Biden en América Latina: cambios y continuidades

Por Silvina RomanoAníbal García FernándezTamara Lajtman y Arantxa Tirado

Ayer lunes votaron los compromisarios en el Colegio Electoral de EE. UU., ratificando el anunciado triunfo de Joe Biden, que luego deberá ser confirmado por el Congreso el 6 de enero. Según lo informado en las últimas semanas, el probable Gabinete de Biden podría ser caracterizado como una elite “especializada”, con trayectoria en universidades, Think Tanks y exfuncionarios/as de la gestión de Barack Obama, marcando una diferencia importante con el recorrido de los funcionarios de confianza de Trump (más vinculados al mundo empresarial).

En términos generales, se renuevan los ejemplos de puerta giratoriaintegrando a exCEOs de grandes corporaciones y directores o miembros de Think Tanks renombrados. Destacan entre otros: el propuesto secretario de Defensa, general retirado Lloyd Austin, miembro de la junta directiva de empresas del complejo industrial-militar como Nucor corp. y Raytheon Corp; el secretario de Estado, Antony Blinken, exintegrante del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS); Neera Tandem, a cargo de la Oficina de Administración y Presupuesto, hasta ahora directora del Center for American Progress. La diferencia con el Gobierno republicano es también visible en una retórica y una estética centradas en la diversidad: una mujer estará al mando de Inteligencia, un latino dirigirá la Seguridad Nacional y un afrodescendiente dirigiría el Pentágono.

Desde el Gobierno estadounidense se afirma que la prosperidad de América Latina y la Seguridad Nacional de EE. UU. constituyen un interés mutuo. A continuación se enumeran una serie de temas y problemas asociados a la diplomacia, la asistencia para el desarrollo y la política energética, así como cuestiones de seguridad, que atravesarán las relaciones de EE. UU. con América Latina a partir de la nueva gestión.

Diplomacia

Existe un consenso sobre que Biden debe recuperar la diplomacia como principal arma de la política exterior. Esto implicaría “devolver” la diplomacia a los profesionales y hacer creíble de nuevo la palabra de EE. UU. en el mundo. En este sentido, parece clave que la política exterior de Biden sea conceptualizada como una política exterior “para la clase media”, manteniendo ciertas continuidades con la política de los demócratas a nivel nacional durante las gestiones de Barack Obama.

Cuba y Venezuela

El objetivo de Biden será presionar para lograr un cambio democrático en Cuba y Venezuela. Se espera que lo haga a través de instrumentos de soft power; es un cambio de táctica pero no de objetivo final: el cambio de régimen.

Otorgamiento del prometido Estatus de Protección Temporal (TPS) a los venezolanos en EE. UU. y el otorgamiento de 20.000 visas pendientes a cubanos.

Aplicación de “sanciones inteligentes” contra Venezuela como parte de una estrategia más amplia de recuperación de la democracia.

Está por verse si se desestima la “carta Guaidó” y el apoyo de la Administración anterior a la opción golpista representada por Guaidó/López, sustituyéndolo por una apuesta al liderazgo de Henrique Capriles Radonski que implica, en este momento, una confrontación que está dispuesta a negociar reconociendo la institucionalidad venezolana existente.

La estrategia hacia Cuba pasa por la defensa de los derechos humanos y empoderar al pueblo cubano: eliminación de la prohibición de las remesas y viajes que impuso la Administración Trump y restauración del Programa de Reunificación Familiar Cubano (CFRP) y el programa de refugiados cubanos.

Integración

Como se hizo en la Administración Obama, uso de la Iniciativa de Seguridad Energética del Caribe para minar Petrocaribe y, con él, la influencia de Venezuela entre los países del Caribe.

Fomento de la participación en organizaciones multilaterales pues, “bajo el liderazgo adecuado”, permiten “la participación de todos en nuestro futuro”. EE. UU. pretende recuperar la iniciativa en los acuerdos económicos para evitar que China marque las reglas.

Posible reimpulso a la Alianza del Pacífico como mecanismo de articulación de los acuerdos comerciales bilaterales de EE. UU. Insinuación sobre la importancia del Acuerdo Transpacífico para ejercer de dique a la inversión china, lo que podría llevar a su reactivación.

