Por Daniel Seixo
Una y otra vez se repite la misma historia. El gobierno de coalición se tensa de nuevo en la que ya parece dibujarse como una interminable lucha entre las dos caras de una misma moneda y una vez más la Vicepresidencia de Derechos Sociales y el Ministerio de Transportes son los protagonistas de una disputa que tiene a la vivienda en el centro del debate. Con la marejada aún presente por las inconsistencias de un decreto antidesahucios, cuyos efectos parecen haber llegado antes a los Fondos Buitre que a familias vulnerables sin alternativa habitacional, el nuevo asalto político entre PSOE y Unidas Podemos se centra en esta ocasión en la elaboración de una ley de vivienda que logre acabar con los alquileres abusivos.
Con el objetivo inicial de poder llevar esta ley ante el Consejo de Ministros durante el mes de marzo, Pablo Iglesias y José Luis Ábalos tienen por delante la complicada tarea de llegar a un acuerdo que logre facilitar el acceso a la vivienda al conjunto de los españoles. Especialmente atentos a la resolución de este nuevo encontronazo entre ambas formaciones políticas estarán el 80% de los jóvenes que en el estado español se ven obligados a vivir con sus padres. Un dato que no sorprender cuando atendemos a que en la actualidad en España resulta necesario emplear más de la mitad del salario para lograr adquirir una casa en propiedad y cerca del 48% para poder alquilar.
PSOE y Unidas Podemos, únicamente deben encarar una la defensa a ultranza del artículo 47 de nuestra constitución
Con una tasa de desempleo entre las personas de 15 a 24 años que supera el 40% – mientras la media de los países OCDE es del 14%– y con unas condiciones laborales a menudo insertas en la temporalidad, la precariedad y la explotación totalmente institucionalizada en el mercado laboral del conjunto del estado y muy especialmente entre los más jóvenes, emanciparse resulta hoy un horizonte extremadamente complicado para las nuevas generaciones. En la actualidad los españoles son los sextos más tardíos a la hora de abandonar el hogar familiar, lográndolo de media a los 29,5 años, solo superados en Europa por Eslovaquia, Malta, Italia, Bulgaria y Croacia. Y muy lejos sin duda de suecos, que lo logran de media a los 19,7 años, daneses y los finlandeses con 21 años o incluso de la media europea, la cual se sitúa en los 26,1 años. Sin apenas capacidad de ahorro y sin la perspectiva de lograr asumir los gastos derivados de emanciparse, el tardío abandono del hogar de los jóvenes españoles se enmarca en una cuestión ciertamente material.
Un aumento disparatado de la demanda y la escasez de oferta de vivienda en alquiler, ha hecho que desde junio de 2015 al segundo trimestre 2020, apenas cinco años, el precio del alquiler en el estado español haya aumentado más de un 50%, provocando de este modo que el precio por metro cuadrado pasase de 7,13 euros a 10,82 euros. Un incremento desorbitado que para nada ha ido acompañado de un aumento de los salarios que permitiese a la población garantizar un acceso eficiente al mercado inmobiliario. Las subidas más pronunciadas en este sentido se han centrado en Valencia (68%), Catalunya (60%), Madrid (57%) y Canarias (56%). A lo largo de la democracia y pese a las obligaciones constitucionales que señalan la responsabilidad del estado español a la hora de lograr garantizar una vivienda digna a su pueblo, la política parlamentaria ha transformado la vivienda únicamente en un bien de mercado, una burbuja especulativa constante que a día de hoy pone en serio riesgo las expectativas de futuro y los proyectos vitales de gran parte de la juventud de nuestro país.
Mientras el casino del gran mercado inmobiliario español sigue afectando especialmente a los barrios de renta media y baja de nuestras ciudades y la barra libre a la especulación del alquiler turístico sigue suponiendo un factor disfuncional en el mercado de la vivienda en España, cada día son más los jóvenes condenados compartir minúsculas habitaciones o a pelearse por pisos de 23 metros cuadrados con alquileres que en ocasiones llegan a superar los 400/550 euros en las grandes ciudades. En un país totalmente volcado con el turismo, el ocio y sin alternativas productivas reales y eficientes, el acceso inmediato a viviendas baratas parece únicamente garantizarse al turista que desertiza nuestros barrios, mientas que la juventud del propio estado español se convence poco a poco de que la única emancipación posible quizás pase por un visado al extranjero.
Resulta imprescindible crear un parque público de vivienda de cara a lograr implementar una política de precios de alquiler públicos que sirvan como referencia al sector privado y para ello resulta a su vez imprescindible establecer una política del suelo favorable a la construcción de viviendas sociales en alquiler. Precisamos regular un marco que termine con la competencia desleal de los alquileres turísticos y la especulación inmobiliaria de los grandes tenedores de vivienda, debemos limitar el precio del alquiler y para ello las dos formaciones políticas que conforman gobierno deben dejarse de excusas y performances basadas en el manido «poli bueno y poli malo» para al fin encarar una labor que tras la crisis de 2008 nuestras instituciones públicas dejaron pasar por incompetencia o directamente por miedo a la banca. En definitiva, PSOE y Unidas Podemos únicamente deben encarar una la defensa a ultranza del artículo 47 de nuestra constitución.
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