Si al ritmo que íbamos en 2020 la distancia que nos separaba de una situación igualitaria era de 34 años; hoy necesitaríamos 36 años para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Retrocedemos, en lugar de avanzar. Así de claro. A este paso, la igualdad no se alcanzaría hasta 2058.
Por María José Aguilar Idañez.
Ayer celebramos el día internacional de las luchas de las mujeres y en España, estas luchas son, desde hace unos años, menos invisibles. Esta circunstancia hace que gran parte de la población tienda a pensar que las brechas de género se van reduciendo. Pero eso es totalmente falso: las brechas de género no solo no se están reduciendo, sino que han aumentado durante la pandemia.
Como ya analicé en esta sección hace un mes, numerosos estudios sobre el impacto de la pandemia en nuestra sociedad alertan sobre el aumento de las desigualdades, que se agravan especialmente en el caso de las mujeres.
La semana pasada la organización ClosinGap, especializada en el estudio de las brechas de género y cómo estas impactan en la economía española, publicó los resultados del II Índice ClosinGap. Un informe realizado junto con PwC que, por cierto, no es nada sospechosa de revolucionaria. Ese índice mide la posición de la mujer en España con respecto al hombre en cinco categorías: empleo, educación, conciliación, salud y bienestar, y digitalización. Mide 28 variables como las horas trabajadas, la precariedad en el empleo, el abandono escolar, el tiempo de ocio, la salud percibida o el uso diario de internet, entre otras muchas.
Pues bien, si al ritmo que íbamos en 2020 la distancia que nos separaba de una situación igualitaria era de 34 años; hoy necesitaríamos 36 años para lograr la igualdad entre hombres y mujeres. Retrocedemos, en lugar de avanzar. Así de claro.
A este paso, la igualdad no se alcanzaría hasta 2058.
Y es que, a pesar de que el teletrabajo prometía facilitar las labores de conciliación en los peores momentos de la pandemia, el número de mujeres con tasas de parcialidad por razones de conciliación ha aumentado en mucha mayor medida que en el caso de los hombres. La involución se constata en las cinco categorías incluidas en el índice, pero el retroceso en conciliación es la brecha que más de agranda. En educación, digitalización y salud y bienestar, la situación está estancada o es peor que en 2016.
El informe termina calculando lo que nos cuesta, como sociedad, el mantenimiento de esta brecha de género, que hace la vida de las mujeres sea un 37% peor que la de los hombres. El PIB español crecería 213.000 millones de euros si se cerrasen las brechas en la tasa de actividad, de empleo, en las horas trabajadas y en la distribución del empleo sectorial. Es decir, nuestro PIB aumentaría un 19% con respecto al año 2020.
Brechas que abre el Estado y que sangran desde las políticas públicas
Aunque pueda parecer que todas las brechas de género son consecuencia del sistema patriarcal y que desde las políticas públicas se intentan cerrar todas ellas, la realidad es que algunas de esas brechas han sido abiertas y generadas desde el Estado; a través de sus políticas públicas, como es el caso de la Seguridad Social y de otras políticas de empleo (despido y salario).
En España existe más de medio millón de mujeres empleadas de hogar, a las que no se aplica la legislación laboral común ni todo lo que de ella se deriva: no tienen derecho a cotizar por desempleo y pueden ser despedidas sin causa alguna, a diferencia del resto de trabajadores por cuenta ajena. Para más de medio millón de mujeres trabajadoras, la excepción es la regla, siendo objeto de una discriminación institucional sistemática.
Esta discriminación por razón de género acaba de ser reconocida en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que vuelve a sacar los colores al gobierno (autodenominado más progresista de la historia). Esta sentencia ha determinado que la normativa española que niega el acceso a las prestaciones por desempleo a las empleadas de hogar es contraria al derecho de la Unión Europea.
Y es que el nuestro es un país con numerosas normas discriminatorias, directas y sobre todo indirectas, que deberían haber sido depuradas desde hace mucho tiempo.
Una de esas normas discriminatorias, es la que niega la protección por desempleo a las trabajadoras del hogar, que el alto tribunal entiende que contraviene el derecho europeo al constituir una discriminación indirecta por razón de género, al perjudicar a un colectivo formado casi exclusivamente por mujeres.
España está obligada, como ya ocurrió en 2019 -cuando el mismo tribunal apreció discriminación en el cálculo de las pensiones de jubilación de quienes trabajaban a tiempo parcial-, a adecuar la normativa. En esa ocasión el Tribunal Constitucional tuvo que declarar inconstitucional esa norma y el Gobierno se vio obligado a cambiarla.
Esta vez, sería deseable que la norma se modifique sin más demora, por el sufrimiento y la desprotección que la actual normativa discriminatoria genera a casi medio millón de mujeres.