Federación de Rusia

Reforzamiento y expansión de la OTAN para contener la “agresión de Rusia”.

Impulsar la denuncia de las violaciones de Rusia a las leyes internacionales y respaldar a la sociedad civil rusa frente a su “sistema cleptocrático y autoritario”. Esto pasa por mantener las sanciones a Rusia por su “invasión” a Ucrania.

Recuperar la función del Ejecutivo de EE. UU. de apoyar la contención a la expansión rusa que antes estaba en manos del Congreso y la iniciativa privada, a causa de la “permisividad de la Administración” Trump con Rusia.

Apoyo a los vecinos de Rusia en su “transformación democrática” como contraejemplo para Rusia y presión a su democratización, a la vez que se contrarresta la influencia rusa en los países de su área de seguridad.

Contrarrestar y neutralizar las supuestas operaciones de ciberguerra del Kremlin.

Renegociación del tratado START de armas estratégicas ofensivas en la agenda, pues caduca en 2021. Clave para garantizar la no proliferación nuclear en un contexto de previsibles crecientes tensiones entre EE. UU. y Rusia.

Una presión muy fuerte a Rusia, junto a la confrontación con China, podría llevar a que ambos países se unieran todavía más. Esta alianza Rusia-China constituye uno de los principales desafíos para cualquier administración de EE. UU.

Asistencia para el desarrollo

Al ser un gobierno demócrata, es esperable que tome a la asistencia para el desarrollo como uno de los pilares fundamentales articulado con la diplomacia. Es probable que se otorgue nuevamente un rol político más protagónico a la USAID, y se restituya su lugar en el Consejo de Seguridad Nacional. Se habla, incluso, de la posible creación de un Departamento de Desarrollo Global y una Ley de Desarrollo Global, junto con un Plan Marshall de Desarrollo Sustentable (en línea con el fuerte impulso de políticas para paliar el cambio climático).

En el plano de la “inversión para el desarrollo”, en continuidad con la gestión Trump, se reforzará el liderazgo del Development Financial Corporation para cumplir con los objetivos de la Ley BUILD (del Gobierno de Trump): prioridad a las inversiones en regiones de bajo ingreso y ambiente frágil, y en la evaluación e información sobre el impacto de los proyectos de desarrollo; se propiciará la colaboración entre la DFC, la USAID y otras agencias.

La asistencia para el desarrollo es una reconocida arma de poder blando, que entre sus numerosos objetivos puede incluir la desestabilización y el cambio de régimen de gobiernos no aliados, “Estados fallidos”, etc. La actual coyuntura puede ser propicia para la proliferación de organismos de asistencia. Ejemplo: se acaba de crear un organismo bipartidista (integrado por republicanos y demócratas) denominado “Grupo de trabajo sobre la estrategia de Estados Unidos para apoyar la democracia y contrarrestar el autoritarismo”, integrado por los Think Tanks como la Freedom House, el CSIS y el McCain Institute.

La asistencia para el desarrollo como herramienta de poder blando forma parte de los procesos de lawfare a nivel regional, a través de asistencia y asesoría a los aparatos judiciales y a fundaciones y ONG que instalan o refuerzan el relato anticorrupción, antiprogresista o de apoyo a la ortodoxia neoliberal. En efecto, se ha informado que el Gobierno de Biden probablemente redoble su combate a la corrupción y el vínculo entre gobierno y narcotráfico, especialmente en Centroamérica.

En este sentido, la asistencia para el desarrollo se vincula a la seguridad nacional de EE. UU. y a la asistencia para la seguridad. Las políticas migratorias son un ejemplo de la articulación de desarrollo y seguridad, pero a nivel regional se refleja en otras dimensiones también (ver Seguridad: rol del Comando Sur)

La migración proveniente de Centroamérica intentará ser contenida a través de la Estrategia integral para América Central (4 mil millones de dólares) que tendrá prioridad de fondos del Homeland Security e inversión del sector privado, incluyendo alianzas público-privadas y mayor protagonismo del Banco Mundial (BM) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el desarrollo infraestructura y promoción de la inversión extranjera en la región.

