El testimonio de Serra no solo busca justicia para las víctimas, sino también poner el foco en el debate sobre el futuro del edificio de Via Laietana 43, epicentro de la represión franquista en Cataluña.
Por Redacción NR | 19/05/2025
En un hecho sin precedentes, Blanca Serra, activista histórica de la izquierda independentista catalana, se ha convertido en la primera víctima de torturas durante el franquismo y la Transición en declarar ante la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática de Barcelona. A sus 82 años, Serra ha acudido este 19 de mayo a la Ciudad de la Justicia, apoyada en un caminador y acompañada por decenas de compañeros de militancia. Su testimonio marca un hito en la lucha por la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del régimen franquista, en un contexto donde la justicia española ha obstaculizado sistemáticamente las investigaciones sobre estos crímenes.
Un paso histórico contra la impunidad
La declaración de Blanca Serra responde a la denuncia que presentó en noviembre de 2023, respaldada por Irídia, Òmnium Cultural y la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), por las torturas que ella y su hermana Eva, fallecida en 2018, sufrieron en la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana, conocida como la «casa de los horrores», durante la Transición. Las hermanas Serra, militantes antifranquistas, fueron detenidas en cuatro ocasiones entre 1977 y 1982, siendo la primera en febrero de 1977, antes de las elecciones democráticas y la aprobación de la Ley de Amnistía.
En su denuncia, Serra relató haber sufrido torturas físicas y psicológicas, incluyendo golpes en la planta de los pies que le rompieron los dedos, así como vejaciones dirigidas específicamente por su «catalanidad» y su condición de mujer. «El poder se situó más allá de los márgenes de la ley, y la catalanidad y los cuerpos de las mujeres se convirtieron en un blanco perfecto para la demostración de la fuerza y la violencia del Estado», afirmó Serra en la presentación de su denuncia.
La investigación, liderada por la fiscal Sara Gómez Expósito, se centra inicialmente en los hechos de 1977 y busca satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, principios establecidos en la Ley de Memoria Democrática de 2022. Sin embargo, la Ley de Amnistía de 1977 y la prescripción de los delitos representan obstáculos para la persecución penal de los responsables, según resoluciones de la Audiencia de Barcelona, el Tribunal Supremo y el Constitucional. A pesar de ello, la Fiscalía ha optado por abrir diligencias para documentar los hechos y visibilizar la represión franquista, un paso que colectivos memorialistas consideran «un precedente histórico».
La lucha por la memoria y la transformación de Via Laietana
El testimonio de Serra no solo busca justicia para las víctimas, sino también poner el foco en el debate sobre el futuro del edificio de Via Laietana 43, epicentro de la represión franquista en Cataluña. Serra ha reclamado con firmeza que la Jefatura Superior de Policía sea trasladada y el edificio se convierta en un espacio de memoria. «Es intolerable que piensen que podamos compartir espacio torturadores y torturados», expresó la activista, criticando la postura de los gobiernos central y catalán, que han enfriado la propuesta de traslado.
Para Serra, esta declaración es también una oportunidad para que las nuevas generaciones conozcan la violencia ejercida por el régimen franquista y sus estructuras represivas, que se prolongaron durante la Transición. «Vivimos el 50 aniversario de la muerte del dictador y hay muchas cosas que no han cambiado», señaló, subrayando la importancia de visibilizar la persecución de género y la represión política contra los disidentes.
Un camino lleno de obstáculos
La vía judicial para investigar los crímenes del franquismo ha estado marcada por la frustración. Antes de la denuncia de Serra, los casos de Carles Vallejo y los hermanos Ferrándiz, también víctimas de torturas en Via Laietana, fueron archivados por los juzgados de Barcelona, que argumentaron que la Ley de Amnistía de 1977 y la prescripción impedían cualquier acción penal. A pesar de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, que obliga a investigar estos crímenes como parte del derecho internacional de los derechos humanos, los tribunales han mantenido una postura restrictiva.
La Fiscalía, sin embargo, ha defendido que la nueva ley impone una «obligación legal» de investigar, aunque el objetivo no sea necesariamente la persecución penal, sino garantizar la verdad y la reparación. En este sentido, la investigación de Serra incluye diligencias como la recopilación de archivos policiales, la toma de declaraciones de testigos y peritos, y la identificación de los responsables de las torturas, aunque estos no puedan ser procesados.
Sònia Olivella, abogada de Irídia, ha lamentado la «impunidad» impuesta por los tribunales y ha destacado que la denuncia de Serra evidencia «la continuidad de las estructuras represivas del franquismo durante la Transición». Por su parte, Anaïs Franquesa, directora de Irídia, calificó el proceso como «tardío», recordando que muchas víctimas han fallecido sin poder declarar, pero afirmó que seguirán luchando: «Vendremos las veces que haga falta».
Un día para la memoria
Visiblemente emocionada, Blanca Serra entró a la Ciudad de la Justicia acompañada por Xavier Antich, presidente de Òmnium Cultural, y otros representantes de entidades memorialistas. Antes de declarar, expresó su esperanza de que este acto contribuya a «recuperar un pasado que no ha acabado» y a garantizar que «la juventud sepa qué pasó». «Hoy es un gran día para la memoria», afirmó, en un mensaje que resonó entre los presentes y los medios de comunicación.
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