Es hora de recordar al gobierno de España, y particularmente al Ministro de Seguridad Social, que el Acuerdo de coalición de hace dos años entre PSOE y Unidas Podemos, en su apartado 1.11, dice textualmente lo siguiente: “culminaremos con carácter prioritario la plena integración en el Régimen de Seguridad Social a las empleadas del hogar a lo largo de la legislatura. Firmaremos y ratificaremos el Convenio número 189, de 2011, de la Organización Internacional del Trabajo sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos”. Esto, lo que significa es la plena equiparación de derechos de las empleadas de hogar al resto de trabajadoras por cuenta ajena y, concretamente, igualdad en el acceso a la prestación por desempleo.
La excepcionalidad del decreto (RD Ley 11/2020) que en la pandemia aprobó tres meses de subsidio de paro extraordinario para las empleadas de hogar (y al que muy pocas pudieron acceder en la práctica) no se aprovechó -como hubiera sido necesario- para eliminar la discriminación que el Estado ejerce contra las mujeres empleadas de hogar.
Ahora, con la sentencia del Tribunal Europeo, el gobierno deberá actuar tarde, vergonzosamente y obligado por las circunstancias, en lugar de hacerlo en cumplimiento de su propio acuerdo de gobierno.
Brechas menos visibles, pero igualmente sangrantes: la brecha de género en el medio rural
La brecha de género también se intensifica en el mundo rural: mayor precariedad laboral y más agudizada en el medio rural para las mujeres, infrarrepresentación en la toma de decisiones y peor conciliación (mayor desequilibrio que en medio urbano).
El más reciente estudio (realizado en 2022 por CaixaBank y Afi) señala que la precariedad laboral de la mujer se acentúa en el medio rural: la tasa de temporalidad es del 60,9% (frente al 52,0% de los hombres rurales) y la tasa de parcialidad se sitúa en el 13,9% (frente al 5,3% de los hombres rurales).
España ocupa las posiciones de cola en Europa en cuanto a inclusión del talento femenino en el mercado laboral rural: es el quinto país con la tasa de actividad rural femenina más baja (73,0%); el tercero con la tasa de empleo rural femenino más reducida (64,0%); y el segundo con mayor tasa de paro femenino rural (12,9%).
En comparación con el hombre rural, las mujeres rurales dedican 2 horas y 7 minutos más al día al hogar y la familia. Esta desigual dedicación genera un coste de oportunidad para la economía de más de 38.500 millones de euros, es decir, el equivalente al 3,1% del PIB de 2019.
De los 1,6 millones de personas empleadas en explotaciones agrarias, el 65,4% son hombres y hay aproximadamente tres hombres que son titulares-jefe de la explotación por cada mujer en la misma posición. Y esta brecha de género en el ámbito rural, se produce a pesar de que el nivel educativo de las mujeres rurales es más elevado que el de los hombres. El estudio desvela que el porcentaje de mujeres del ámbito rural con alto nivel educativo (22,8%) es superior al de los hombres del mismo entorno (15,6%). Aun así, observando el comportamiento de las personas ocupadas en el sector agrícola, destaca cómo las mujeres desempeñan en mayor medida ocupaciones más básicas que los hombres y ocupan, en menor medida, puestos de dirección pese a que los hombres tienden a realizar tareas para las que no están suficientemente cualificados (el porcentaje de infra cualificación de los hombres rurales es mayor que el de las mujeres: 39,6% frente a 35,6%).
Sin ser la panacea, el teletrabajo tiene potencial para revertir la despoblación del medio rural, ya que el eventual retorno en modalidad de teletrabajo de las personas que migraron a zonas urbanas, especialmente mujeres, supondría un importante impacto económico positivo.
Brechas menos visibles, pero igualmente sangrantes: la brecha de género en la discapacidad
En España, las mujeres con discapacidad se enfrentan a la doble desigualdad de género y discapacidad. En el mercado laboral, las mujeres con y sin discapacidad cuentan con más frecuencia con contratos menos estables, aunque son las mujeres con discapacidad las que presentan una tasa de temporalidad y parcialidad más intensas (29,6% y 24,3%, respectivamente). Ellas hacen frente a mayores obstáculos a la hora de destinar las rentas del trabajo al consumo.
El informe de la ONCE de 2021, que analiza el empleo y el consumo, identifica al menos dos grandes brechas de género en la discapacidad. Y concluye que las desigualdades en la participación en el mercado laboral vienen determinadas por la discapacidad, mientras que las de temporalidad y parcialidad son una cuestión de género. Asimismo, las brechas salariales están más condicionadas por el género que por la discapacidad.
Los efectos de esta doble desigualdad de género y discapacidad sobre la economía española determina que una mayor inclusión impulsaría la economía del país en casi un 1,5% del PIB. Si todos los colectivos igualasen su ganancia anual a la de los hombres sin discapacidad, el impacto potencial de cerrar la brecha salarial por discapacidad y por género equivaldría al 4,4% del PIB de 2019.
A la vista de estos datos, la pretendida igualdad de género nos va a llevar medio siglo conseguirla, si seguimos este paso.
Y, por último, no olvidemos que las guerras agudizan y acrecientan todas las desigualdades de género.
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