Se articulará con la lucha contra la corrupción, mediante reformas de las fuerzas de seguridad, poder judicial y asistencia técnica a jueces y fiscales para el combate de delitos financieros; y la creación de una nueva oficina como parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) para investigar la corrupción en el Triángulo Norte.

Se prevé una mayor presencia de los agregados de los Departamentos de Justicia y Tesoro en las embajadas centroamericanas

Política energética

Tres aspectos son fundamentales para la Administración Biden: los desajustes del petróleo ligados a la pandemia y crisis económica de las empresas petroleras; el proyecto de energía renovable para EE. UU. ligado al cambio climático que se viene financiando desde hace años; y la presencia china en América Latina en proyectos de infraestructura y energía.

Uno de los temas que se debaten entre las empresas petroleras es cómo solucionará, al interior del Partido Demócrata y en su Gobierno, las peticiones de grupos para acelerar la transición energética y el lobby que realiza el big oil a través de la Iniciativa Climática de Petróleo y Gas (OGCI), grupo que aglutina a BP, Chevron, CNPC, Eni, ExxonMobil, Occidental Petroleum, Petrobras, Repsol, Saudi Aramco, Royal Dutch Shell y Total, que en conjunto representan más del 30% de la producción mundial de petróleo y gas.

Será clave si el Senado es controlado por republicanos, pues están más ligados al big oil y podrían detener cualquier iniciativa en contra de la producción de petróleo. Aun así, Biden puede promover un green new deal vía orden ejecutiva, retirando apoyos fiscales y volviendo a restricciones para nuevos pozos en tierras federales.

En el caso de México, las pugnas están por el fortalecimiento de PEMEX, el bloqueo del Gobierno mexicano a que empresas de energías renovables surtan energía eléctrica y la política de vínculo en infraestructura energética entre ambos países, derivado del proyecto integracionista de América del Norte. En este sentido, sigue siendo clave la resolución de controversias bajo el T-MEC y la presencia de Landau en la Embajada.

Según el Think Tank AS/COA, la Administración Biden planea invertir en Argentina en energía limpia, infraestructura sostenible y proyectos de innovación. Por otro lado, si se concreta la política de no permitir nuevos pozos en EE. UU., el yacimiento Vaca Muerta sería clave para las empresas ligadas al fracking.

Para Brasil, los problemas están centrados en la política ambiental de Bolsonaro. En debate presidencial, Biden propuso crear una iniciativa global de 20 mil millones para salvaguardar la Amazonía. Bolsonaro ha rechazado este proyecto argumentando que va en detrimento de la soberanía brasileña. No obstante, el Gobierno de EE. UU. tiene claro que Brasil es uno de los principales socios a nivel hemisférico.

Colombia seguiría siendo la “piedra angular” de la política estadounidense en la región, a través del fortalecimiento de energías renovables y las relaciones históricas de Biden con el país, así como de su asesor Juan González, experto en ALC y con amplios vínculos con políticos colombianos. Desde el Atlantic Council se ha creado un grupo con participación de senadores de EE. UU. para formular políticas bilaterales Colombia-EE. UU.

Ligado a Venezuela está la probable cancelación del gasoducto de Keystone XL, que vincula a EE. UU. y Canadá, pues podría derivar en que las refinerías de EE. UU. para petróleo pesado se surtan del petróleo de la OPEP y de Venezuela. Además, están las sanciones económicas al sector energético, que lo mismo han reducido la producción que permitido a algunas empresas operar en el país.

Hay continuidad en lo referente a China en torno a su presencia en ALC con la Administración Trump. La diferencia podría estar en fortalecer la presencia de EE. UU. por la vía multilateral y en organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio (OMC), FMI, BM, BID, apoyándose en la Ley BUILD ya puesta en marcha (ver Asistencia para el desarrollo). Los temas centrales al respecto son:

El fortalecimiento de una política energética centrada en renovables, crea contradicciones profundas. Por un lado, los grandes productores no tendrían incentivos fiscales, sin posibilidades de nuevos pozos y aún en plena pandemia. Por otro lado, fortalecimiento de proyectos de renovables en América Latina, región rica en hidrocarburos y rica en minerales estratégicos que son clave para las energías renovables (litio, carbón, cobre, grafito, entre otros). Por último, la presencia china en proyectos energéticos, no sólo fósiles, también renovables, acentúa la competencia entre ambas potencias.

