El fascismo social no surge de consignas extremas, sino de la autorización implícita que reciben ciudadanos corrientes para ejercer la exclusión.
Por Isabel Ginés | 25/12/2025
Lo ocurrido en Badalona tras el desalojo del antiguo instituto B9 no es un episodio aislado ni una mala praxis puntual. Es un aviso serio de hasta qué punto el racismo institucional y el fascismo social pueden alimentarse mutuamente cuando la exclusión se normaliza y el sufrimiento ajeno deja de ser un límite moral.
La expulsión del B9 dejó en la calle a cientos de personas migrantes que, durante años, habían sobrevivido en condiciones extremadamente precarias pero estables. No se ofreció una alternativa habitacional suficiente ni una red de protección inmediata. La consecuencia fue directa: dispersión forzada, refugios improvisados, noches bajo la lluvia y el frío. A partir de ese momento, la prioridad institucional no fue garantizar la vida, sino eliminar el problema visible del espacio público.
En ese contexto, una medida mínima y estrictamente temporal impulsada por entidades sociales pretendía permitir que un pequeño grupo de personas especialmente vulnerables pudiera dormir bajo techo por la noche. No era una regularización ni una solución estructural. Era una respuesta de emergencia básica. Incluso eso fue bloqueado. Vecinos organizados impidieron la acogida, increparon a voluntarios y forzaron la suspensión del dispositivo por motivos de seguridad. Aquella noche llovía. Y esas personas regresaron a la intemperie.
El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, acudió al lugar prometiendo negociaciones futuras. Pero el mensaje político ya había sido emitido con claridad: estas vidas no forman parte del “nosotros” que la ciudad está dispuesta a proteger. No como sujetos de derechos, sino como cuerpos incómodos cuya presencia debe ser desplazada una y otra vez.
Aquí aparece el núcleo del problema. El racismo institucional no se reduce a leyes o dispositivos policiales. Es una forma de gobierno del conflicto social que decide quién merece cuidado y quién puede ser abandonado. Se construye cuando las instituciones dejan de pensar en términos de protección y empiezan a actuar en términos de expulsión, cuando el sufrimiento deja de ser una urgencia y pasa a ser un daño colateral asumible.
Ese marco institucional tiene un efecto inmediato sobre la sociedad. El fascismo social no surge de consignas extremas, sino de la autorización implícita que reciben ciudadanos corrientes para ejercer la exclusión. Cuando el poder señala a un grupo como problema, una parte de la población se siente legitimada para impedir ayudas, bloquear refugios, vigilar cuerpos ajenos. No hace falta violencia explícita. Basta con negar lo mínimo.
En este punto resulta imprescindible recordar las palabras de Karl Stojka, superviviente de Auschwitz, que ayudan a entender cómo se activa este mecanismo:
“No fueron Hitler ni Himmler quienes me secuestraron, me golpearon y asesinaron a mi familia. Fueron el zapatero, el lechero, el vecino, quienes recibieron un uniforme y entonces creyeron que pertenecían a la raza superior.”
Stojka no exime a los grandes responsables del horror. Señala algo más inquietante: que la violencia extrema solo es posible cuando personas comunes asumen como legítimo el daño contra otros una vez se sienten respaldadas por una autoridad, una ideología o un clima social que les concede superioridad. El mal no empieza con los campos de exterminio. Empieza cuando el vecino deja de ver al otro como un igual.
La comparación no pretende equiparar contextos históricos, sino evidenciar una lógica recurrente. La deshumanización siempre comienza en lo cotidiano. En la indiferencia. En la normalización del abandono. En la idea de que hay vidas que pueden esperar, sufrir o desaparecer sin que eso nos interpela directamente. Cuando una comunidad acepta que alguien duerma bajo la lluvia pudiendo evitarlo, ya ha cruzado una frontera ética.
Hablar de humanidad no es apelar a la emoción ni a la compasión sentimental. La humanidad es un principio político fundamental: el reconocimiento de que toda vida merece protección, independientemente de su origen, su estatus legal o su utilidad social. Cuando ese reconocimiento se rompe, el otro deja de ser un sujeto y pasa a ser un problema. Y cuando el otro es un problema, cualquier medida contra él parece justificable.
Las organizaciones sociales que trabajan sobre el terreno han actuado desde una lógica opuesta: la de la responsabilidad inmediata. Han intentado proteger cuerpos concretos cuando las instituciones se limitaban a gestionar el conflicto y a desplazarlo. Que su labor haya sido obstaculizada revela que la descomposición no es solo institucional, sino también social. Hay una parte de la sociedad dispuesta a asumir la exclusión como defensa propia.
Badalona no es una excepción. Es un síntoma claro de cómo el racismo institucional y el fascismo social se refuerzan mutuamente hasta convertir el abandono en algo aceptable. Cuando las instituciones expulsan sin proteger, una parte de la sociedad aprende a excluir sin culpa. Cuando la sociedad excluye, el poder se siente legitimado para endurecer aún más su actuación.
Este proceso debe ser confrontado sin rodeos. No basta con describirlo ni con lamentarlo. Porque cada vez que se acepta que alguien duerma en la calle pudiendo evitarlo, se amplía el espacio de lo intolerable. Y cuando lo intolerable se normaliza, la democracia pierde su contenido real y se convierte en una estructura vacía.
La pregunta final no es qué va a pasar con las personas expulsadas. La pregunta es qué nos está pasando como sociedad cuando dejamos de reaccionar ante su abandono. La historia demuestra que la deshumanización no se detiene sola. Solo se frena cuando se la nombra, se la enfrenta y se decide, colectivamente, no cruzar ciertas líneas.
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