizá para nuestros representantes políticos esto no deba ser una opción sino un imperativo categórico. No vale decir que el Congreso es un fiel reflejo de la sociedad como excusa para ser testigos de lamentables jornadas parlamentarias, que solo buscan la confrontación, el titular o el retuit.
Tampoco es el reflejo de la sociedad española lo que se trasmite con la negociación para la renovación de los principales órganos constitucionales. Primero el bloqueo y luego el compadreo. O la duda constante sobre la independencia judicial. Estas acciones minan las bases del sistema político y afectan a la confianza en la democracia.
Confianza en las instituciones
La confianza es un activo esencial. Y la confianza en el entramado institucional es fundamental en momentos de cambio y de fuertes incertidumbres como las que se viven actualmente.
La confianza en las instituciones permite encarar los cambios y canalizar los conflictos sobre la base del diálogo y el acuerdo. Constituye un patrimonio común, pero los políticos, con sus manifestaciones públicas y con el propio ejercicio de sus funciones, pueden preservarlo o contribuir a su desgaste. Y tan importantes son las instituciones como creer en ellas, saber que se ocupan de lo relevante y que representan a los ciudadanos.
En España, los datos del CIS muestran que el grado de satisfacción de la ciudadanía con la democracia empeoró entre 2000 y 2012, tendencia que se vio agudizada por la crisis de 2008. Los últimos datos disponibles, de 2018, muestran que son más los ciudadanos que se muestran poco a nada satisfechos con el sistema (54,8%) que aquellos que están muy o bastante satisfechos.
Además, la pandemia ha causado un profundo daño en la vida de todos. En un primer momento la supervivencia y la lucha contra la enfermedad fueron lo prioritario. Pero ahora la sociedad lidia con las cicatrices que han quedado: en el ámbito personal, la frustración, la ansiedad y el miedo. Y como sociedad, la pobreza, el retraso educativo, el desempleo, la precariedad. Cicatrices que se están consolidando sobre otras ya existentes, fruto de la crisis económica del 2008.
Desigualdad y descontento
La crisis económica provocada por la covid-19 comenzó en un momento en el que la economía no se había recuperado de la crisis de 2008. Esto se ha traducido en un significativo aumento de la desigualdad, especialmente en algunas zonas de España.
Aquellos territorios sin recursos para competir en un mundo globalizado (rurales, ciudades intermedias con industria tradicional, etcétera) han sido golpeados de manera singular por la pandemia y asisten ahora a una mayor precarización de sus vidas. Son espacios que demandan soluciones pero donde sus ciudadanos sienten que «no cuentan para la política”.
Estos días hemos presenciado en las calles y carreteras gaditanas la explosión de un conflicto por la firma del convenio provincial del sector del metal, que parece haber estallado incluso antes de agotar las vías de negociación entre las partes y en el que las protestas parecen haber trascendido al propio convenio.
Cádiz es una provincia en declive desde hace años. Su base industrial se asienta en el sector naval, sometido a una fuerte competencia global y que depende en gran medida de decisiones externas, de la geopolítica y de los intereses de la industria de defensa. Esta situación se traduce en puestos de trabajo cada vez más inciertos, salarios que retroceden en términos relativos, contratos temporales que se enquistan…
La base de servicios depende del turismo, fuertemente castigado por la pandemia pero que acaba de vivir un verano de aparente recuperación, y la actividad del sector primario viene determinada por decisiones que escapan al control de los perjudicados: parones en la pesca por la negociación de nuevos acuerdos o por la relación de España con Marruecos y políticas agrarias determinadas por Bruselas.
Paro y pobreza
Las tasas de desempleo en la provincia de Cádiz son mucho más altas que la media nacional, con un diferencial de casi 9 puntos (INE, 3T 2021), lo que genera indicadores de desigualdad en ingresos muy notables (índice de Gini superior a 0,33 en la ciudad de Cádiz, según la estadística experimental del INE).
Algunas de las dimensiones que más afectan al ciudadano solo se conocen a escala autonómica y no provincial. Según la encuesta de condiciones de vida (ECV) del INE, los ingresos medios por persona en Andalucía son de 9 990 euros (12 292 la media española) y el porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social es del 35,1 % (26,4 % en España). El porcentaje de personas que tienen bajos ingresos en relación con el umbral de pobreza es del 28,5 % en Andalucía, mientras que a escala nacional es del 21 %.
Los datos de la provincia de Cádiz en las elecciones generales de 2019 son elocuentes: menor participación (abstención del 36 % frente al 30 % de la media nacional) y un mayor porcentaje de voto a las opciones políticas menos tradicionales (tanto de derechas como de izquierdas), con un 37% de los votos emitidos frente a un aproximadamente 25% en el conjunto del país.
Ganar altura
Con estas cifras cabría suponer que los trabajadores gaditanos en huelga han reaccionado, sobre todo, a la sensación de vivir en un lugar que no cuenta. Los datos enunciados muestran que la reacción puede tener dos vertientes: no participar en las elecciones o votar populista.
Ojalá este sea un diagnóstico exagerado. Pero la realidad no podrá cambiarse de un día para otro aquí y en otros sitios que sufren la crisis con especial intensidad.
Cuando la política pierde altura y se sigue la táctica de la polarización y el enfrentamiento, se debilitan las instituciones. Y hace que aquellos que viven en los extremos sigan pescando en las aguas de la bahía que un día vio nacer la primera Constitución española.
The Conversation
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