Por Oriol Sabata
Hace aproximadamente una semana leíamos en la prensa que Caixabank había reducido el número de despidos de trabajadores. Los titulares de los distintos periódicos destilaban tal optimismo que parecía que debíamos alegrarnos por ello.
Pero la realidad es cruda y las cifras, más allá del relato mediático, son demoledoras: la entidad echará a 6.452 trabajadores. Se trata del mayor ERE de la historia de la banca en España. Y se realiza tras la absorción de Bankia, entidad nacionalizada y saneada con dinero público en el año 2012. Se destinaron para ello un total de 24.069 millones de euros de los cuales tan solo se han recuperado 3.303 millones. Es decir, se han regalado a bolsillos privados 20.766 euros [1].
La cuestión es más grave todavía si tenemos en cuenta que antes de la fusión, el Fondo estatal de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) poseía más del 60% de la participación de Bankia y actualmente pasa a controlar tan solo el 16%. Durante esta operación, según afirma el ex-presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, el Estado, a través del FROB, «no ha puesto ninguna condición y no ha intervenido en la negociación» [2].
No solo se ha dejado manga ancha durante este proceso sino que el reglamento europeo actual obliga al Estado a deshacerse progresivamente de las acciones que posee en entidades financieras. En el caso concreto de Bankia, deberá venderlas antes de 2022. Esto elimina por completo cualquier posibilidad de que el Estado recupere a través de participaciones el dinero que dedicó al rescate en 2012.
Este reglamento del que hablamos ha sido redactado por la Comisión Europea para el Mecanismo Único de Resolución (MUR), creado en 2014 y del cual el FROB forma parte. El MUR establece la manera como las entidades financieras deben ser rescatadas y posteriormente privatizadas y es totalmente contrario a la posibilidad, siquiera, de crear una banca pública [3].
Con este tipo de reglamentos la Unión Europea despoja de soberanía a sus estados miembros y los somete a los dictados del capital para evitar “tentaciones redistributivas” o un mínimo control sobre los sectores estratégicos de la economía.
Y como siempre, las obligaciones se cumplen en función de a quién afecten. La Ley 9/2012 de reestructuración y resolución de entidades de crédito establece que el dinero empleado en rescates bancarios debe ser reembolsado en un plazo máximo de 5 años, con una posible prórroga de 2 años adicionales. Han pasado ya 9 años y todavía seguimos esperando.
Para hacernos una idea de la dimensión de las cifras que se manejan, desde su creación en 2009, el FROB ha otorgado un total de 54.353 millones de euros a más de 20 entidades bancarias en toda España. A día de hoy solo se han recuperado 4.477 millones.
Paralelamente, asistimos a la mayor ola de despidos en el sector en la última década. Según datos del diario económico Cinco Días, desde 2010 los bancos han despedido a más de 73.000 trabajadores [4].
Despidos masivos y ETTs
Mientras Caixabank despide a 6.452 trabajadores, la entidad bancaria se dedica a contratar a nuevos empleados a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETT) con condiciones laborales todavía más precarias. Lo primero que debemos preguntarnos es cómo es posible que esto sea legal. Y lo segundo, como puede justificarse que los grandes sindicatos, que por un lado pactan el ERE en Caixabank, avalan la contratación vía ETT de nuevos trabajadores. En el caso concreto de Comisiones Obreras, este proceso se hace de la mano de la empresa de trabajo temporal Randstad. Todo un mecanismo que deja en evidencia a quienes deberían defender los derechos de los trabajadores y se dedican a mercadear con ellos [5]. Es el mismo caso de BBVA, que ha contratado a Randstad para “recolocar” con trabajo temporal a algunos de los 2.935 trabajadores que plantea despedir [6].
Concentración bancaria
Durante los 80, siete bancos dominaban el sector financiero en España. Con el paso de los años, y de manera más acelerada a partir de 2008, estamos viendo un proceso de concentración bancaria sin precedentes que responde al propio desarrollo y naturaleza del capitalismo y que en el caso español se visibiliza en 4 grandes grupos: Santander, Caixabank, BBVA y Sabadell. La tendencia monopolista es innegable y parece no tener final.
José María Roldán, Presidente de la Asociación Española de Banca (AEB) asegura que “hay espacio para más fusiones en España” y que “las grandes entidades españolas son producto de ese proceso de fusiones y es importante que se siga en ese camino” [7].
Las distintas fusiones están fortaleciendo, todavía más si cabe, a una oligarquía financiera que domina el ámbito económico y político. Las consecuencias están a la vista: despidos masivos y mayor grado de explotación laboral. Todo bajo el aval del gobierno y de distintos organismos europeos que marcan las reglas del juego que nos condenan a la inseguridad y a la miseria. Los trabajadores debemos ser capaces de entender que la única salida para defender nuestros intereses pasa por romper este tablero amañado y construir un nuevo horizonte de futuro fuera de la UE.
Notas
[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/es/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0806&from=EN
[4] https://cincodias.elpais.com/cincodias/2021/04/23/companias/1619201040_029148.html
[5] https://www.ccoocaixabank.net/web/aspnet/document.aspx?id=6522&sec=39477
[7] https://www.finanzas.com/ibex-35/la-patronal-bancaria-cree-que-hay-espacio-para-mas-fusiones.html
Muy argumentado y claro enfoque del artículo. La sociedad está dormida, los hilos son tantos y algunos, tan poco visibles que ya ni nos inmutamos por saber quién se esconde tras su manejo. Han conseguido que nos volvamos inertes y parece que no hay ola que nos mueva ya. Esta sociedad refleja cómo se puede «tirar la toalla.