Me sigue llamando poderosamente la atención esas costeadas campañas antiaborto, esa enorme “preocupación” por el no nacido y su futura madre a cuya teórica atención cada día se le destina más dinero público, frente a la indiferencia y olvido del ya nacido.
Por José Antonio Bosch, Abogado. Asesor jurídico de ACAI
El abuso sexual de una menor internada en un centro de protección de menores sacó a la luz la situación de cuatro hermanos, internados en cuatro centros de protección de menores diferentes, que fueron retirados a su madre en sus primeros años de vida. Aunque con lo narrado la noticia ya era suficientemente alarmante, había un dato más que añadía un plus perverso: la madre a la que le habían retirado sus hijos, cuando tenía escasos años de edad, también fue retirada a su madre y fue “educada y atendida” por la Administración Tutelar.
Lamentablemente, por experiencia personal, puedo afirmar que no es tan excepcional que la Administración retire los hijos a madres educadas y criadas en el sistema de protección de menores. Los Servicios Sociales, en aplicación de lo que se denomina el “supremo interés del menor”, mantienen retirados de sus madres en España a más de 35.000 menores. Para estos menores, educarse en el amor y calor de su familia biológica es un derecho vedado. Evidentemente, la atención de tal número de menores genera una actividad económica de cifras millonarias.
La misma semana en los medios de comunicación se daba a conocer la campaña fundamentalista de “cuarenta días por la vida”, campaña que consiste en acosar, molestar, incordiar, coaccionar… durante cuarenta días a las mujeres que acuden a las clínicas de interrupción de embarazo en el ejercicio de su libertad individual y de su derecho, entre otros, a la autodeterminación de su propio cuerpo y a la maternidad responsable.
Unos días después, con el comienzo de la invasión de Ucrania, cuando todo tipo de desgracias llenaban los medios de comunicación, una llamada telefónica de carácter profesional me acercó a otro prisma de la guerra que ni se me había pasado por la imaginación. Me consultaban sobre las consecuencias del incumplimiento de un contrato de maternidad subrogada dado que el compromiso de la madre de alquiler de enviar información médica sobre el estado de su embarazo se estaba incumpliendo. No quiero en la presente reflexión entrar en el debate de la maternidad subrogada, simplemente señalo la situación porque estimo tiene un nexo común con el resto de las situaciones y que me lleva a unirlas en un solo discurso.
Cuando hablamos de agresiones sexuales es necesario resaltar que el 99,6% son cometidas por hombres y que en el 90% de las agresiones sexuales las víctimas son mujeres. Cuando hablamos de retirada de menores y decimos que son retirados a sus madres es porque en la práctica, mayoritariamente, los menores les son retirados a las madres porque los padres o ya los habían abandonado antes de ser retirados o no estaban ni se les esperaba al momento de la intervención administrativa. Cuando hablamos de mujeres coaccionadas a las puertas de las clínicas, de nuevo nos tenemos que referir a mujeres porque son las únicas víctimas de este tipo de delitos. Y como no puede ser de otra manera, cuando hablamos de vientres de alquiler tenemos necesariamente que referirnos a mujeres dado que son las únicas cuyos vientres tienen “valor de mercado” en el alquiler. Huelga reiterar que son niñas o mujeres las que sufren mayoritariamente las agresiones sexuales. Son madres, a las que se les retiran sus hijos. Son mujeres, las acosadas en las puertas de las clínicas e igualmente son mujeres, las que alquilan sus vientres cual máquinas de engendrar a quienes quieren hijos.
No deja de llamarme la atención que ante a la sublimación de la que goza la maternidad en nuestra sociedad, todas las ventajas que conlleva la maternidad son compartidas con la sociedad, la familia y la pareja, pero todos los inconvenientes son siempre asumidos y soportados, en primera persona, por la mujer. No deja de asombrarme, por más cotidiano que sea, que todo lo relativo a los derechos sexuales y reproductivos de la mujer, a la maternidad responsable, al derecho sobre su propio cuerpo, a la autodeterminación o es pecado para unos, o derechos inexistentes o materias tabú o negocio para otros.
Me sigue llamando poderosamente la atención esas costeadas campañas antiaborto, esa enorme “preocupación” por el no nacido y su futura madre a cuya teórica atención cada día se le destina más dinero público, frente a la indiferencia y olvido del ya nacido, frente a la soledad de la madre a la que le retiran sus hijos, y frente a los 35.000 menores que fueron retirados y de los que se siguen retirando de sus madres. Esa indiferencia que alcanza a los vientres de mujeres que se alquilan por necesidad de dinero y que permiten el negocio de las agencias de tráfico internacional de vientres. Me indigna que con harta frecuencia, cuando se trata de derechos o situaciones específicas de la mujer se alcen voces sostenidas en normas morales o en prejuicios ancestrales que torpedean, cuando no vulneran, esos derechos ante la mirada indiferente de ciudadanos y autoridades de “orden”.
Me sigue rebelando que no estemos en posición permanente de indignación hasta que no logremos que el otro 50% de nuestros congéneres disfrute de la igualdad real, es decir, que tengan los mismos derechos y obligaciones que tenemos los hombres, que las normas civiles se impongan sobre las morales y los prejuicios personales, que cuando vayan a ejercer un derecho, incluidos los sexuales, lo hagan con la misma libertad y seguridad que los hombres. Conforme seamos capaces de mantener la indignación, la actuación y reivindicación permanente, antes terminaremos con la iniquidad.
Se el primero en comentar