Seguridad

Comando Sur

La influencia rusa, china e iraní, tipificadas como amenazas de largo plazo a la seguridad estadounidense, seguirán orientando las acciones del Comando Sur en la región.

Preocupación por los acuerdos portuarios de China en torno al Canal de Panamá, así como la firma de 40 acuerdos portuarios de aguas profundas en lugares como México, Bahamas, El Salvador, República Dominicana y Jamaica.

Se prevé el incremento de la asistencia en respuesta a desastres naturales, incluidas más operaciones conjuntas entre USAID y Comando Sur. Como dato al respecto, el Comando Sur tiene cerca de 400 proyectos y ha invertido 24 millones de dólares en respuesta al COVID. (USAID: 220 millones en respuesta a la pandemia en ALC).

Seguirán siendo prioritarios los esfuerzos antinarcóticos en el continente y el brazo militar seguirá fortalecido. Actualmente, un 60% de las operaciones antinarcóticos involucran a “socios regionales” y la perspectiva es que eso se incremente como resultado de los programas de cooperación en seguridad.

La ciberseguridad tendrá aún más protagonismo en la agenda para la región. La presencia de ZTE y Huawei en el hemisferio se considera amenaza al ciberespacio e inteligencia cibernética.

Es poco probable una intervención militar directa en Venezuela, que seguirá siendo el epicentro de la estrategia de disciplinamiento a nivel regional. Desde el punto de vista militar, seguirá siendo prioritario el intercambio de información e inteligencia con los socios regionales (principalmente Brasil y Colombia).

Destaca el informe de Evan Ellis (profesor del Instituto de Estudios Estratégicos del Colegio de Guerra del Ejército de EE. UU. y asesor del Comando Sur) publicado en CSIS: China podría persuadir o intimidar a uno o más actores en América Latina para permitir que el Ejército Popular de Liberación chino use sus puertos, campos aéreos u otras instalaciones en apoyo de operaciones militares contra EE. UU.

Refuerzo políticas antinarcóticos y anticorrupción

Reorganización del el aparato antinarcótico y anticorrupción, institucionalizado desde hace décadas, pero al que la gestión Trump no otorgó mayor relevancia. Se prevé una mayor flexibilización de las autoridades de financiamiento, incluidos fondos de emergencia; el establecimiento de programas de asistencia “más compactos” basados en el modelo de Millennium Challenge Corporation; y recursos adicionales a la Red de Ejecución de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN).

Biden se remonta a la política línea dura de inicios de los años 2000 (que persiste hasta la actualidad), jactándose de ser “el tipo que armó el Plan Colombia”; y fue una de los ideólogos de la Alianza para la Prosperidad lanzada en 2014, luego de que Obama decretara una “crisis humanitaria” por la llegada masiva de niños centroamericanos a la frontera de EE. UU.

Colombia y la región andina serán claves por tema narcotráfico, TLCs y más aún por Venezuela.

Cuestión migratoria y Centroamérica

La “política migratoria integral” promovida por Biden no será menos securitizada.

Las acciones planteadas para los primeros 100 días incluyen la moratoria temporal de las deportaciones, legalización de aproximadamente 11 millones de inmigrantes no autorizados y el restablecimiento del programa DACA.

Con un Senado controlado por republicanos serán numerosas las dificultades para lograr el éxito legislativo en un tema tan controvertido.

El nombramiento del cubanoamericano Alejandro Mayorkas como secretario del Homeland Secutiryretrotrae a las acciones más sombrías de la administración Obama-Biden, como el inicio del uso de instalaciones para detención de migrantes similares a cárceles, continuadas por Administración Trump.

La nueva administración podría enfrentarse con un incremento de los flujos migratorios a inicios de su gestión (como lo vio la Administración de Trump en sus meses iniciales), lo que implicaría un primer desafío a las promesas de campaña. No es menor el hecho de que muchos estadounidenses siguen apoyando las políticas migratorias de tolerancia cero, principalmente en contexto de pandemia.

Artículo original en CELAG

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